Un documento interno de la Dirección de Planificación (DIPLAP) del Ministerio de Educación, al que tuvo acceso Radio Bío Bío, detalla con precisión el origen de un déficit presupuestario de US$473 millones, unos 426 mil millones de pesos, que amenaza una parte de la continuidad del servicio educativo durante 2026. La cifra no es una proyección política: es el resultado de cálculos técnicos realizados por el propio ministerio, y expone las consecuencias concretas de decisiones tomadas por la administración anterior durante la tramitación de la Ley de Presupuesto del año en curso.
La paradoja que subyace al déficit es llamativa, esto orientado en el mismo ciclo presupuestario en que el gobierno saliente aumentó en US$187 millones el financiamiento del programa de Gratuidad Universitaria, dejó sin reajuste inflacionario buena parte de los programas que sostienen la educación escolar básica y parvularia.
Las subvenciones
El componente más voluminoso del déficit son las subvenciones escolares, con un faltante de US$300 millones, equivalente al 63% del total. El origen es preciso en este punto ya que la administración anterior no aplicó el inflactor del 3,1% al programa en la tramitación de la Ley de Presupuesto 2026. Este punto llama la atención ya que tampoco fue levantado como una gran alerta por parte del congreso de la época.
Según el mismo documento, alrededor del 90% de las subvenciones regulares y el 60% de la Subvención Escolar Preferencial (focalizada en estudiantes vulnerables) se destina a pagar remuneraciones de docentes, directivos y asistentes de la educación. En términos prácticos, los colegios recibirán menos plata real de la que necesitan para pagar sus nóminas.
La DIPLAP reconoce en el documento que, dado que las subvenciones son mandatos legales, el déficit debe ser cubierto de alguna forma, ya sea con reasignaciones internas o con aporte fiscal adicional. Propone una revisión al cierre del primer semestre, una vez que se conozcan los datos de asistencia escolar de abril.
Los slep y el gasto excesivo
El segundo gran bloque del déficit corresponde al desfinanciamiento estructural de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), con un faltante de US$125 millones ( 26% del total). El escrito es directo: “la Nueva Educación Pública es un sistema cuyos costos son superiores a sus ingresos, y requiere aún más inyecciones de recursos”.
La urgencia es concreta, a juicio de la actual administración, puesto que deberán financiar el funcionamiento del sistema entre marzo y agosto de 2026, lo que demandará US$62 millones de manera inmediata.
El acuerdo sindical sin financiamiento
En febrero de este año, seis de los siete sindicatos de la Fundación INTEGRA, que administra el 12% de toda la matrícula parvularia del país, firmaron un acuerdo salarial con un costo total de $33.539 millones. En un principio, se estableció que el 63% de esa cifra sería cubierta con aporte fiscal directo. Sin embargo, el documento revela que entre el 9 y el 13 de marzo, la Dirección de Presupuestos (DIPRES) primero redujo ese aporte y luego lo eliminó por completo, dejando al Ministerio de Educación con US$23 millones que debe absorber internamente mediante reasignaciones. El acuerdo lo negoció la administración anterior, pero la deuda la heredó la actual.
“Con fecha 9 de marzo, DIPRES anunció que el aporte fiscal se disminuía a $7 MMM. Con fecha 13 de marzo, DIPRES eliminó cualquier aporte fiscal”, se indica en el documento.
Programas sin fondos
Más allá de los grandes bloques del déficit, el documento deja en evidencia que el presupuesto heredado recortó programas que entregan beneficios directos y tangibles a los estudiantes, sin que ninguno de esos recortes cuente con una justificación adecuada en el catastro oficial de variaciones presupuestarias publicado por DIPRES.
El Programa de Útiles Escolares sufrió el recorte más severo: un 22%, equivalente a US$3,2 millones. El programa de Textos Escolares que beneficia a más de 3 millones de alumnos en cerca de 10 mil establecimientos cayó un 9%, con un faltante de US$3,1 millones. Las Becas TIC, que entregan computadores a estudiantes vulnerables, se redujeron en un 8%.
También se dejó sin financiamiento la prueba adicional de lectura para 2° básico del SIMCE. Se indica que: “El Plan de Evaluaciones 2021-2026 contempla para el 2026 la realización de una prueba adicional en 2° básico, sólo para lectura, que es clave para el diagnóstico temprano de déficits en comprensión del lenguaje. La Ley de Presupuesto 2026 dejó sin financiamiento para esa evaluación adicional”.
En paralelo, el no reajuste del Subtítulo 21, que financia las remuneraciones de los funcionarios públicos del Ministerio, añade otros US$22 millones al déficit total que el actual gobierno deberá resolver.
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