Cronología de un atentado: el ataque a central china que llevó a La Moneda invocar Ley Antiterrorista

“Libertad a Luis Tranamil y todos los P.P.M. (presos políticos mapuche). Yordan Llempi, Matías Catrileo, presente en el Weichan (lucha). Nuestro objetivo es todo el Wallmapu”.

Ese es el mensaje que se leía en uno de los lienzos encontrados en las obras de construcción de la Central Hidroeléctrica Rucalhue en la comuna de Santa Bárbara, región del Bío Bío. Un hecho en el que —según informó la policía— participó un grupo de unos 20 sujetos, quienes provocaron la quema de 45 camiones y otros cinco vehículos.

En total, las pérdidas se encumbran por sobre los $4 mil millones y afectaron principalmente a las empresas contratistas de la zona que eran propietarias de la maquinaria y prestaban servicio a Rucalhue Energía SpA, perteneciente a la transnacional China International Water and Electric Corporation.

Según información recabada por BBCL Investiga, las diligencias investigativas —que quedaron a cargo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la Policía de Investigaciones (PDI), repartición que este lunes conformó un grupo especial— apuntan a un ataque altamente planificado.

Cronología de un atentado

De acuerdo con antecedentes recopilados por BBCL Investiga, toda la operación duró 17 minutos desde que ingresaron hasta que se escaparon por caminos rurales y forestales. Así queda también en evidencia al analizar la concurrencia de un carro policial a las 01:32 horas al lugar donde se emplaza el control de ingreso de las obras, ubicado a 80 metros de la ruta Q-61 que conecta Santa Bárbara con Alto Bío Bío.

A esa hora quedó registrada la visita de los policías en el marco de patrullajes preventivos que habían sido dispuestos para empresas y otros objetivos de interés en el sector.

“Hay una constancia de que concurren los carabineros a las 01:30 de la mañana, se entrevistan con las personas y no había ninguna novedad”, explicó el jefe de la Octava Zona de Carabineros Bío Bío, general Renzo Miccono.

Una vez la patrulla de Carabineros terminó el control de rutina, los individuos comenzaron el ataque por una zona lateral, evitando pasar por el control de acceso. Así, los camiones que fueron el blanco principal del ataque estaban estacionados aproximadamente 1 kilómetro más hacia el interior, tomando como referencia el control de ingreso.

El grupo armado llegó hasta el lugar a bordo de una camioneta blanca, cinco ocupantes al interior y siete en la parte del pik up. El resto de la banda ―porque se calcula que eran unos 20 en total― se encargó de los cortes de ruta y el levantamiento de barricadas.

Según fuentes consultadas por este medio, en un primer momento los guardias de la empresa pensaron que se trataba de la llegada de un ciudadano chino que habitualmente iba por las noches a desconectar un motor. Pero no era así.

Antes de encender el fuego, los sujetos encapuchados procedieron a intimidar y reducir a dos de los guardias que custodiaban las obras, mientras un tercer vigilante logró escabullirse y terminó enredado en un alambrado. Eso, de acuerdo a conocedores del hecho, le impidió dar aviso oportuno a la policía. Acabó con lesiones leves, por lo que debió ser atendido en un centro asistencial.

Para encender el fuego, utilizaron botellas de 330 ml con un acelerante amarillo y viscoso en su interior que lanzaron a las cabinas de los camiones o al interior de los estanques.

En la parte final de la operación una patrulla de Carabineros, que estaba por el otro lado del río, divisó el fuego y alumbró con un foco, siendo esta acción repelida a tiros. En ese escenario, los policías optaron por dar aviso al personal especializado antes de acercarse más al lugar.

Se cree que esto último les dio tiempo a los individuos de emprender la huida por caminos aledaños, posiblemente a bordo de otros vehículos que los esperaban en las cercanías.

Destino desconocido

Posterior al atentado, los sujetos huyeron, al menos en un vehículo de color blanco, realizando disparos al aire y con destino desconocido. Para poder hacer más fácil la huida, levantaron barricadas incendiarias y dejaron “miguelitos” en la ruta, buscando pinchar los neumáticos de quienes decidieran seguirlos.

40 minutos después del control, cuando volvieron a pasar cerca de las obras de la Central Rucalhue, los mismos carabineros que habían realizado el control fueron los que se percataron de la presencia de “miguelitos”, un árbol atravesado y barricadas incendiarias en la carretera.

Conocedores de la zona apuntan a que —por ahora— es difícil establecer exactamente hacia dónde enfilaron los atacantes. Incluso, cabe la posibilidad de que las barricadas hayan sido sólo un elemento distractor.

De acuerdo a fuentes de este medio, durante este domingo se encontró también una camioneta particular incendiada en cercanías del sector rural Villucura de Santa Bárbara, a unos 20 kilómetros de las obras de la Central Rucalhue. Ese vehículo mantenía encargo vigente por robo tras haber sido sustraído a un civil sólo días antes de concretarse el ataque. Se investiga si ese automóvil pudo haber sido utilizado en la movilización de los atacantes y como barricada o elemento distractor durante el atentado.

Según pudo conocer este medio, la empresa sólo contaba con dos cámaras de seguridad. Una que apuntaba al acceso principal, por donde no ingresaron los individuos. Y otra con un plano general de las obras, pero cuya visual estaba obstruida por elementos propios de los trabajos que allí se realizan.

Sin responsables

Hasta ahora, ninguna organización se ha adjudicado el ataque y tampoco se lee el nombre ni se ven símbolos de alguna de ellas en los elementos encontrados. Sin embargo, conocedores de estas materias apuntan a que —considerando las características del atentado y los nombres que reivindican— las sospechas recaen sobre la WAM (Weichán Auka Mapu).

En cuanto a los comuneros reivindicados en uno de los lienzos hallados en el sitio del suceso, el primero corresponde a Luis Tranamil Nahuel. Actualmente, el sujeto cumple condenas que suman 32 años de cárcel por su participación en el asesinato del carabinero Eugenio Naín en octubre de 2020, durante un operativo de despeje de la Ruta 5 Sur.

En efecto, Tranamil terminó condenado a 17 años de presidio en calidad de coautor del delito consumado de homicidio de carabinero en servicio, otros 10 años y un día de presidio como coautor del delito frustrado de homicidio de carabinero en servicio y 5 años y un día de presidio por el delito de homicidio frustrado del conductor de un camión.

Yordan Llempi Machacán, por su parte, fue un comunero mapuche que en noviembre de 2021 murió tras ser alcanzado por un disparo durante un procedimiento de infantes de marina en el sector San Miguel de Cañete.

El único funcionario de la Armada que fue llevado a juicio por el Ministerio Público terminó absuelto por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Cañete, organismo que hizo un duro reproche al ente persecutor en la sentencia.

“Visto desde la perspectiva del acusado y sus garantías en tal calidad, sí la transformó técnicamente en una investigación sesgada”, planteó el fallo que se conoció a fines del año pasado.

El último de los mencionados en el lienzo es Matías Catrileo Quezada, quien murió a manos de un carabinero en enero de 2008 cuando era parte de la ocupación del Fundo Santa Margarita en Vilcún, región de La Araucanía.

En concreto, el joven universitario fue ultimado por el cabo segundo Walter Ramírez Inostroza, quien le disparó por la espalda con una subametralladora UZI durante el procedimiento de desalojo de la toma.

En diciembre de 2011, la Corte Suprema confirmó una pena de tres años de libertad vigilada por el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte. El mismo máximo tribunal estableció en 2015, cuando condenó al fisco a un pago de $130 millones a la familia del joven, que Ramírez “utilizó armas de fuego no existiendo un peligro real e inminente para su integridad, razón por lo que la violencia ejercida al momento de los hechos fue del todo innecesaria y no encuentra motivo racional que la justifique”.

La nueva Ley Antiterrorista

Con todo, este mismo domingo el Gobierno comunicó que presentarán una querella invocando la nueva Ley Antiterrorista.

“Los hechos son muy graves. Nosotros tenemos las primeras informaciones. El Ejecutivo tomó la decisión, en este caso, de iniciar la recopilación de antecedentes porque se va a querellar por Ley Antiterrorista”, dijo el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

De acuerdo con fuentes consultadas por BBCL Investiga, la decisión la adoptó el Ejecutivo considerando que después de su última modificación, promulgada en febrero de 2025, la normativa establece penas más altas y permite además, llevar a cabo la persecución de la organización, otorgando competencias más amplias a los investigadores.

Como sea, el atentado abrió un intercambio entre el Gobierno y la Embajada China. Estos últimos llamaron al Ejecutivo a implementar mayores medidas para garantizar la seguridad de sus empresas.