Entre los 13 funcionarios de Gendarmería de Chile que formaban parte de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas hacia el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, hay un nombre que llama poderosamente la atención. Se trata de Constanza Jáuregui Hernández, subteniente de la institución verde boldo y mano derecha de la directora regional de Gendarmería en Tarapacá, Nélida Troncoso Gutiérrez.
Al igual que los otros 12 gendarmes activos y cuatro civiles involucrados en la red de corrupción, la joven fue formalizada por el Ministerio Público. En su caso, por el delito de asociación ilícita y por incumplir deberes propios de su cargo.
Durante la indagatoria se estableció que los funcionarios penitenciarios, incluida la subteniente Jáuregui, conspiraban para ingresar estupefacientes o permitir la entrada de droga, además de otros elementos prohibidos, al recinto penal. Todo, previa coordinación con civiles a cargo de los suministros.
Cargo de confianza
“Espero trabajar mancomunadamente con mi personal, autoridades de la región e instituciones afines, con el propósito de seguir contribuyendo y aportando como Gendarmería a la Seguridad Pública de la Región”, decía la coronel Troncoso en marzo de este año cuando asumió como directora regional.
Lo que tal vez ella no sospechaba, era que precisamente a quien designaría como su oficial ayudante, la subteniente Jáuregui, terminaría ocho meses más tarde como imputada en una causa donde se investiga una red de narco-gendarmes que operaba en la región de Tarapacá.
Conocedores de la orgánica interna de Gendarmería sostienen, en diálogo con BBCL Investiga, que históricamente el oficial ayudante de un director regional de Gendarmería ha sido “un cargo altamente sensible, estratégico y de confianza absoluta”. Es su factótum. Controla la agenda, las audiencias, los documentos delicados y la relación del director regional con otras instituciones.
“Es un rol más político y administrativo que operativo y actúa como el principal filtro de información y soporte del director”, cuentan los mismos consultados.
El rol
La investigación a cargo de la Unidad SACFI de la Fiscalía Regional de Tarapacá, en coordinación con la Policía de Investigaciones y la propia Gendarmería de Chile, estableció que —cual empresa— los funcionarios implicados se coordinaban para tener control de puntos estratégicos del penal y así pavimentar el camino para la internación de las sustancias ilícitas.
De esta forma, destaca la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, se configuraron los delitos de “lavado de activos, asociación criminal, tráfico ilícito de estupefacientes y microtráfico.
Quienes siguieron de cerca la indagatoria apuntan a que la red criminal, compuesta principalmente por suboficiales de Gendarmería, también recibía apoyo desde más arriba. De ahí que la figura de la subteniente, perteneciente al escalafón de oficiales, sea considerada clave en la trama narco.
Eso, sumado a que la investigación estableció que estaba emparejada con un suboficial que, precisamente, se encargaba de tareas logísticas en la orgánica criminal, la pusieron bajo el foco de la fiscalía.
La caída
De acuerdo con información recopilada por BBCL Investiga, sería precisamente a través de su pareja que la mujer habría terminado involucrándose. Conocedores del proceso apuntan a que su rol sería el de proporcionar información sensible para que el resto de los implicados cuidara sus movimientos cuando fuera necesario. Otras veces su contribución la hacía simplemente “mirando para el lado”.
Pero eso no es todo. Además de movimientos bancarios entre ella y su pareja que tendrían relación directa con dineros obtenidos de los negocios ilícitos que materializaba este último al interior de la cárcel, hubo una escucha telefónica que terminó por hacerla caer.
En la conversación el hombre de iniciales N.P.B. le contaba a la subteniente Jáuregui que temía que se descubrieran sus “cositas”. Habían allanado una pieza contigua a la que él ocupaba en el penal. Eso, a juicio de los investigadores, permite establecer que la mujer sabía de los movimientos de su conviviente y del resto de la organización.
Por si fuera poco, en el allanamiento al domicilio particular que la oficial ayudante de la directora regional compartía con su pareja la policía encontró varis dosis de marihuana dosificada lista para su comercialización.
La advertencia
Como sea, fuentes de este medio afirman que a la directora regional se le había advertido hace algunas semanas sobre la inconveniencia de que Jáuregui continuara como su mano derecha. Eso, a propósito de que varios miembros al interior de la institución habían notado que los gastos y viajes que exhibía en redes sociales la mujer no se condecían con sus ingresos. No obstante aquello, la coronel decidió mantenerla como su oficial ayudante.
En total, según informaron las autoridades, más de 24 domicilios —contando el de Jáuregui y su pareja—fueron allanados en las regiones de Tarapacá, Bío Bío y La Araucanía. Eso permitió la detención de 12 miembros de la institución verde boldo y otros siete civiles que eran parte de la banda.
Además, en las diligencias ejecutadas por unos 150 funcionarios de la Policía de Investigaciones se logró la incautación de droga, armas, municiones, $13 millones en efectivo y unos 7.000 euros (unos $7,6 millones en moneda nacional).
“Retiro no voluntario”
Consultada Gendarmería de Chile sobre la fecha en que se enteró la coronel Troncoso de que su oficial ayudante era parte de una red de gendarmes dedicados a la internación de droga y otros elementos ilegales a un recinto penal, no hubo respuesta.
Tampoco estuvieron disponibles para responder qué medidas adoptó la directora al enterarse, considerando que esa funcionaria desempeñaba una función crítica dentro de la Dirección Regional.
Únicamente desde la institución se remitieron a explicar que “en cuanto a la calidad en que se encuentran los gendarmes implicados, es importante indicar que para cada uno se aplicó el retiro no voluntario correspondiente, encontrándose apartados de sus funciones, manteniéndose además una investigación en curso”.
Eso último, en relación con el inicio de una investigación interna para determinar responsabilidades administrativas entre los formalizados y otros funcionarios que, eventualmente, pudiesen estar implicados indirectamente.
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