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Test de drogas a todas las autoridades: constituyentes alistan norma contra consumo de narcóticos

Martes 14 diciembre de 2021 | 18:54

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ARCHIVO | Agencia UNO

Evópoli y RN alistan una propuesta de norma constitucional para exigir exámenes de drogodependencia a todas las autoridades y empleados del sector público. En caso de descubrirse consumo de sustancias ilegales, el funcionario no tendrá más opción que dar un paso al costado, apunta la iniciativa. Pese a que el borrador se encuentra terminado, aún se está a la espera de apoyos para su patrocinio.

Un grupo de constituyentes de Renovación Nacional y Evópoli, liderados por Roberto Vega, alistan la presentación de una propuesta de norma constitucional, que busca exigir un test de drogas a todas las autoridades y empleados del sector público.

Se trata de una iniciativa cuya redacción provisoria fue concluida la semana recién pasada y que actualmente se encuentra en la búsqueda de apoyos para su patrocinio.

Según el borrador -al que tuvo acceso Radio Bío Bío-, con la norma se pretende que toda persona que asuma una función pública deba someterse a un test de drogodependencia.

“Es el narcotráfico una actividad que carcome y daña a la sociedad, y puede llevar la corrupción a actores relevantes para la vida nacional, condenado al país a una senda de inseguridad para el futuro y afectando la seguridad del sistema democrático”, se lee en la propuesta.

La idea incluye, entre otros cargos, al Presidente de la República, ministros, jueces, diputados, senadores y el contralor general.

De acuerdo al escrito, el examen deberá ser entregado al momento de presentar las declaraciones de intereses y patrimonio, debiendo exhibir uno nuevo al momento de revalidar o modificar dicha declaración.

Cese del cargo

En el caso de los demás funcionarios públicos, el test deberá efectuarse al cambio de cada periodo presidencial, indica la propuesta.

“En caso de dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, el afectado cesará de pleno derecho la función pública, independiente del grado o investidura y deberá someterse a medidas de rehabilitación”, se lee en el borrador, aunque sin precisar el organismo responsable de implementar dicho tratamiento.

Consultado al respecto, el convencional Roberto Vega, explicó que con esta norma se busca que “el narcotráfico no permee las esferas del poder estatal”.

“La drogadicción será una causal de cesación de los cargos públicos. No podemos ignorar la obligación que debe tener el Estado de rehabilitar que caen en algo tan nefasto como la drogadicción”, apuntó Vega.

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