Subus, Ariztía y Don Juan: la inédita arremetida de empresas contra las licencias médicas falsas

En la ofensiva contra las licencias médicas falsas, en la que hasta ahora sólo se habían involucrado las isapres y Fonasa, ahora se sumaron grandes empresas como Subus, Ariztía, Juan Bas Alimentos e ICB, matriz conocida por los aderezos Don Juan y los snacks Marco Polo.

Hoy por hoy, el trámite de las querellas se encuentra agrupado en la misma causa ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde son los únicos empleadores litigando contra médicos, haciendo frente al fraude perpetrado por varios galenos de origen colombiano, pero donde también asoman otros chilenos.

Se trata de una figura inédita que fue impulsada inicialmente por Subus, a mediados de 2023, luego secundada por Juan Bas Alimentos e ICB y, en febrero pasado, también por Ariztía. Todas lograron ser admitidas a trámite, pese a que en el pasado sólo se permitía a isapres y Fonasa impulsar dichas acciones.

La investigación se encuentra a cargo de la fiscal de delitos de alta complejidad, Ximena Chong, persecutora de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

A la fecha, en dos de las mencionadas querellas incluso se enviaron instrucciones a la Bridec Metropolitana para tomar declaración a los trabajadores que presentaron las licencias médicas bajo cuestionamiento. De hecho, en el caso de Juan Bas e ICB ya se han realizado dichas diligencias.

Subus a la carga

Subus, el operador de transporte público capitalino, fue el primero en tomar acciones. Todos los empleadores querellantes encendieron las alarmas básicamente por las mismas razones.

Según se detalla en las respectivas acciones judiciales, detectaron un alto número de licencias médicas, por muchos días, otorgadas por médicos sin la especialidad respectiva y, fundamentalmente, por profesionales que ya han estado bajo el ojo de Fonasa e isapres.

Por ejemplo, la primera querella de dicha empresa apunta contra el médico general Mario Dussuel Jurado, de nacionalidad chilena, quien emitió 8 licencias de 30 días a uno de los trabajadores de la empresa.

Precisamente, se trata del mismo que ya figura en indagatorias anteriores, las cuales dio a conocer en su momento BBCL Investiga.

En un segundo escrito, Subus se fijó también en el médico Jonathan Charris Hernández, de nacionalidad colombiana, quien entre 2018 y 2023 emitió 384 licencias sólo entre los trabajadores de sus filas.

En particular, emitió documentos a 14 de ellos. En promedio, les extendió al menos 10 licencias a cada uno. Peor aún, uno en particular presentó 37 de forma individual, todas desde el talonario del mencionado profesional.

Julio Toyos Llewellyn, gerente de Asuntos Públicos de Subus, explicó a BBCL Investiga que efectivamente tienen un número de personas que forman parte de la nómina, pero éstas no realizan sus labores. Algo que ocurre “de manera permanente y durante mucho tiempo”.

Sin embargo, cree que el asunto va más allá. El vocero de la empresa enfatizó que el engaño “va contra un sistema y contra la sociedad toda. Somos una empresa de transporte público que tiene un contrato con el Estado. O sea, nosotros también tenemos un rol que cumplir en esto. Nos parece que quedarse sin hacer nada no es el mejor camino”.

Recoleta 901

Al margen, otras empresas también han tenido importantes hallazgos en sus plantillas. La querella de Juan Bas Alimentos (JBA) e Importadora Café Du Brasil (ICB) apunta a un grupo de 22 médicos, que en conjunto están ligados a los mismos centros de salud. De acuerdo a la acción judicial, todos están vinculados al mismo domicilio en Avenida Recoleta 901, en la comuna homónima.

En específico, aluden a tres sociedades médicas: Servicios Médicos Hanner Rincones Miranda EIRL, Sociedad Asimedi SpA y Salud Vital SpA.

La primera de ellas es propiedad del médico colombiano Hanner Rincones Miranda, mientras que las otras figuran ligadas al también médico paisa Farid Torres Buelvas y al chileno Rodrigo Campos Cuello, respectivamente.

Este último, de hecho, fue formalizado y protagonizó lo que ha sido catalogado como la estafa de licencias médicas más grande de la historia de Chile. Como parte del megafraude a Fonasa del que se le acusa, es sindicado como dueño de al menos 10 empresas dedicadas a vender licencias médicas en Chile.

¿Cómo operaba? De acuerdo a la indagatoria, captaba médicos extranjeros, realizaba las gestiones para que obtuvieran un RUT provisorio y así poder emitir licencias, otorgadas a través de WhatsApp.

Tras su formalización a fines de 2022, el tribunal decidió dejarlo en prisión preventiva. Torres Buelvas, en tanto, quedó con arresto domiciliario en la misma instancia. Entre los 22 médicos aludidos en la querella de JBA e ICB, tres nombres se repiten también en el bullado caso de fraude: Jeynner Olivero Álvarez, Sonia González Guzmán y el propio Farid Torres Buelvas.

Ariztía, por su parte, fue la última en sumarse a la ofensiva de las empresas y apunta a un fenómeno similar al develado por la matriz de Don Juan: todas las licencias de sus trabajadores están relacionadas con las mismas tres sociedades médicas de Recoleta, en las que también se repiten nueve de los 22 profesionales de la salud aludidos.

Perjuicio patrimonial

El camino no fue fácil para los empleadores, pues para iniciar acciones debieron buscar un argumento jurídico apropiado para demostrar que la situación les generaba efectivamente un “perjuicio patrimonial”, considerando que las empresas no pagan las licencias médicas de su bolsillo. Por el contrario, dejan de pagar el sueldo y en su lugar lo deben hacer Fonasa o las isapres respectivas. Por esa razón es que ellos históricamente han sido esas instituciones las que figuran en las causas.

Según explicó la abogada María Soledad Ramírez, quien está asesorando a las empresas querellantes, encontraron una ventana “a través de un delito especial que está en el Código del Trabajo, que por primera vez se empieza a utilizar, y los tribunales tuvieron buena recepción, porque acá los empleadores también están siendo afectados”, enfatizó en conversación con la Unidad de Investigación de BioBioChile.

“El empleador se ve impactado porque el ausentismo trae muchas consecuencias, en temas de producción, cumplimiento con los clientes, se exponen a multas”, advirtió. Este último punto varía según el rubro. Por ejemplo, Subus en específico se expone a multas si no cumple con la frecuencia de los servicios de buses.

Con todo, señaló que para los empleadores “el costo económico es enorme por los remplazos y los pagos de horas extras, porque se pagan con recargo. Entonces reponer un trabajador sí les sale muy caro a las empresas”.

Asimismo, precisó que el mayor golpe con estos mecanismos se los lleva Fonasa, principalmente por su menor capacidad de fiscalización frente a las isapres. Precisamente, algunos centros médicos acostumbran a vender licencias sólo a afiliados al sistema público. “El 90% a 95% de nuestras denuncias son por licencias médicas otorgadas a trabajadores afiliados a Fonasa. Estamos haciendo un trabajo que está ayudando a la poca capacidad de fiscalización que tiene el Estado”, subrayó la abogada.