A días de dejar el cargo de Contralor General de la República, Jorge Bermudez, se pronunció respecto a la polémica que se dio a conocer en julio por la denuncia del ex director nacional de Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, Cristóbal Acevedo, quién indicó que el organismo “pagó 3.500 millones de pesos” por 30 colaciones en el año 2022.
Uno de los cuestionamientos que se planteó en el minuto fue si la Contraloría General de la República (CGR) visó ese cambio del contrato. Ante lo cual, Bermudez señaló -en un escrito de tres páginas- que en “los antecedentes tenidos a la vista, se advierte que los cambios a que se refiere el recurrente importaron una modificación a los contratos celebrados originalmente, los que se ajustaron al formato contenido en las respectivas bases, cuyo acto aprobatorio fue tomado razón por esta Contraloría General”.
Agrega que “en efecto, entre otros, se varió la forma de pago de los productos alimenticios y la de reajustar los precios, y se incorporó un método de estabilidad operacional”.
Puntualizó que “la Junaeb debió remitir a esta Entidad Fiscalizadora los actos administrativos que aprobaron tales modificaciones para los efectos de su control previo de juridicidad”. (Ver documento)
Ver documento:
Pero la clave está en que el Contralor indica que se “reconsidera el oficio Nº 7.717, de 2020, y deja sin efecto toda jurisprudencia en contrario”. Esto quiere decir, que deja sin efecto un oficio anterior que permitía no remitir los cambios a la CGR. (ver oficio)
Ver oficio:
De hecho, en el oficio N°7.717 del 9 de abril de 2020 se detalla que “esta Contraloría General se ha abstenido de ejercer el control preventivo de juridicidad de las resoluciones del epígrafe, que modifican de mutuo acuerdo los contratos que indican, cuyo texto se contenía en las respectivas bases de licitación tomas de razón, por cuanto en atención a que se trata de modificaciones de contratos exentos de toma de razón, dichas resoluciones también se encuentran exentas de aquel trámite”.
Por esto, el escrito del Contralor no habla de irregularidades, delitos o solicita un sumario en la Junaeb, ya que puede haber sanción porque se rigieron por la jurisprudencia que existía en el momento.
Para Acevedo “lo que hace la Contraloría es declarar ilegal los contratos modificados por Junaeb. Estamos hablando de contratos de $900 mil millones modificados de forma ilegal” y agrega que “después de este pronunciamiento de Contraloría y lo que ha dicho la Corte Suprema para estos casos, el Estado debe tomar las acciones necesarias para recuperar los dineros pagados indebidamente”.
El también ex director nacional de la Junaeb, Jaime Tohá, señaló a Radio Bío Bío que “este pronunciamiento en el fondo confirma lo que dijo el ex director Acevedo y yo también en su momento, que aquí se había faltado la legalidad de un procedimiento administrativo. Aquí es de perogrullo que modificar uno de los contratos más grandes del Estado no podía hacerse sin conocimiento de la Contraloría. Y menos aún cuando lo que se estaba modificando era la parte del contrato que define el precio y cuánto se va a pagar”.
Para Tohá este ha sido “un procedimiento ilegal o a lo menos irregular” y que lo que corresponde es “invalidar esa modificación y de manera retroactiva corregir todos los pagos que se hicieron a las empresas en base a estas modificaciones”.
Declaración Junaeb
La Unidad de Investigación de la Radio consultó a Junaeb sobre el pronunciamiento del Contralor a lo que respondieron que “con el propósito de velar por el correcto funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar, considerando las grandes problemáticas que enfrentaba en los establecimientos y con las trabajadoras durante el año 2022, Junaeb realiza ajustes que permitieron entregar un mejor servicio, sin aumentar los precios pagados. Modificando la forma de pago establecido en los contratos el 12 de agosto del año 2022 mediante la Resolución exenta 2538”.
Explican que “la modificación se hizo en el marco de la normativa vigente, en particular lo señalado en oficio N°7.717 de la CGR del año 2020, donde se especifica que “Esta Contraloría General se ha abstenido de ejercer el control preventivo de juridicidad de las resoluciones del epígrafe, que modifican de mutuo acuerdo los contratos que indican, cuyo texto se contenía en las respectivas bases de licitación tomadas de razón”, es decir, Junaeb procedió en base a criterios de la propia CGR”.
Y que “sin embargo, el 14 de diciembre de 2023, CGR reconsidera el criterio anteriormente expuesto y modifica su criterio jurisprudencial”. Agregan que “según el oficio N°E427743/2023 de la CGR, no se advierten ilegalidades ni responsabilidad administrativa en el actuar de la institución”.
Concluyen que “conforme a lo establecido en el actual dictamen de la CGR, Junaeb ya realizó las acciones administrativas para responder al nuevo criterio”.
