El subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, ofició a la Contraloría el pasado 05 de noviembre. Si bien son muchos los documentos que día a día envían desde esa oficina al despacho del Contralor Jorge Bermudez, el oficio Nº24302 contiene varios párrafos que a simple vista son polémicos o poco comunes para un “oficio” de esa naturaleza.
Esto se basa en la respuesta a la misiva que enviaron los diputados democratacristianos Silber y Acencio, en la que calificaron sus dichos responsabilizando a los candidatos Gabriel Boric y Yasna Provoste como una “abierta y descarada intervención electoral”.
Lea el oficio de Galli
En la carta Galli comienza defendiéndose, indicando que “las declaraciones que los honorables diputados me reprochan en esta sede son producto del ejercicio de las funciones que la ley encomienda a las autoridades del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y que son denominadas como de gobierno político”.
Asimismo, Galli continuó con su argumentación, diciendo que son atribuciones del subsecretario colaborar en las materias “relativas a la seguridad pública interior” con el ministro.
Pero el punto tres es donde Galli decide exponer algo que podría considerarse clave en su defensa: sus juicios de por qué su conducta no fue un intervencionismo electoral.
Ante esto, la carta siguió con que el concepto de gobierno, entre otros, supone priorizar el interés público, “y en este caso puntual, la erradicación de la violencia como método de acción política para superar nuestras diferencias”.
Y agregó que “lo dicho el pasado 19 de octubre, sinceramente, en ningún caso tuvo como objeto favorecer o perjudicar candidaturas, tendencias o partidos políticos, ni representó un llamado a votar por un candidato determinado, ni por conglomerados constituidos para fines electorales”.
Pérez, Boric y Atria
Enseguida, llamó a considerar “tres elementos de mi declaración”.
El primer punto que detalló es que “todas las personas que aludí en mi declaración ostentan y desempeñan actualmente altos cargos públicos”, refiriéndose al rol actual que cumplen Catalina Pérez y Gabriel Boric como diputados, y Fernando Atria como convencional constituyente.
En segundo lugar, afirmó que “los hechos descritos en mis expresiones tienen todos una larga data antigua de ocurrencia”. E incluyó Galli en el oficio para complementar su razonamiento una serie de capturas de pantalla de prensa y redes sociales.
Comenzó el abogado advirtiendo que “la senadora Provoste Campillay y otros legisladores el pasado 9 de diciembre de 2020” patrocinaron “el proyecto de ley que concede indulto general por razones humanitarias a determinadas personas y delitos fue patrocinado por la senadora”.
Enseguida, Galli aludió a los dichos en febrero pasado de Catalina Pérez en reacción a la muerte de una persona que atacó un carabinero en Panguipulli, lo que fue repelido a balazos. “En Chile la vida de un pobre no vale nada. ¿Cómo quieren que no lo quememos todo”, expresó en esa ocasión.
En tanto, el subsecretario también repasó las declaraciones de Boric luego de ser objeto de agresión al visitar el penal Santiago 1: “Sufrimos una agresión menor, frente a la cual hemos solicitado que no se instaure ningún tipo de sanción”, dijo entonces el abanderado del Frente Amplio.
Ante esto, Galli criticó esta actuación, ya que “se encuadró dentro de su postura como parlamentario ante iniciativas parlamentarias que otorgan amnistías o indultos a personas privadas de libertad por delitos cometidos con posterioridad al 18 de octubre de 2019”.
Por último, repasó a Fernando Atria debido a una declaración realizada en su Twitter personal referido a instar al Congreso a una posible amnistía o indulto a los llamados “presos del estallido”.
Y el último punto que expresó Galli expuso que “el núcleo” de sus declaraciones “no es más que la simple reiteración de los sostenido sistemáticamente en el pasado por parte del suscrito, en cuanto a la necesidad de condenar violencia venga de donde venga, sin ambigüedades, matices ni doble estándar, teniendo como interés permanente el suprimir la impunidad, resguardar el estado de derecho y alcanzar la paz social”.
Asimismo, advirtió el subsecretario, “en ningún caso tampoco he eludido mi responsabilidad como autoridad de este ministerio en las materias de mi competencia”, y agregó que “no he infringido norma alguna sobre probidad administrativa y apoliticidad”.
Una respuesta que se sobreentiende como polémica y evidenciando que uno de los roles de su cartera es política, por ende, puede apuntar discursivamente contra la oposición o incluso el propio oficialismo, claro, que no piense como él.
