“¡Atención con lo que están haciendo en la Constitución!”. Con esta frase, en algunos chats de abogados, incluyendo notarios y suplentes, han llamado a aquellos que entienden del sistema de justicia a prestar atención al debate en el Consejo Constitucional respecto a algunas normas que buscan estar en el texto de la nueva Constitución que se votará el 17 de diciembre.
El asunto es que en varios de estos chats se encuentran hermanos, hijos, sobrinos y amigos de altos funcionarios de los poderes Judicial y Legislativo, especialmente, y que, con toda probabilidad, jamás habrían ocupado cargos de notarías o conservadores, especialmente en plazas bien remuneradas, de no tener ese nexo directo.
Según quienes conocen las conversaciones, se busca terminar con estas “coincidencias familiares”, como indicó un asesor que ha escuchado el debate político en la 2° Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos.
De hecho, explicaron que en la mesa ha quedado claro que la UDI está más cerca del oficialismo, especialmente del Partido Socialista, en cuanto a no rediseñar puntos relacionados con cómo se repartirán los cargos, en esas dos fuerzas políticas pareciera estar más a gusto con mantener el actual sistema.
Aunque la propuesta final en relación con el capítulo del Poder Judicial aún no se conoce por completo, existen dudas en cuanto al anteproyecto, ya que no parece abordar uno de los mayores temores: la corrupción.
Frente a esto, uno de los artículos redactados por los Republicanos sostiene que: “Los ministros de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, los jueces, los auxiliares de la administración de justicia y demás funcionarios del Poder Judicial, están sujetos a la responsabilidad disciplinaria que determine la ley”.
Y se agrega en el mismo párrafo: “El Fiscal Judicial de la Corte Suprema y los fiscales judiciales de las cortes de apelaciones tendrán por función velar por el correcto actuar de los jueces y funcionarios mencionados en el inciso anterior de conformidad con la ley. No podrán ejercer ni postular a funciones jurisdiccionales mientras permanezcan en sus cargos”.
Pero no solo eso, también se busca que “las faltas disciplinarias acusadas por los fiscales judiciales sean resueltas por un Tribunal de Conducta cuya organización y procedimiento determinará la ley institucional”.
Este artículo del texto constitucional marca una diferencia con la actual carta magna y genera un punto diametralmente distinto al anteproyecto redactado por los especialistas.
Jueces y cohecho
Otro de los puntos que se abordó se refiere al castigo para jueces que cometan cohecho, algo que quedará establecido directamente en el texto constitucional.
De hecho, se indicará en la propuesta que “los jueces son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que rigen el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones”.
Fuera familiares
Pero uno de los puntos que ha llamado la atención en el actual debate constitucional es poner fin a los nombramientos de familiares, parejas y amigos en cargos de designación, que por norma general quedan bajo el control de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Es por esta razón que dentro de las propuestas que se votarán en la comisión y que deberían quedar listas para ser sancionadas en la sala, se propone incluir de forma directa en el texto la prohibición de nombramientos en cargos de escalafón secundario del Poder Judicial.
Así, si bien los amigos podrían seguir viéndose beneficiados, el texto pone término a los nombramientos de familiares.
En la redacción a la cual tuvo acceso Radio Bío Bío se sostiene que “no podrán ser nombrados ni promovidos en cargos del escalafón secundario del Poder Judicial las personas que tengan la calidad de cónyuge, conviviente, ascendiente, descendiente, colateral hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente de la República, ministros de Estado, subsecretarios, senadores, diputados, Fiscal Nacional, ministros de Corte y ministros del Tribunal Constitucional. Esta inhabilidad se extenderá por dos años desde el cese de funciones de la autoridad respectiva”.
Si bien no está cerrado que algunos de los puntos queden finalmente en el texto que se presentará a la ciudadanía para el plebiscito de salida, sí advierten que dentro de la UDI y en algunos sectores del socialismo democrático, no gustan puesto que no habrá espacio de negociación política, algo que indican, ha servido para mantener ciertos equilibrios.
