“Podemos decir con seguridad que este Gobierno ha tenido la peor gestión en VIH”, apunta duramente Marco Becerra, director de Gestión Pública de la Corporación Chilena de Prevención del SIDA ACCIONGAY en conversación con Radio Bío Bío.
En específico, Becerra critica el prácticamente nulo contacto entre el Ministerio de Salud y las organizaciones centradas en este tema, sin poder opinar ni apoyar en el desarrollo de políticas públicas que afectan justamente a quienes viven con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
Un estudio del inmunólogo Pablo Herrera Morgado –quien también es vicepresidente de la Corporación SIDA Chile y miembro en diversas organizaciones en torno al VIH– apoyó esta teoría y llamó la atención sobre dos puntos preocupantes.
En primer lugar, que el medicamento Bictarvy –antirretroviral que se utiliza para tratar la infección por VIH– fue restringido a una pequeña parte de la población beneficiaria del programa GES, a pesar de ser de mejor calidad y tener un menor precio que otros, sin una aparente razón lógica para elegirlo frente a otros. De acuerdo a los cálculos de Herrera, esta decisión tiene un costo extra de 300 millones al mes para el Estado.
En segundo lugar, que el VIH quedó en la posición 82 de 87 en la lista de las patologías GES, siendo despriorizada para el estudio de verificación de costos del periodo 2025-2028. O sea, que el “gasto adicional, injustificado y sin respaldo científico, se mantendría al menos hasta 2030”.
En este contexto, el diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical) ofició a la Contraloría informando sobre la situación del Bictarvy y consultando si el oficio originario con el cual se limitó su uso puede efectivamente restringir la garantía explícita de acceso a un tratamiento garantizado.
Desde la Subsecretaría de Salud Pública y la de Redes Asistenciales rechazaron la tesis del inmunólogo, afirmando que el análisis calidad-precio es más complejo y que el VIH no ha sido despriorizado. “Es importante destacar que Chile cuenta con una cobertura de VIH de gran calidad, oportuna y efectiva”, recalcaron.
Limitación del Bictarvy
El 17 de mayo de 2023 la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en ese momento dirigida por Fernando Araos, envió un oficio a los directores de los distintos Servicios de Salud del país. En este informó que el Bictarvy sería utilizado solo en segunda línea, o sea, para quienes tuvieron un fracaso previo con resistencia en otros medicamentos. En el mismo documento, explicitaron que la prescripción de este medicamento no debía superar el 30% de la canasta de rescate de cada hospital con la imposibilidad de los centros de salud de otorgarlo al paciente que lo necesita si ya está cumplida esta cuota.
La información llamó de inmediato la atención del inmunólogo Pablo Herrera, especialista en VIH, al no ver lógica en que este medicamento quedara limitado, esto debido a su bajo precio y que, a diferencia de los otros medicamentos que quedaron de primera línea, este tiene menos efectos adversos, menos indicaciones alimentarias, menos impacto a nivel renal, menor riesgo cardiovascular, baja interacción con otras drogas (como lo son las de tratamientos psiquiátricos), etc. La indicación desde la Subsecretaría no se ajustaba a las recomendaciones de las guías clínicas internacionales.
A partir de ello, el médico realizó un estudio comparando los precios que se les ofrecen al Estado por cada uno de estos medicamentos. En este indicó que actualmente existen un total de 6.200 personas tratándose con los medicamentos alternativos al Bictarvy que se encuentran en primera línea en la canasta GES. “Si se levantara esta restricción (…) el programa podría ahorrar 300 millones de pesos al mes (aproximadamente 3.600 millones al año)” explicó.
De acuerdo al estudio del inmunólogo, además del Bictarvy, la última actualización de la canasta excluyó de lleno múltiples drogas innovadoras por motivos que se desconocen, a pesar de ser “igual de eficaces, más económicas y que podrían reemplazar algunos tratamientos, reduciendo aún más los gastos asociados a la terapia”.
Puso como ejemplo uno de los tratamientos inyectables, que en vez de ser la toma de una pastilla diaria, es solo administrado cada dos meses. “Incorporar este medicamento no sólo tendría un impacto presupuestario, sino que también afectaría significativamente la calidad de vida de las personas considerando todos los beneficios adicionales. Existe evidencia internacional que la modalidad de administración no encarece ni afecta a los servicios de atención”, indicó.
“Toda esta información de precios la maneja el programa, por lo que es fundamental que se transparenten los análisis económicos que ha realizado la industria farmacéutica, en donde no sólo se evalúa costo individual de terapia, sino también el impacto en otros costos asociados por ejemplo a eventos adversos, abandonos y fracasos terapéuticos que llevan a utilizar drogas de segunda línea, las cuales son aún más costosas”, apuntó.
Marco Becerra calificó el caso como “gravísimo” y una muestra más de la falta de innovación de parte del Gobierno actual. La situación, dijo, también aumenta la desigualdad socioeconómica respecto al acceso a salud en VIH, al tener las personas que se atienden en salud privada mayor acceso a medicamentos más innovadores, al igual que instituciones específicas como las Fuerzas Armadas.
“Estamos frente a una vulneración directa de derechos. Las personas que viven con VIH en Chile están siendo marginadas por criterios burocráticos, cuando lo que está en juego es su salud, su dignidad y su vida”, señaló.
“Respecto al medicamento Bictarvy® específicamente, el análisis de la relación calidad-precio es más complejo de lo que podría parecer inicialmente. No necesariamente ahorraría los 3.600 millones mencionados, porque cada caso se evalúa paciente por paciente, según la decisión y recomendación médica individualizada; considerando el estado de salud del paciente, otras enfermedades que pueda tener, medicamentos que ya esté tomando y posibles efectos secundarios”, explicaron, agregando que en casos específicos se puede cambiar a medicamentos más caros, y en otros, a más baratos, como lo sería el TLD (que de acuerdo a estudios es menos seguro a largo plazo por sus efectos renales y/u óseos, pero es mucho más económico y fácil de acceder).
Según explicaron, cuando se realizó el levantamiento de las posible mejores de incorporación al Decreto GES 2022 en las que se propuso el Bictarvy, “su incorporación no fue factible, junto con otras mejoras al GES, por una restricción de expansión presupuestaria del sector salud en su conjunto, debido principalmente al contexto post pandemia y las condiciones macroeconómicas de ese momento”.
Despriorización del VIH
En el acta pública N°130 del Consejo Consultivo GES, realizada en la sesión del pasado 12 de octubre, se tomó la decisión de despriorizar el VIH en la lista de patologías, dejándola en la posición 82 de 87. Esto se traduce en que esta patología no será evaluada al menos hasta 2030 en términos de medicamentos, prestaciones y oportunidades de acceso.
Eso significa, que el gasto extra que existe por la limitación del Bictarvy y otros medicamentos, podría mantenerse durante cinco años, sumando innecesariamente más de $28.350.000.000 en este periodo.
Desde ACCIONGAY denunciaron una “ruptura del vínculo entre el Estado y la sociedad civil marcada por el cierre de espacios de diálogo y la exclusión sistemática de actores comunitarios que históricamente han sostenido la prevención, atención y defensa de los derechos de las personas con VIH en Chile” durante este gobierno, afirmando que la comunicación en los últimos 30 años había sido mejor que en los pasados tres.
En específico, además de los problemas con la despriorización del VIH en la lista de patologías GES y la limitación de medicamentos innovadores, criticaron el “mal enfoque” de ciertos programas y campañas. Por ejemplo, la entrega de 200.000 autotest de VIH, tecnología cuestionada internacionalmente por su nula capacidad de trazabilidad, lo que afecta directamente las cifras, y por lo tanto, las medidas.
“No es solo un retroceso técnico, es un quiebre ético. El Estado debe garantizar una respuesta basada en derechos humanos, ciencia, participación y equidad”, concluyó Becerra.
Desde las subsecretarías del Ministerio de Salud (Minsal) negaron que el VIH esté despriorizado.
“Está presente en GES desde el primer decreto en 2005, lo que demuestra la importancia que le damos en la salud pública de nuestro país. Su cobertura es completa e integral, desde la sospecha hasta su tratamiento y seguimiento, con canastas específicas para distintos grupos (mayores y menores de 18 años, gestantes que viven con VIH y sus hijos e hijas). Cada cambio en este problema de salud, como en todos los GES, es producto de estudios muy exhaustivos de la evidencia científica disponible y sus resultados, siempre orientados a la mejora”, indicaron.
Asimismo destacaron para el último decreto GES 2022-2025 la suma de 3 exámenes para mejorar indicaciones terapéuticas, el nuevo otorgamiento de tratamiento individualizado para personas que han presentado múltiples resistencias a medicamentos, se agregó el Bictarvy (en segunda línea), se eliminó otr medicamento por mala tolerancia y se agregó un examen extra para el seguimiento de recién nacidos y niños expuestos al VIH. Además afirmaron que entre 2017 y 2022 han actualizado continuamente los medicamentos garantizados para VIH basándose en las últimas evidencias científicas, en beneficio a la población.
“Queremos dar tranquilidad a nuestros pacientes, porque los medicamentos actuales cumplen un alto estándar de seguridad, con beneficios comprobados como menor riesgo de osteoporosis, menos problemas con azúcar y grasas en sangre y menor riesgo de problemas renales”, concluyeron.
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