Caso SQM: fiscalía desecha queja de defensores de ME-O y descarta remover a persecutoras de la causa

La pugna entre la defensa de Marco Enríquez-Ominami y el Ministerio Público por el caso SQM sumó un nuevo capítulo. La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich -quien lidera la causa- rechazó la solicitud de los abogados defensores del excandidato presidencial, Ciro Colombara y Aldo Díaz, quienes pidieron el 18 de abril la destitución de Carmen Segura y Paola Castiglione, las persecutoras con dedicación exclusiva de la causa.

A través de una denuncia administrativa, enviada formalmente al fiscal nacional, los defensores expusieron en detalle una serie de “tirones de oreja” de la jueza María Teresa Barrientos, presidenta del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, quien les ha reprochado a las fiscales en reiteradas ocasiones errores procesales durante el juicio.

La respuesta de Fiscalía

Perivancich respondió el jueves recién pasado a los cuestionamientos. De entrada, desestimó las acusaciones y enfatizó que es la jueza quien tiene la facultad de “ejercer las facultades disciplinarias”, lo que “no ha ocurrido en el presente caso”, pese a que los defensores han realizado reclamos ante ella.

En tanto, también responde a las quejas por los años de demora para comenzar el juicio: en concreto, explicó que entre 2015 y 2018 -fecha en que se se presentaron las acusaciones-, las agrupaciones y separaciones de las investigaciones obedecieron siempre a “criterios jurídico-estratégicos”, que han sido tomadas por todo el equipo de fiscales.

Asimismo, Perivancich señala que las fiscales han sido parte de esas decisiones, pero no las han tomado de forma inconsulta, por lo que la responsabilidad de las determinaciones recaen en la fiscal regional a cargo; es decir, ella misma.

“Rechazo la solicitud de los recurrentes de iniciar una investigación administrativa contra las fiscales Carmen Gloria Segura y Paola Castiglione por no configurarse respecto de ellas actuación alguna que constituya infracción de sus deberes y obligaciones constitucionales y legales, ni que constituya una infracción principio de probidad administrativa”, señala la resolución del organismo persecutor, a la que tuvo acceso la Unidad de Investigación de BioBioChile.

Caso SQM: ¿11 años o 18 meses de juicio?

Con 600 testigos, y al ritmo de un testigo por semana, los defensores alegaron que el juicio podría tardar hasta 11 años, algo nunca antes visto. Ante tal demora, acusan que las fiscales quieren extender el proceso “hasta alcanzar la jubilación”.

En ese sentido, el Ministerio Público señaló que “la denuncia carece de fundamento plausible” para “siquiera inferir una intención de ellas proclive a tal escenario”.

Asimismo, asegura que “no resulta razonable suponer que, por la extensión que han tenido hasta aquí los interrogatorios de los testigos, ello vaya a replicarse a futuro”, ya que el tribunal ha calculado una duración de 18 meses, lo que coincide con las proyecciones de fiscalía y que permitan descartar que las persecutoras “han adoptado actitud alguna que riña con los deberes funcionariales y que busque prolongar irregularmente la duración del juicio”.