Fraude al fisco: acusan a alcalde de San Joaquín de usar abogados municipales para defensa familiar

Un escrito fue ingresado en el 12 Juzgado de Garantía de Santiago, por el abogado Gabriel Salinas, en representación del concejal de la comuna de San Joaquín, Eduardo Villalobos (PS), en el que se acusa al alcalde independiente Cristóbal Labra de fraude al fisco.

Según la querella, el edil habría utilizado reiteradamente a abogados de la Dirección Jurídica y de la Corporación de Desarrollo Social para representar judicialmente a sus familiares directos en causas de familia y laborales.

Este proceder habría generado un perjuicio al municipio, según describen en la querella, ya que estos funcionarios debían dedicarse a la defensa y asesoría legal de la Municipalidad y no a asuntos privados.

Fundamentos legales

El concejal expone ejemplos, con fechas exactas y causas específicas en que abogados del municipio patrocinaron al hermano del alcalde en una causa de familia, en otra ocasión a la madre y por último al padre del edil.
De acuerdo a lo planteado, estos hechos configurarían un presunto fraude al fisco, además de la reiteración de delitos.

La querella también apunta al administrador municipal, Bastián Salvador Jul Silva, indicando: “Con las facultades delegadas, por parte de la máxima autoridad de administración de la municipalidad de San Joaquín, le corresponde la supervigilancia de su funcionamiento”, se indica.

Defensa del alcalde

Radio Bío Bío se comunicó con la Municipalidad de San Joaquín para conocer la versión del alcalde. Desde el municipio señalaron que “en vista de la querella presentada en contra de nuestro alcalde, Cristóbal Labra Bassa, por el uso indebido de funcionarios municipales, queremos ratificar que los profesionales en cuestión se encontraban haciendo uso de tiempo compensado y días administrativos al momento de representar causas privadas, sin una orden de parte del alcalde para cumplir estas actividades en horario laboral”.

Agregaron además “dichos antecedentes ya fueron puestos a disposición de la Contraloría General de la República, por lo que el municipio es el primer organismo interesado en colaborar para que esta situación se aclare lo más pronto posible”.