El miércoles, la Asociación de Salmonicultores de Magallanes ingresó una denuncia ante la Contraloría General de la República para que se “investigue y determine la existencia de un posible conflicto de interés y/o eventuales infracciones a los principios de probidad administrativa, imparcialidad y servicialidad” de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en el proceso de formulación del Plan de Manejo de la Reserva Nacional Kawésqar.
¿Qué acusa el gremio? Que durante los años 2018, 2019 y 2020 se celebraron convenios marcos entre CONAF, la ONG The Pew Charitable Trust (Pew) y la Universidad Austral de Chile (Uach), que -según la denuncia- tienen como objetivo dictar la gestión y manejo de las áreas protegidas de la Patagonia Chilena.
Frente a esto, Radio Bío Bío se acercó a la asociación, a la ONG Pew, a la Usach y a la CONAF para entender las distintas versiones sobre lo denunciado.
Salmonicultores de Magallanes
Un documento de 41 páginas es el que la asociación envió a la Contralora General de la República (s), Dorothy Pérez. Le solicitan que “ordene y disponga aquellas diligencias, actuaciones, sanciones y/o declaraciones solicitadas en las peticiones concretas sometidas a su decisión” para que “investigue y determine la existencia de un posible conflicto de interés y/o eventuales infracciones a los principios de probidad administrativa, imparcialidad y servicialidad, en los que pudiera haber incurrido la CONAF en el contexto de la preparación y obtención de la aprobación del Plan de Manejo del Parque Nacional Kawésqar y la Reserva Nacional Kawésqar”.
En el escrito, que es redactado por el presidente de la asociación, Carlos Odebret, se da cuenta que el 26 de enero de 2018, el Ministerio de Bienes Nacionales promulgó el Decreto n°6, por el cual se creó el Parque Nacional Kawésqar. Allí se detalló que quedaría bajo la tuición, administración y manejo de CONAF, la que debería obtener la aprobación de su plan de manejo en un plazo de 18 meses. Pero que “a la fecha de esta presentación, la aprobación de los planes de manejo de PNK y RNK aún no ha sido obtenida”.
Y se señala que existen “antecedentes graves que permitirían vincular parte del financiamiento de la CONAF con organizaciones no gubernamentales con un marcado interés en el activismo ambientalista, lo que determinaría la posible influencia de parte de éstas en el ejercicio y la planificación de las funciones de dicha corporación”.
Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, explica que “hablamos de influencia irregular en la elaboración del mencionado plan. Es decir, Pew, una ONG que ha manifestado su interés de impedir el desarrollo de la salmonicultura, financia, a través de un entramado de convenios a CONAF para el desarrollo de una política pública con importantes efectos sobre terceros”.
Y que a partir de antecedentes obtenidos a través de Transparencia por el gremio, indican que en los acuerdos se plasma una estructura en la cual la Uach, con fondos de la ONG Pew, se comprometería a proveer financiamiento para la contratación de personal utilizando la modalidad conocida como “Fondos de Terceros”. A cambio, CONAF alcanzaría ciertos objetivos y metas de gestión, proporcionando informes regulares de rendición de cuentas a la Uach.
Pero que esto se inició con anterioridad ya que “Pew, una ONG estadounidense, proporcionó más de $1.900 millones a la UACH que posteriormente habrían sido traspasados a CONAF en un monto que aún desconocemos y esperamos sea aclarado en la investigación. Esos dineros fueron destinados a la contratación de personal que trabaja en la elaboración del plan de manejo de la Reserva Nacional Kawésqar y a quienes realizan los estudios técnicos que lo sustentan”, señala Odebret.
En palabras simples, Pew hizo un aporte en 2018 por $1.939.736.919 para el desarrollo de las áreas protegidas en la Patagonia chilena lo que terminó convirtiéndose en el “Programa Patagonia Austral de la Uach”, información que se aparece en la Memoria Anual y los Estados Financieros de la universidad.
Agregó el líder de la asociación que: “La influencia de Pew y la Uach sobre CONAF a través de la financiación y el control presupuestario comprometen la imparcialidad y la objetividad de la función pública que desempeña esta última. Esta captura corporativa vulnera el principio de probidad administrativa, establecido en la Constitución y leyes chilenas, al comprometer la imparcialidad en el ejercicio de las competencias públicas y favorecer intereses particulares sobre el interés general”.
Defensa de los denunciados
Radio Bío Bío se acercó a la Universidad Austral para tener en cuenta su versión de los hechos. Indicaron que “la Universidad Austral de Chile ha colaborado con CONAF por décadas, poniendo a disposición sus científicos y capacidades técnicas para resolver múltiples problemas del territorio en el ámbito de la conservación de la naturaleza, gestión de áreas protegidas, servicios ecosistémicos, producción forestal, control de incendios, políticas públicas, entre otros, siempre en consecuencia con su rol público”.
Y que al mismo tiempo, el programa Austral Patagonia de la Uach, que es el que recibe financiamiento de Pew, “ha colaborado en generar y transferir nuevo conocimiento con el objetivo de fortalecer y mejorar la gestión en las Áreas Silvestres Protegidas de la Patagonia. Gestionar técnicamente enormes extensiones de territorio protegido (nuevos y antiguos), sus especies y ecosistemas, significa un enorme desafío como país, ante el cual la Uach ha dirigido sus capacidades científico técnicas”.
Desde Pew Chile también respondieron a las preguntas de la Radio. Ellos fueron críticos contra los salmonicultores. “La evidencia demuestra que desde hace meses la industria del salmón ha presionado para seguir operando dentro de las áreas protegidas de Chile y para expandirse dentro de ellas. Esto a través de una arremetida comunicacional y de lobby”, señalaron.
Agregaron que para lograr su objetivo cuestionan “el trabajo de CONAF y de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que buscan proteger estas áreas que fueron creadas para asegurar la preservación y conservación de la biodiversidad del país. No se trata de estar en contra de la salmonicultura per se, la cual debiera evolucionar a la sostenibilidad como lo están haciendo otras industrias. Vemos esto como una resistencia a generar un modelo de negocio sostenible acorde con las prioridades globales y nacionales de conservación”.
Pew destaca que la asociación antes mencionada “reúne a poderosos intereses de fuera de la región de la cual toman su nombre y sobre la cual ejercen influencia para poder acceder a las áreas protegidas. Los miembros de esta asociación incluyen a las empresas Australis Seafoods propiedad de la transnacional China Yoyvio Group, Multi X de las multinacionales norteamericana Cargill y Japonesa Mitsui Corporation, Cermaq de la transnacional Japonesa Mitsubishi Corporation — Blumar del Grupo Yaconi y Santa Cruz /Sarquis y AquaChile propiedad de Agrosuper”.
En relación a los convenios firmados, la ONG sostiene que “trabajamos en colaboración con todos los organismos que se relacionan con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, tales como Ministerio del Medio Ambiente, CONAF, o Bienes Nacionales, desarrollando ciencia y documentos técnicos que insuman el mejor manejo de las áreas protegidas, en uno de los sistemas con menor financiamiento a nivel mundial”.
También niegan lo acusado por la industria salmonera: “Con CONAF tenemos un convenio de colaboración que no establece obligaciones de control ni decisión, y que no refiere al manejo de las áreas protegidas ya que este rol sólo lo ejerce el servicio público a cargo legalmente, en este caso CONAF. En el caso de Pew y la Universidad Austral los convenios son de cooperación mutua y no contratos de servicios o de interés unilateral como se trata de dar a entender. Nuestro fin desde Pew es entregar la mejor evidencia científica disponible a los servicios públicos para la mejor toma de decisión, responsabilidad última que recae en los organismos del Estado a cargo”.
Sobre la intención de una ONG norteamericana en Chile, indicaron que son una organización internacional “no partidista y sin fines de lucro. En Chile buscamos que las áreas protegidas de la Patagonia cuenten con la mejor gestión posible para que cumplan con la vocación de su creación: asegurar la conservación de la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio natural”.
Finalizan explicando que “tal como la gran mayoría de las ONG en el mundo trabajamos en colaboración público-privada -a través de convenios avalados y regulados por la normativa nacional- para enfrentar desafíos globales de conservación en una realidad en que los gobiernos no cuentan con el financiamiento o capacidades necesarias para salvaguardar ecosistemas amenazados como el de la Patagonia”.
Versión de CONAF
Arturo Rojas, director de CONAF Región de Magallanes, respondió a las preguntas de Radio Bío Bío. Este señaló que dentro de las competencias de la corporación y de sus atribuciones legales “busca alianzas de colaboración con diversos organismos e instituciones públicas y privadas que puedan informar los procesos de creación o mejoramiento de política pública, en aspectos como la elaboración de informes técnicos, desarrollo de investigación científica, apoyo logístico, facilitación y apoyo en instancias de participación con comunidades indígenas y locales, entre otras”.
En detalle, sobre los convenios, señala que “en la administración anterior, en el año 2020, CONAF suscribió un Convenio Marco de Colaboración con la ONG The Pew Charitable Trusts, el cual considera renovación hasta el 2025, cuyo objetivo es prolongar el marco de cooperación en materias relativas a la investigación, protección y desarrollo de acciones y modelos de gestión para la conservación de los ecosistemas”.
Y que ese mismo año, firmó “con la Universidad Austral de Chile un Convenio Marco de Colaboración para la realización de actividades relativas al apoyo a la gestión y manejo de las áreas silvestres protegidas, en diversas líneas de acción como vida silvestre, planes de manejo, monitoreo, educación ambiental y vinculación comunitaria”.
Da cuenta que la generación de alianzas “es parte de los esfuerzos de la corporación para enfrentar los desafíos de la conservación de los ecosistemas en un escenario de Cambio Climático, donde el aporte de diversas instituciones es clave”.
Recalca que “vale hacer presente que en ningún caso se ha configurado un conflicto de interés ni se ha comprometido la imparcialidad de la Corporación Nacional Forestal en la elaboración del Plan de Manejo de la Reserva Kawésqar, ya que ninguna de las entidades mencionadas en el presente recurso son sujetos fiscalizados por CONAF. Tampoco se han influido o requerido un contenido específico en el instrumento por parte de las entidades colaboradoras, siendo utilizados sus aportes única y exclusivamente para los objetivos y situaciones expresamente contemplados en la regulación. En específico, la consulta indígena será financiada por recursos propios”.
Salmonicultores denuncian a CONAF por posible conflicto de interés con ONG extranjera
