—Mi hija Erica fue golpeada hasta la muerte en su apartamento dentro del Colegio Bautista en Temuco, donde trabajaba como asistente de enseñanza de inglés mediante un convenio con Georgetown College. Fue suficientemente devastador saber que mi hija estaba muerta. Sin embargo, lo que agrava el dolor es la forma en que ocurrió, a manos de otra persona, y que se trata de un crimen que sigue sin resolverse.
Con esas palabras, Regina O’Neal, madre de Erica Hagan, se dirigió al recién designado embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd. Fue a través de una carta de seis páginas que planteó, en primer lugar, el dolor que siente tras 11 años de investigaciones sin resultados ni un culpable por el asesinato de su hija. Y por otro lado, enumeró las negligencias que se cometieron en ésta misma, como el robo de un reloj o la destrucción de evidencia clave.
La misiva llegó a Brandon Judd luego de que este 7 de octubre el mandatario estadounidense, Donald J. Trump, lo nombrara en el cargo. Previamente se había desempeñado como presidente y agente de la Patrulla Fronteriza. Su foco estaba puesto en la seguridad pública. Por lo mismo, Regina apuesta por él.
—He estado esperando este día (…) En estrecha relación con la seguridad de todos los ciudadanos estadounidenses, me dirijo a usted para presentarle el caso de mi hija y solicitar que el gobierno chileno renueve su atención sobre él, demostrando que nuestro gobierno otorga alta prioridad a resolver el asesinato de mi hija, expresando su preocupación por la necesidad de que el Gobierno de Chile investigue completamente quién perpetró el crimen y quiénes ayudaron a encubrirlo.
Las primeras negligencias
Las primeras líneas de la carta explican lo que ocurrió con Erica Hagan, la joven psicóloga de 27 años que murió brutalmente asesinada la noche del 5 de septiembre de 2014 al interior del Colegio Bautista de Temuco. Fue al día siguiente cuando la encontraron en la bañera del dormitorio.
—Se creyó que había sido asesinada con un atizador de chimenea y que su cuerpo había sido sumergido en agua caliente. El perpetrador también intentó incendiar la habitación. El guardia de seguridad del colegio, Domingo Cofré, fue arrestado en relación con el asesinato, ya que su ADN se encontró en el atizador probablemente utilizado en el crimen. Sin embargo, ahora sabemos que esa herramienta no fue el arma homicida— detalló.
Ese fue uno de los primeros errores. Ella misma expone que “el atizador fue manipulado incorrectamente, las pruebas fueron contaminadas y la escena del crimen no se aseguró adecuadamente”. Sin ir más lejos, el reloj blanco de Erica desapareció. Por otra parte, el principal sospechoso, Domingo Cofré, quedó libre. El veredicto unánime de los jueces concluyó que la primera investigación (2014-2015) fue mal dirigida por una serie de informes incompletos y procedimientos investigativos incorrectos.
Los siguientes párrafos revelan que toda esta información se la comunicó a Carol Pérez, la entonces embajadora de Estados Unidos en Chile. El punto era intentar volver a reabrir el caso durante 2018. Por entonces, la petición se la hizo Regina directamente al fiscal nacional de la época, Jorge Abbott.
—La ex embajadora Pérez fue informada de manera imprecisa de que el caso había sido cerrado, pero el fiscal nacional Abbott no le mencionó nada sobre la falta de respuesta a mi solicitud formal de reapertura; el fiscal Abbott omitió esa parte de la historia, avalando que el caso permaneciera cerrado.
Pérez le respondió que ella misma “supervisaría de cerca cualquier nueva investigación” que la misma Regina pudiera iniciar junto a sus abogados.
Información oculta
En 2019 la Corte Suprema condenó a la fiscalía y a la Policía de Investigaciones por “la falta de medidas para preservar las pruebas del incidente, como el reloj personal de Erica Hagan, también los hizo responsables de una conducta negligente injustificable”. En esta misma instancia, el fiscal Roberto Garrido explicó que el reloj de Erica “no era importante para encontrar ninguna pista de evidencia”.
—Después de dos años más luchando sola como madre contra el sistema de aplicación de la ley en Chile (…) el caso fue reabierto por la Fiscalía Regional de La Araucanía a comienzos de septiembre de 2020 —dice Regina.
Esta segunda parte de la indagatoria, a juicio de Regina, también estuvo llena de errores. Y pese a que entregó una lista extensa y detallada de cada diligencia investigativa, el 29 de febrero de 2024, la fiscalía de Temuco le comunicó que nuevamente cerraría el caso.
—Fue devastador e injusto, ya que al inicio los fiscales me habían invitado a reuniones en las que participaban una especialista en víctimas y una psicóloga, quienes me prometieron mantenerme informada de cada detalle de la nueva investigación; sin embargo, cerraron el caso de manera unilateral.
Y siguió:
—Además, hubo diferencias controvertidas de información, pues yo había obtenido datos precisos sobre la administración del Colegio Bautista: su abogado, Pelayo Vial, proporcionó oficialmente a los nuevos fiscales (en 2021) “nueva” información recogida en la escena del crimen en 2020, la cual demostraba que una muestra de la uña de Erica contenía material genético de otra mujer. Al mismo tiempo, solicité formalmente esa información a la Fiscalía de La Araucanía, pero ellos respondieron que no tenían nada al respecto, lo cual era falso.
Según dice, “esa información fue negada durante cuatro años”.
—Tuve que presentar una denuncia contra los fiscales de las regiones de La Araucanía y O’Higgins ante el juez de Garantía para poder acceder a esos documentos retenidos, los cuales finalmente obtuve.
Regina insistió. Esta vez le solicitó al fiscal Ángel Valencia que reaperturara la causa. Se la rechazó. Pero no quedó ahí. Regina presentó más antecedentes para demostrar que el caso debía abrirse. Y lo logró.
—Finalmente, el fiscal nacional cambió de opinión basándose en mis argumentos y asignó al fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, para que se hiciera cargo del caso.
Informes de respaldo
Aunque el reloj perdido es una de las principales negligencias, Regina expone en su carta que otras “49 evidencias físicas adicionales fueron destruidas dentro de la Fiscalía de Temuco”.
—Ha sido un proceso largo y agotador. Expliqué a la ex embajadora Bernadette Meehan (2024) que, tras leer cuidadosamente la gran cantidad de nuevas declaraciones entregadas a la PDI (2020–2023), mi equipo y yo confirmamos que no existió una metodología de entrevistas eficiente, sino preguntas simples realizadas por funcionarios comunes, sin entrenamiento especializado en técnicas de entrevista investigativa para homicidios.
Hoy, Regina le asegura a Brandon Judd que tiene 14 informes elaborados por ella y su equipo, que describen las actividades “destinadas a llenar los vacíos y corregir los errores de la primera y segunda investigación”. Así también de la actual que está en manos del fiscal Aquiles Cubillos”.
—De la copia actualizada de la investigación en curso (la tercera), encontramos un documento que solicita información sobre la razón para destruir una de las 49 evidencias. Dicho requerimiento fue enviado desde la PDI al fiscal Miguel Rojas (durante la segunda investigación realizada por la Fiscalía de La Araucanía), quien a su vez remitió la consulta a Álvaro Hermosilla, administrador de la Fiscalía en Temuco. Sin embargo, no se halló ningún rastro de respuesta, ni en la segunda ni en la actual investigación.
Por último, señala las contradicciones de los propios funcionarios de la PDI ante la pérdida del reloj.
—Han rechazado investigar la desaparición del reloj de Erica desde las manos de funcionarios de la PDI (2014–2015), bajo el argumento de que los cargos penales ya habrían prescrito por el paso del tiempo, y que cualquier solicitud de información sobre las razones y documentos utilizados para destruir más evidencia física del caso debería ser solicitada directamente por mí y mi equipo a la anterior Fiscalía Regional de La Araucanía.
Última oportunidad
Al final de la carta, Regina es crítica. Manifiesta que “no son los fiscales implacables que necesitamos para encontrar toda la verdad, ya que este crimen ha estado “bajo investigación” por ellos mismos (según el criterio chileno) durante más de once años”.
—Basándome en la gran cantidad de información coherente y verificable que he recopilado a lo largo de los años, aseguro que cuento con información formal y confiable suficiente para instruir a mi equipo legal a presentar varias querellas criminales contra funcionarios de la PDI y algunos fiscales.
Las últimas líneas apuntan a que esta podría ser una de las últimas instancias para encontrar al asesino de Erica Hagan. Ella misma admite que “será muy difícil reabrir el caso nuevamente si en esta oportunidad fracasa”. Pero la fe la tiene en el nuevo embajador.
—No fracasará si usted toma acciones y me ayuda, como ciudadana estadounidense, elevando su voz de preocupación sobre la necesidad de que el Gobierno de Chile resuelva el caso de mi hija, ya que los derechos de las mujeres han sido gravemente vulnerados (…) El caso de mi hija es una oportunidad para demostrar que su gobierno (nuestro gobierno) da alta prioridad a resolver este caso (…) 11 años investigando de la misma manera y sin resultados son prueba suficiente de que el caso debe investigarse de otra forma, y nadie mejor que usted puede hablar de efectividad y resultados.
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