Latam Airlines interpuso una querella criminal en contra de uno de sus extrabajadores por el delito de hurto agravado. La acción judicial está dirigida hacia Nicolás Luer Santis (26), un joven que alcanzó notoriedad en octubre de 2019 —en pleno estallido social— cuando aseguró haber sido víctima de torturas, por parte de funcionarios de Carabineros, al interior de la estación Baquedano del Metro de Santiago.
Fue la madrugada del 23 de octubre de 2019 cuando una grave denuncia comenzó a difundirse por WhatsApp entre estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile. El mensaje no tardó en viralizarse por redes sociales. Incluso, varios políticos de oposición hicieron eco y exigieron la salida del -por esos días- ministro del Interior.
El mensaje
“Cabros, con mucha tristeza les comento que se supo de un centro de retención Estación Baquedano (tiene ‘comisaría interna’). Se encontró sangre y amarras. Anoche dos jueces del 7mo. Juzgado de Garantía (cuya jurisdicción es Santiago) dan cuenta de que se torturó gente”, decía parte del texto.
A esa altura —y en respuesta a un amparo preventivo presentado horas antes por la académica del Centro de DD.HH. de la U de Chile, Myrna Villegas, a partir del relato de Nicolás Luer— efectivamente dos jueces del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se habían constituido en la 60ª Comisaría de Carabineros ubicada en la estación Baquedano. Al instante, los magistrados descartaron la presencia de detenidos y/o indicios de que el lugar hubiera sido utilizado como centro de torturas.
En todo caso, los antecedentes de la denuncia fueron derivados a la Fiscalía Metropolitana Oriente para que fueran investigados. Seis meses más tarde la indagatoria a cargo de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones dio frutos.
Un informe de la unidad, basado en testimonios, videos, fotografías y otros peritajes descartó que el Metro Baquedano se hubiese utilizado como centro de torturas. Así las cosas, en junio de 2020 el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, a petición del Ministerio Público, decretó el sobreseimiento definitivo de la causa.
Ese mismo mes, y a partir de lo resuelto por la justicia, Carabineros de Chile se querelló por el delito de denuncia calumniosa en contra de quienes estuvieron detrás de la mentira.
En el escrito la institución acusó que, como consecuencia de la denuncia que resultó ser falsa, “todo el personal de Carabineros, y en especial el de la 60 Comisaría de Carabineros Metro y, en particular, los comparecientes, fuimos objeto de un gran acometimiento y agresiones físicas, por medio de diversos ataques mediante el lanzamiento de objetos contundentes y en especial bombas incendiarias a nuestra Unidad, específicamente a través de los ingresos de la estación Metro Baquedano”.
Querella por hurto
Ahora, Nicolás Luer deberá enfrentar un proceso judicial, esta vez en calidad de imputado. En la acción penal interpuesta por Latam Airlines, se detalla que el joven ingresó a trabajar a la compañía en julio de 2021 como agente de servicio al pasajero en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.
En ese puesto se mantuvo durante tres años, hasta que el 28 de julio recién pasado —según se lee en la querella— una cámara de seguridad ubicada en la oficina de ventas de la aerolínea lo captó apropiándose de dinero que no era suyo.
En efecto, de acuerdo al líbelo, Nicolás Luer guardó en su mochila dinero en efectivo que había recibido por pagos de pasajeros. Para ilustrar lo ocurrido, la firma adjuntó en la querella algunas capturas de los movimientos. El 4 de agosto se selló su desvinculación.
En total, de acuerdo a lo expresado por la aerolínea, su ahora extrabajador sustrajo sólo ese día cerca de $110 mil entre billetes y monedas.
A juicio de Latam, en este caso se configura el delito de hurto agravado por lo que piden al tribunal que el Ministerio Público investigue lo ocurrido junto a una brigada de la PDI.
Con todo, el Primer Juzgado de Garantía de Santiago resolvió declarar admisible la querella interpuesta y ordenó que los antecedentes fueran remitidos al Ministerio Público para que se investigue lo ocurrido, a la espera de una potencial formalización de la indagatoria en contra del querellado.
