La familia primero: la trama de pitutos por la que Las Condes se querelló contra altos funcionarios

Usando contratos falsos y un tinglado que incluyó una empresa creada ad-hoc para prestar servicios a la corporación municipal, una funcionaria de Las Condes y su red de cercanos realizaron un fraude por más de $200 millones.

Así consta en una reciente querella criminal ingresada por la entidad municipal, luego de que la fundación América Transparente detectara las irregularidades. El libelo acusa a Natalia Fernández Oyarce, entonces jefa de Recursos Humanos durante más de 10 años, de no sólo “contratar” a su madre y una de sus primas en un vacunatorio local, sin que prestaran nunca los servicios comprometidos. También, con ayuda de su pareja, Eddy Symmes, director de Administración y Finanzas, hicieron que la corporación suscribiera un acuerdo de alimentación por $190 millones, el que igualmente benefició a la madre de la jefa de Recursos Humanos.

Para ocultar su actuar, Fernández elaboró informes de trabajo falsos para su madre y su prima y omitió información en el portal de Transparencia de la corporación, detalla la presentación.

Su ardid sólo quedó al descubierto en noviembre pasado cuando, ante una solicitud de información pública, tuvo que informar a un asesor jurídico sobre el contrato de su madre en el vacunatorio.

Servicios falsos en vacunatorio

Jefa de Recursos Humanos desde 2013, Natalia Fernández Oyarce había sobrevivido tres administraciones de la Unión Demócrata Independiente (UDI) cuando el 18 de noviembre pasado el asesor jurídico de la corporación, Pablo Peribonio, le pidió que reuniera los documentos requeridos en una solicitud de Transparencia.

Lo que parecía un simple requerimiento, en realidad tenía un trasfondo que Peribonio ignoraba. El documento pedía remitir los contratos de una funcionaria, Isolda Oyarce, con el municipio.

Se trataba de la madre de Fernández, quien supuestamente había sido contratada como supervisora de pabellón en el vacunatorio Apoquindo en 2023, a pesar de no contar con entrenamiento médico.

Incluso había sido la misma Natalia Fernández la que había instruido a una funcionaria que no aportara las planillas de honorarios del vacunatorio al portal, con el fin de que no quedara al descubierto el entuerto, detalla la querella.

Fernández confesó a Peribonio que Oyarce era su madre. Una semana después, la jefa de Recursos Humanos se vio obligada a renunciar. Por su labor, que en realidad nunca realizó, la Corporación de Educación y Salud de Las Condes pagó, entre abril y julio de 2023, $9.495.300 provenientes de las arcas fiscales.

Los informes de “bioestadística”

En la indagatoria interna, se reveló que Fernández había encubierto burdamente su actuar, luego de que en mayo de 2023 David Cáceres, encargado del vacunatorio Apoquindo, se enterara por medio de un administrativo de los pagos a Isolda Oyarce.

Desconcertado, ya que no la conocía, consultó a su jefa, Natalia Fernández, quien le comentó que Oyarce prestaba servicios directamente a la corporación. La funcionaria le aseguró que realizaba “informes de bioestadística”.

Para justificar las labores de Isolda Oyarce, se presentaron, en total, cuatro informes. De acuerdo con la querella, estos corresponden a “una descripción genérica de las funciones del vacunatorio Apoquindo, el plan de inmunización seguido, la indicación de la cantidad de pacientes inmunizados y el tipo de vacunas empleadas; todo en una sola página”.

Todo ello, “sin incorporar un análisis más profundo que pudiese justificar el servicio de ‘bioestadística’ que supuestamente prestaba Isolda Oyarce”, fustiga la municipalidad en su libelo.

Viviendo en Irlanda

La indagatoria interna develó que además se habían pagado boletas de honorarios por $4.224.000 a nombre de Macarena Oyarce Chia, prima de Natalia Fernández.

En el papel, ella prestó servicios de vacunadora, algo que —a juicio de la municipalidad— era imposible: en la misma fecha, según su propio LinkdIn, Oyarce estaba trabajando como barista en Irlanda.

Con exactamente los mismos informes que se había respaldado las labores de la madre de Fernández, se justificó el pago a esta última supuesta funcionaria, de acuerdo con la acusación de la corporación.

Contactada por BBCL Investiga, Oyarce Chia comentó que no tenía ninguna participación en los hechos: “En la época en que ocurrieron yo ya no vivía en Chile (me fui en 2022)”, se limitó a decir.

El contrato de 190 millones

Hay más. El 1 de marzo de 2024 se celebró un contrato entre la corporación y la Sociedad Comercializadora y Distribuidora Arayán SpA. Se trataba de un simple contrato de alimentación, que estableció pagos por desayunos, almuerzos y colaciones de los jardines General Blanche, Patricia y Padre Hurtado.

Sin embargo, ese contrato era parte de un esquema. La firma en cuestión no sólo no contaba con experiencia en el momento en que se firmó el acuerdo: la empresa ni siquiera existía. Su constitución legal recién se produjo el 6 de marzo de ese año. Es decir, cinco días después de alcanzar el acuerdo.

Según el libelo, la dueña, Solange Santos Vásquez, resultó ser amiga de Natalia Fernández, la entonces jefa de recursos humanos y pareja de Eddy Symmes, director de Finanzas y Administración de la Corporación. Este último fue quien visó el contrato en cuestión.

En seis meses, entre abril y octubre, la corporación canceló $189.965.610 a la compañía. El esquema, sin embargo, no habría tenido por finalidad favorecer a Santos, sino que esta correspondería a un “testaferro”. La idea era crear una fachada para que, en la práctica, fuera la madre de Natalia Fernández, Isolda Oyarce, quien pudiera prestar los servicios de alimentación a precios excesivos.

Hija fiscalizando a su madre

De acuerdo a la querella, fue el propio Symmes quien sugirió contratar a Arayán SpA a Ricardo Gutiérrez, secretario general de la corporación. Según argumentó, esa firma prestaba el servicio en el colegio al que asistían sus hijos. En realidad, Arayán no existía hasta ese momento y sólo entonces fue constituida por Solange Santos.

El contrato, cuya confección ordenó Symmes, establecía pagos de $1.000 más IVA por cada desayuno que proveyera la compañía, de $2.000 para los almuerzos y $500 por las colaciones.

A pesar de que Santos era legalmente la dueña, Isolda Oyarce se presentaba ante las directoras de los jardines como la propietaria, según la querella.

La fiscalización del cumplimiento del contrato estuvo a cargo de su hija, quien enviaba el certificado de entrega de alimentos a las directoras, para que lo devolvieran firmado. La querella así lo menciona:

“Contrario a lo que se estipulaba en el Contrato de Suministro, la supervisión de la ejecución de las prestaciones por parte de Arayán recayó en Natalia Fernández, lo cual resultó ser esencial para justificar el pago excesivo que se le hizo a Isolda Oyarce por los servicios prestados”.

Precios inflados

Los casi $190 millones pagados por los servicios entre marzo y octubre de 2024 no se correspondían ni con la cantidad ni con la calidad del servicio prestado, de acuerdo con la presentación.

En septiembre de 2024 se abrió una licitación para proveer alimentación a los tres jardines. Arayán SpA realizó una primera oferta de $5.355.000 por semana y una segunda de $4.284.000 por semana.

Los valores contrastan radicalmente con lo que pagó la corporación a la empresa entre agosto y octubre, cuando proveyó el servicio a los tres establecimientos —entre marzo y julio sólo lo había prestado para el General Blanche y Patricia—.

Así, entre esos meses Arayán cobró $83 millones, $28 millones por sobre los $45 millones que hubiese recibido utilizando el valor que la misma compañía ofreció en la última propuesta.

Finalmente, la empresa que se adjudicó el contrato, Soluciones Integrales Emergenza SpA, presentó una oferta bruta mucho menor, de $3.479.185 semanales. Por todo un año la firma acordó recibir $167 millones, mientras que Arayán SpA había obtenido $190 millones por ocho meses, de los cuales en cinco sólo prestaron servicios a dos jardines.

Por lo demás, tampoco la calidad de los alimentos habría sido la mejor. Según la querella, la directora del jardín General Blanche envió varios correos quejándose del servicio.

“Hay errores e imprecisiones”

Por estos hechos, el pasado 8 de abril la Corporación Municipal de Las Condes presentó ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago la querella por fraude al fisco y negociación incompatible de funcionario público.

La Unidad de Investigación de BBCL contactó al abogado de Natalia Fernández, Rafael Urquieta, quien señaló que se encontraban recopilando antecedentes para demostrar que “hay errores e imprecisiones” en la información entregada por su contraparte.

“Por el momento, hemos decidido no prestar declaraciones que perjudiquen el buen andar de la investigación”, aseguró Urquieta.

De forma idéntica contestó Solange Santos Vásquez tras ser contactada por este medio.

Hasta el cierre de esta edición, no se habían obtenido respuestas de Eddy Symmes e Isolda Oyarce.