La notaria Myriam Amigo Arancibia acudió a la Corte Suprema para pedir la anulación de la sentencia laboral y por ende de la cobranza laboral que enfrenta por más de $300 millones por vulneración de derechos fundamentales y despido indirecto de su exfuncionaria Ana Marcela Biagini.

El requerimiento fue presentado en el marco del recurso de revisión que busca anular ese fallo, al que ahora la defensa de Amigo suma nuevos antecedentes penales que, según afirma, demostrarían que la sentencia se obtuvo mediante fraude procesal. ¿La razón? El médico que entregó las licencias hoy se encuentra formalizado por emitir licencias falsas.

Las licencias médicas

En el proceso laboral, la jueza consideró acreditado que Biagini terminó con un cuadro ansioso-depresivo debido a malos tratos en la notaría. Esa conclusión se basó en, según lo relatado en los escritos, ocho licencias médicas otorgadas por el médico Luis Tapia Brevis. También, recetas e informes médicos del mismo.

Además contó con un peritaje de la Contraloría Médica de la Isapre Consalud y el testimonio de tres exfuncionarios de la notaría.

Pruebas que hoy, para la defensa de Amigo liderada por José Luis de Marchena, están completamente cuestionadas.

Formalización del médico

Lo nuevo y lo que sería fundamental para Amigo es que hace pocos días, el 4 de noviembre se formalizó al médico Tapia Brevis. Y se le impusieron las cautelares de arraigo nacional y suspensión para emitir licencias médicas mientras dure la investigación. El nuevo documento acompañado por la defensa incorpora un hecho central: la formalización reciente del médico Luis Tapia Brevis, quien emitió las licencias usadas en la sentencia laboral.

En detalle, en el escrito ingresado a la Corte Suprema por la defensa de Amigo se indica que “existen indicios suficientes para estimar que las licencias médicas de la Sra. BIAGINI se encuentran comprendidas en el modus operandi del querellado Luis Tapia Brevis”.

Solicitud a la Suprema

Además del argumento penal, Amigo solicitaría detener la fase de cobranza laboral y, especialmente, la capitalización mensual de intereses, que considera desproporcionada.

Según datos que recabó la Radio, la condena original era de $126 millones y tras cinco años, el monto asciende a $317 millones pese a que la notaria asegura haber pagado $64 millones en abono.

El abogado De Marchena explicó a La Radio que “la señora Notario M. Amigo fue condenada como supuesta vulneradora de derechos fundamentales, donde uno de los documentos fundantes que llevó a la jueza a obtener esa convicción, fue justamente la emisión de licencias médicas por salud mental otorgadas a la demandante de manera fraudulenta por una persona que ni siquiera tiene la especialización de psiquiatría y que actualmente se encuentra formalizado”.

Por esto, agregó que “nos parece de justicia mínima que la Corte Suprema, ordene la anulación de la sentencia y rechace la demanda pues no hay antecedentes reales de la supuesta vulneración, o al menos ordene la realización de un nuevo juicio”.

Respuesta de la contraparte

La defensa de Biagini, dirigida por el abogado Christian Valdebenito, no se quedó atrás e ingresó un recurso de oposición a la revisión.

En el documento se sostiene que el recurso de revisión primero se presentó fuera del plazo legal de un año y que no se cumplen las causales del artículo 810.

Para ellos los argumentos sobre las licencias falsas son especulativos, ya que el peritaje de Consalud que fue emitido por otro médico ya había confirmado el cuadro emocional de su representada.

Alegan que Amigo ha interpuesto múltiples acciones para evitar el pago, incluyendo recursos ante el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, reclamos administrativos y querellas penales.
Y que a cinco años del fallo, la trabajadora “ha recibido solo el 5% de lo que ordenó la justicia”, acusando a la notaria de impedir la ejecución mediante sucesivos mecanismos de retraso.

En conversación con La Radio, Valdebenito argumentó en que “la notaria no quiere pagar la sentencia porque estima que es un monto excesivo, así señaló en la audiencia preparatoria de 10 de enero de 2020, al no querer aceptar la antigüedad laboral de mi representada, desconociendo el contrato de trabajo celebrado con ella el 3 de marzo de 2014 y lo que establece el art.4 inciso final del Código del Trabajo”.

Agregó que Amigo ha realizado múltiples gestiones para no pagar. “Para lograr aquello la estrategia jurídica de su defensa ha sido interponer objeciones, recursos de queja y de apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago (roles: 38-2021; 1537-2023; 2051-2023; 2052-2023; 824-2024). También ha intentado requerimientos ante el Tribunal Constitucional (Roles 10866-2021 y12583-2021). Todos los recursos han sido rechazados. También se intentaron querellas por falso testimonio contra los testigos de Marcela y de injurias en contra de ellas y de este profesional. Finalmente se intentó un recurso de revisión ante la Corte Suprema, el que se funda en esas querellas que han sido desestimadas, y respecto al juicio contra el facultativo por la supuesta emisión de licencias médicas, debo indicar que la el levantamiento de información de la Isapre, se refiere a un período distinto de aquel en que se emitió licencia a Marcela a consecuencia del acoso laboral que sufrió y que fue acreditado ante el Juzgado de Letras del Trabajo”.