Fue en el marco del “Plan Retorno Paulatino a la Presencialidad” que al interior de la Corte de Apelaciones de Santiago se constataron “ciertas situaciones” que dan cuenta de un importante desorden al interior del tribunal de alzada capitalino. La encargada de comunicar el detalle al Pleno fue la ministra Maritza Villadangos Frankovich, responsable, precisamente, de elaborar dicho plan. Lo hizo el 23 de septiembre de 2022.
La historia, eso sí, comienza antes. En abril. Aquel mes la ministra Villadangos le solicitó al administrador del tribunal, Alexander Olbertz, realizar un “levantamiento de información sobre la planta funcionaria de esta Corte de Apelaciones de Santiago”. El informe en cuestión debía ser puntilloso, con una serie de especificaciones respecto a los funcionarios del tribunal.
Olbertz, el 31 de agosto de 2022, hizo entrega del documento. El contenido de él puso en alerta a la ministra. Y es que se advirtieron “algunas circunstancias que no se condicen con el mejor funcionamiento y con la gestión del recurso humano más eficiente, moderna y transparente, por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago, aspectos que debieran ser aclaradas o corregidas a futuro”. Son 12 contundentes puntos.
El desorden de Santiago
La primera de las “constataciones” fue la “indeterminación de las jefaturas responsables”. Esto se traduce en que en la “orgánica institucional no existe claridad sobre la determinación de las jefaturas responsables y encargadas de la fiscalización de las labores en algunas áreas de trabajo”. A esto se suma también que “muchos funcionarios reconocen dobles jefaturas”.
Un ejemplo de esto último son los trabajadores de la unidad de Cuenta Civil, quienes responden tanto “al encargado de esa unidad y a la Secretaría Civil”. Pero no son los únicos. También están quienes se desempeñan en la Oficina de Informaciones con una situación de la misma índole. En el caso de los actuarios de ministros, “se desconoce el área a la que fueron trasladados, la autoridad responsable de dicha decisión, la época de la misma y la jefatura a la que responden”.
También se consignó en el informe la falta de “descripción actualizada de las tareas asociadas a los distintos cargos” y de “descripción de perfiles para los distintos cargos”. Lo primero apunta a que “no existe una descripción de las labores que deben ser realizadas por los funcionarios, conforme al cargo y grado remuneratorio que poseen, que esté actualizada y adaptada a los nuevos sistema de trabajo implementados por el Poder Judicial”.
Lo segundo, en tanto, a que “tampoco existen perfiles de cargos que tengan correspondencia con los requisitos y competencias necesarias para el desempeño de determinadas funciones, en términos de precisar las capacidades mínimas que deben poseer quienes sean nombrados para cumplirlos”. Esta misma falta de control se ve en “casos de falta de correspondencia entre el cargo de nombramiento, la función desempeñada y la remuneración percibida”.
El levantamiento de información también advirtió que “idénticas labores, con igual grado de exigencia y responsabilidad, son desempeñadas por funcionarios con muy dispares cargos y, por ende, grado remuneratorio, lo que genera un evidente malestar al interior de los grupos humanos que adjudican esta situación a privilegios otorgados por las autoridades a algunos, en perjuicio de otros, por razones de las más distintas índoles”.
Pandemia al desnudo
La ministra Maritza Villadangos Frankovich fue la encargada de elaborar el “Plan de Retorno Paulatino a la Presencialidad” de la Corte de Apelaciones de Santiago, en medio de la situación sanitaria que se vivía en el país en el contexto de la pandemia por covid-19. En ese entonces, en septiembre de 2022, la autoridad sanitaria había decidido que desde el 1 de octubre las mascarillas solo serían obligatorias en centros de salud. Es decir, se comenzaban a flexibilizar las medidas.
Fue bajo este contexto, y con el fin de darle un orden al proceso de reincorporación, que la ministra solicitó levantar información sobre la “planta funcionaria” de la Corte. Así nace el informe. El mismo que da cuenta que existe un “elevado número de funcionarios destinados o en comisión de servicios”. Y agrega: “Llama la atención la numerosa cantidad de funcionarios que aparecen destinados en comisión de servicios, en cargos transitorios, en proyectos de reforzamiento, en suplencias y designados en contrata”.
La gravedad de esto último dice relación con que “no existe claridad (…) de la jefatura que tomó conocimiento de tal decisión”. Las personas en esta situación están “siendo suplidas en las tareas para las que se encuentran nombrados por otros que corresponderían a una ‘dotación en funciones transitorias’, sin que se indique tampoco, la jefatura que efectuó tal nombramiento”.
Una situación particular ocurre en la Unidad de Causas. Esta área, en la práctica, es dirigida por Dusan Marinovic, jefe de Causas y Sala, no obstante, según el informe, “no desarrolla funciones de tal porque en la realidad esa área no existe en esta Corte de Apelaciones, es decir, no se encuentra orgánicamente diseñada”. La razón de este extraño hecho obedece a que “no ha sido posible diseñar una orgánica que incorpore al jefe de la Unidad de Causas, como encargado a nivel macro”.
El encargado de la Unidad de Causas cumple un rol clave. Su misión es “desarrollar la gestión, control y registro de todas las actividades que componen los procesos jurídicos relacionados con la tramitación de causas”. Pese a esto, al interior de la Corte no existe dicha jefatura. “En la práctica, las tres Secretarías serían las encargadas de tales tareas, las que desarrollan de manera independiente y diversa”, consigna el oficio.
“Situación histórica”
En la Unidad de Salas, a cargo de Karen Veas, también se constataron falencias. A cargo de Veas están los digitadores y oficiales de Sala, sobre quienes la ministra Villadangos advirtió una “preocupante regularidad”. Esta consiste en que “en ocasiones este tipo de funcionarios son trasladados a otras tareas o salas por orden de ministros, sin contar con el beneplácito real de la jefa de la Unidad de Salas, quien frente a la insistencia (…) no tiene más opción que dar lugar a tal cambio”.
Uno de los puntos más polémicos va de la mano con la discrecionalidad de los nombramientos que realizan los presidentes de las Cortes. Pese a que el Código Orgánico de Tribunales permite realizar “nombramientos en propiedad en cargos del Escalafón del Personal de Empleados”, a raíz de lo descrito respecto a la “inexistencia de una descripción (…) de los perfiles que deben poseer los funcionarios que postulen a tales cargo”, la ministra Villadangos consigna que ayudaría transparentes las decisiones en una resolución.
Dicha sugerencia busca “poner término a una situación histórica (…) originada, en ocasiones, a consecuencia de prácticas, como se ha dicho, hoy en día inaceptables, al promover y finalmente adjudicar el nombramiento de cargos que tienen asignados un determinado perfil funcionario (…) a empleados por razones de tipo subjetivo, a quienes de esta manera se ha deseado ‘premiar’, por poseer dicha persona destacables cualidades humanas, que por cierto nadie desconoce”.
Esta dura crítica sigue. Esto porque “estas personas, en la práctica, una vez nombrados, no desempeñan el cargo propiamente tal, porque carecen de las habilidades del perfil y son, en la práctica, ‘autorizadas’ tácitamente a mantenerse en labores de menor exigencia”. La situación descrita no es menor, porque la Corte de Apelaciones de Santiago al realizar estas situaciones podría estar cayendo en ilegalidad.
Al respecto, el informe sostiene que “la aceptación tácita de la situación antes descrita, determina necesariamente considerar que se ha incurrido y se incurre por esta Corte de Apelaciones en transgresión, entre otros, a los principios de igualdad ante la ley, no discriminación y transparencia, generándose, además, un mal clima laboral entre los propios funcionarios y un paulatino desapoego del compromiso que resulta fundamental que mantengan con el servicio público que desempeñan”.
Una situación igual de compleja se evidencia en la “falta de herramientas y parámetros para la medición de las cargas de trabajo”. Sobre este punto, el informe señala que “esta Corte carece hoy por hoy de herramientas que le permitan medir las cargas de trabajo de los funcionarios; que no conoce la misma; que durante estos últimos tres años no ha existido, no ha podido existir, entonces, una eficiente fiscalización de tareas, que nos permita saber a ciencia cierta si todo el personal contratado ejerce o no alguna labor que justifique el mantenimiento de su cargo y el pago de su remuneración”.
Pasar a la acción
Con todo lo expuesto, en el oficio puesto en conocimiento del Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, la ministra Villadangos sugirió cinco puntos. El primero de ellos que el administrador del tribunal, Alexander Olbertz, diera cuenta de todos los datos sobre la planta funcionaria de la Corte y la “operativa real de funcionamiento de la misma”.
Otra de ellas fue que “se disponga lo necesario a objeto de que se ordene definitivamente el desempeño de las labores que ejercen los funcionarios, con la finalidad de que quienes ejecutan los cargos sean efectivamente las personas nombradas en ellos”. La última fue crear una comisión “que tenga por finalidad apoyar al Comité de Ministros en la toma de decisiones que conforme a todo lo reseñado en el presente informe”.
Pues bien, el 11 de octubre de 2022, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, tras conocer el oficio Nº 24 de la ministra Villadangos, acordó la creación de una “Comisión de Apoyo” compuesta por el ministro Omar Astudillo Contreras, las ministras Jessica González Troncoso, Maritza Villadangos Frankovich, Lilian Leyton Varela y Carolina Brengi Zunino. Cinco ministros a los que se les encargó una importante misión.
Pasaron 5 meses y 3 días para que la “Comisión de Apoyo” hiciera llegar sus conclusiones al Comité de Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago. En el documento, al que tuvo acceso Radio Bío Bío, se plasmó el resultado de la investigación llevada a cabo por el grupo de ministros, el que no se aleja mucho de lo que en su minuto informó al Pleno la ministra Villadangos en medio del “Plan Retorno Paulatino a la Presencialidad”.
Dentro de las “constataciones” realizadas de manera “uniforme” por los ministros de la Comisión, y puestas en conocimiento del Comité de Ministros, están la “indeterminación de las jefaturas responsables a cargo de los funcionarios que conforman las respectivas unidades administrativas”.
Asimismo, se menciona la “falta de descripción actualizada de las tareas asociadas a los distintos cargos, conforme a su denominación y grado remuneratorio correspondiente”. Junto a esto, también está la “ausencia de una descripción actualizada de perfiles para los distintos cargos, que tengan correspondencia con los requisitos y competencias necesarias para el desempeño de determinadas funciones”.
El nivel de desorden al interior de la Corte es de tal magnitud que también se constató la “existencia de variados casos de falta correspondencia entre el cargo de nombramiento, la función desempeñada y la remuneración percibida, lo que se percibe como generador de malestar al interior de los grupos humanos que conforman las distintas unidades”. En la misma, los ministros detectaron una “distribución poco eficiente de labores, especialmente advertida entre los funcionarios tramitadores”.
Elevado número de funcionarios “destinados o en comisión de servicio”; la “inexistencia de la Unidad de Causas”; la “existencia, de facto, de las unidades de ‘Cuenta Civil’ y ‘Cuenta de Protecciones’”; la indefinición de “las funciones asignadas a la Unidad de Salas”; la “inexistencia de una Unidad de Recursos Humanos”; la “inexistencia de un sistema de medición de las cargas de trabajo”; y la “ausencia de un control de asistencia”, son parte de las conclusiones de los ministros.
¿Punto de cambio?
Con todo lo recabado, los miembros de este “Comité de Apoyo” sugirieron seis medidas para mejorar la orgánica institucional al interior de la Corte de Apelaciones de Santiago. La primera de ellas es poner en funcionamiento las unidades de Causa, Recursos Humanos, Cuenta Civil, y de Cuenta de Protecciones. Además de esto, está la elaboración de “un documento que consigne pormenorizadamente el perfil de los cargos conforme al grado del mismo y las tareas asociadas a ellos”.
El punto tres indica ordenar “a la administración de esta Corte la adopción de medidas con la finalidad de conocer semanalmente la carga de trabajo diaria de, al menos, los funcionarios tramitadores, proveedores, funcionarios de pleno y relatores de cuenta”. También está el ordenar “definitivamente el desempeño de las labores que ejercen los funcionarios, con la finalidad de que quienes ejecutan los cargos sean efectivamente las personas nombradas para servirlos”.
De la misma forma, buscando darle salida al desorden, proponen “estudiar la creación de una Unidad de Funcionarios que estén destinados a prestar apoyo a los ministros en tareas específicamente determinadas de antemano”. Sobre la Unidad de Causas, se menciona que se debe “describir y acotar debidamente las funciones” de esta para “evitar que le sean asignadas labores extrañas a su función y fortalecer el rol de esa jefatura”.
Dichas medidas fueron puestas en conocimiento del Comité de Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago el 16 de marzo de 2023. Al respecto, el 21 de marzo se evacuó una resolución en la que se indicó darse cuenta “en el Tribunal Pleno” de ellas. No obstante, el 30 del mismo mes otra resolución dio la orden de pasar los antecedentes al Comité de Ministros, con copia al administrador Alexander Olbertz.
La pandemia dejó al desnudo una serie de falencias al interior del Estado. Una de ellas, al interior del Poder Judicial, particularmente en la Corte de Apelaciones de Santiago. Consultado el tribunal de alzada capitalino al respecto, declinaron realizar comentarios.
