El presidente Gabriel Boric el domingo 21 de agosto pasado, durante una entrevista televisiva, reconoció que hablaba con Carolina Tohá. El gesto a la militante PPD llegó justo cuando su nombre es el que suena con mayor fuerza al interior de los partidos de Apruebo Dignidad y de Socialismo Democrático para convertirse en ministra del Interior y Seguridad Pública, es decir, en reemplazo de Izkia Siches.
Sin embargo, el nombre genera molestía al interior de alguno de los partidos del Frente Amplio y Partido Comunista. ¿La razón? El proceso abierto que existe en la Contraloría General de la República y que desde el 2019 mantiene a Tohá enjuiciada por un actuar negligente, algo que es irrefutable. Si bien han pasado 3 años desde la acusación e inicio de Juicio de Cuentas, para que se defina la devolución o no del dinero, el proceso se paralizó por casi dos años a raíz de la pandemia, ayudado por la Ley que autorizó la pausa de los mismos.
Consultada por Radio Bío Bío, Carolina Tohá se limitó a indicar que “no hay mucho que opinar, solo la seguridad de que el proceso va a despejar el asunto. Lo terrible es que se demore tanto”, sostuvo.
Recordar que la I Contraloría General Metropolitana de Santiago, estableció en la auditoría de 2019 es que los gastos improcedentes y sin respaldo alcanzaron los “$265.462.815 equivalente a 5.843,46 UTM, y que valorizado a la fecha, esto es, al mes de febrero de 2019, ascendiente a un total de $282.268.822”, dice el documento. Lo que a la fecha, por el alza de la UTM, sumaría $348.240.998,7.
Los dineros que se mal gastaron el 2016 provinieron de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), los que fueron usados para pagar la indemnización de un profesor, además de contratar la asesoría de empresas de capacitaciones las cuales no están contempladas en la ley SEP. También se utilizó en establecimientos educativos no adscritos a la subvención escolar preferencial y en la compra por parte de la administración central de viseras, poleras, mesas, sillas entre otros, todos improcedentes.
Pero además, el documento de 38 páginas, sostiene que se realizaron gastos por remuneración indebida y se rindieron facturas erróneas declaradas. Hechos que al interior del Frente Amplio son considerados graves.
Con todo, no son pocos los que advierten que de llegar Tohá al cargo abre un flanco complejo al tratarse de una auditoría que es “irrefutable”, más allá de que apele al juicio de Cuentas, proceso que podría seguir activo por lo menos un año más.
Sumado a eso, en caso que se le obligue a Carolina Tohá pagar de forma solidaria junto a 14 personas los $348.240.998 podría apelar a la última instancia donde el propio presidente Gabriel Boric tendría que nominar a 2 abogados que junto al Contralor General dictaminarán la decisión final.
Incluso, las mismas fuentes, explican que el proceso podría cruzarse en un año más con la nominación que tendrá que hacer la Moneda para quien suceda al actual Contralor Jorge Bermúdez, quien terminará en diciembre de 2023 su mandato.
