La municipalidad de Valparaíso ordenó la destitución de Carlos Soto, histórico militante de la Democracia Cristiana de la zona y quien fuera mano derecha del exalcalde Hernán Pinto.
Se trata de una medida que fue adoptada luego de un sumario por faltas administrativas instruido por la casa edilicia en contra del funcionario. Todo ello, tras la detección de millonarias irregularidades en una auditoría de Contraloría.
La figura de Soto generaba incomodidad en la administración de Jorge Sharp, justamente debido a su cercanía con la Democracia Cristiana y con gestiones anteriores.
Tal como consta en la indagatoria interna -a la que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile– Soto fue desvinculado por infracción a sus obligaciones funcionarias. Otros tres servidores municipales también fueron sancionados: Natalia Vargas (multa del 10% en su sueldo. Actualmente se desempeña como asesora de finanzas de la municipalidad de Quilpué), Eduardo Vilches (destituido) y Andrea Ovalle (censura).
Bateas fantasmas
Las pesquisas en la casa edilicia acreditaron que el exfuncionario municipal autorizó estados de pago del contrato para una empresa contratista que contenía servicios no prestados para la mantención de 55 bateas, “en circunstancias que existían sólo 36 y 35 de estos implementos”.
A su vez, Soto autorizó el arriendo de vehículos y maquinarias que presentaban inactividad por más de 10 días, “llegando a meses completos en que el municipio no dispuso del servicio por el cual autorizó el pago”.
Se le apunta también por no haber cumplido con sus obligaciones como superior jerárquico del Departamento de Finanzas, unidad cuya labor era revisar los pagos de los servicios prestados por la empresa Total Transport S.A. (provisión de equipos, arriendo, mantención, reparación y repuestos).
Incluso, se menciona el arriendo de un vehículo que se encontraba siniestrado. La Unidad de Logística del municipio, la cual también se encontraba bajo su responsabilidad, no adoptó las medidas requeridas para evitar que dicho vehículo fuera incorporado en los estados de pago de Total Transport S.A. a fin de que fuera oportunamente dado de baja del inventario.
Cabe señalar que Soto, quien fungía como director en administración y finanzas en la municipalidad de la ciudad puerto, percibía un sueldo que bordeaba los 3 millones 500 mil pesos.
La deuda
“Las conductas antes señaladas y los antecedentes que obran en el expediente dan cuenta de una grave negligencia y desidia que afectó el cumplimiento de las funciones del municipio debido a que con su actuar contribuyó a generar una deuda inexistente a la municipalidad”, detalla el documento.
Requerido por este medio, Nicolas Guzmán, asesor jurídico de la municipalidad de Valparaíso, indica que las sanciones aplicadas en este sumario “obedecen a la responsabilidad administrativa por las graves irregularidades detectadas por Contraloría el año 2017, respecto de una auditoría que se centró en los dos últimos años -2015 y 2016- del alcalde Castro y que reveló los contratos lesivos para el municipio y también para la comuna”.
De acuerdo a Guzmán, estos causaron un “gran perjuicio y déficit al patrimonio municipal y respecto de los cuales como alcaldía ciudadana nos dedicamos a revisar y poner fin en su caso, para que nunca más en Valparaíso vuelvan a ocurrir estas situaciones que pusieron de rodillas a la ciudad”.
BioBioChile se contactó con Carlos Soto para obtener una declaración al respecto, quien mencionó que está viendo el tema con su abogado, y que por el momento no se referirá a su desvinculación.
