Sara Donoso Mendoza, funcionaria de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Coronel, prestaba un servicio completo. Corrupto, pero con todas las prestaciones para aquellos que deseaban hacerse de una licencia de conducir al margen de la ley. Incluso ofrecía “promociones” y paquetes al por mayor.
Su actuar desvergonzado quedó al descubierto tras una denuncia anónima que terminó en sendas indagatorias: un sumario administrativo municipal y una investigación especial de Contraloría.
En ambas se constató la emisión de más de 190 documentos que fueron tramitados empleando las más burdas estrategias: utilizó su propio RUT para rendir las pruebas teóricas de terceros, falsificó certificados de estudios y hasta otorgó licencias por periodos superiores a los establecidos en la ley.
Una concatenación de desprolijidades que derivaron en su destitución tras un procedimiento que —a juicio de la Contraloría— se dilató más de la cuenta. La Fiscalía de Coronel ya investiga los hechos.
Haciendo precio
—Las B las vamos a bajar. Me deposita 110 nomás. Ya que son varias.
Las licencias clase B son las más básicas, para conducir autos. Pero Sara Donoso vendía de todos los tipos, incluso de las profesionales clase A.
Las clase A4, para conducir camiones livianos; y las clase A3, para taxis, vehículos escolares, ambulancias y transporte público, solía ofrecerlas a 300 mil pesos.
Pero si compraban al “por mayor” también mejoraba los precios. Así consta en uno de los registros de WhatsApp —a los que accedió BBCL Investiga— donde ella ofertaba sus servicios y además recibía las notificaciones de los pagos.
—Si saca la A4, A3 y la B, la B se la dejo a 100. Si sólo saca la A4 y la B, son 300 y 130.
Por el mismo precio, en ocasiones incluía servicios adicionales.
—¿Hasta qué año de estudios piden? —le consultó Jeanette Montecinos, una intermediaria que le llevó varios “clientes”, según la investigación.
—Octavo Básico —le precisó Sara.
Y si eso era problema, también tenía la solución.
—Si no, me puedo conseguir los certificados de Octavo.
Por si fuera poco, también conseguía los certificados del curso de conducción profesional, que otorgan las escuelas de conductores y que es un requisito obligatorio para optar a las licencias clase A.
—Son legales. Las (licencias) profesionales demoran un poquito más que las B por el tema que hay que mandar a hacer los certificados a la escuela —le advirtió a uno de sus clientes.
En resumen, funcionaba como una pyme. Y una bastante lucrativa. Hasta que todo quedó al descubierto.
Rastros evidentes
Sara Donoso empezó en abril de 2003 como auxiliar en un programa municipal. Desde 2012 a 2017 se desempeñó en la Dirección de Tránsito confeccionando órdenes de ingreso para el pago de licencias. A partir de entonces escaló a oficial administrativo en el mencionado departamento, a contrata, y luego en 2022 logró conseguir un cargo como personal de planta.
El sumario de la casa edilicia inició en enero 2020, en el cual le formularon nueve cargos, por diferentes hechos. Entregó al menos 190 licencias de conducir de forma irregular. Incluso a una persona que estaba impedida de obtener el documento por tener en su hoja de vida antecedentes penales. Se trata de un sujeto identificado como Juan Gabriel Hernández Nori.
Y es que la norma es clara. Ningún condenado por violencia intrafamiliar, crímenes contra menores de edad, delitos sexuales, ilícitos asociados al narco, delitos cometidos en vehículos e infracciones a la Ley Emilia y Tolerancia Cero puede acceder a una licencia hasta cinco años después de haber sido sentenciado.
De acuerdo a fuentes de BBCL Investiga, Hernández cuenta con cuatro condenas por falsificación de licencia de conducir, conducción sin la licencia debida y otros delitos contra la ley del tránsito.
Las pruebas que llevaron a la caída de Sara fueron extremadamente evidentes y no dejaban espacio a dudas respecto de las irregularidades.
Por ejemplo, entre los 190 casos detectados por el sumario, la revisión mostró que algunos de ellos obtuvieron las licencias pese a reprobar el examen teórico y el psicotécnico.
Otros aparecen aprobados, pero las pruebas fueron rendidas con el RUT de la propia Sara Donoso. Luego adulteró la casilla e incluyó los nombres con sus “clientes”. Un documento evidentemente fraudulento.
Falsificaciones burdas
Los errores de forma eran tan evidentes que la revisión detectó que algunas licencias profesionales fueron otorgadas por un mayor plazo al fijado por ley. Las licencias profesionales, obtenidas legítimamente, duran cuatro años. Donoso extendió al menos 48 licencias que superaban ese plazo. Una, incluso, llegó a los seis años y tres meses. Se trata de un chofer que consiguió un documento que le permite conducir buses de transporte público. Justamente en una zona golpeada por las deficiencias de la locomoción colectiva.
Los certificados de estudios que conseguía también eran evidentemente falsos. En un caso, el documento acreditaba estudios medios finalizados en 1988. Sin embargo, el solicitante había nacido ese mismo año. Por tanto, era imposible que hubiera egresado de su educación secundaria con apenas nueve meses de vida.
Al revisar el portal del Ministerio de Educación, la Contraloría se percató que el mismo individuo reprobó séptimo año básico con lo que no cumplía los requisitos mínimos para optar a una licencia. Pese a ello, obtuvo en 2022 una profesional A2.
A todo esto, se suman las firmas falsificadas del director de Tránsito, Luis Coloma; al igual que la del oftalmólogo que examinaba a los postulantes.
Sumario deficiente
Contraloría descubrió otro punto inquietante. Pese a todas las irregularidades descubiertas en su investigación especial y en el sumario de la municipalidad, no consta que esta última haya instruido un procedimiento para invalidar los documentos otorgados sin apego a la ley de tránsito. Es más, se constató que al menos cinco conductores cuestionados, entre 2020 y 2022, obtuvieron nuevas licencias de conducir a partir de las previamente entregadas fuera de la norma.
Una vez que estalló el caso, la funcionaria, entre septiembre 2021 y marzo 2023, presentó 22 licencias médicas consecutivas y se mantuvo fuera del municipio por 536 días. En efecto, no volvió a sus funciones, pues fue destituida en 2023 a raíz del sumario municipal. De todos modos, el organismo control descubrió que le pagaron el sueldo completo en febrero de este año, tal como si hubiera asistido todos los días.
Por si fuera poco, Contraloría reprochó también la dilación del proceso sumarial. Las sanciones tardaron 36 meses en llegar, a inicios de 2023, aún cuando el sumario fue ordenado en enero 2020. Aunque el alcalde Boris Chamorro, consultado por Radio Bío Bío, le bajó el perfil al asunto y descartó demoras: “Lo primero que se instruyó fue la investigación sumaria. Posteriormente, mientras se desarrollaba el proceso sumarial, desarrollamos y entregamos los antecedentes al Ministerio Público. Y el proceso sumarial determinó la desvinculación de la funcionaria, que fue la que nosotros determinamos”, subrayó.
Hoy, la Fiscalía de Coronel indaga los hechos en conjunto con la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI. Según cuentan desde el organismo persecutor, se trata de una causa “con un importante volumen de antecedentes”, considerando que “son centenares las personas involucradas en la obtención de las licencias de conducir falsas”.
Los antecedentes ya fueron remitidos al Consejo de Defensa del Estado, quienes deberán analizar la eventual presentación de una querella.
Desorden general
Más allá del caso de Sara, Contraloría detectó otras irregularidades en su investigación sobre el funcionamiento de la Dirección de Tránsito coronelina.
Por ejemplo, el funcionario Marcelo Meza Torres tramitó las licencias de conducir A2, A4 y C de su hijo Ángel Meza Flores. Rindió el examen teórico para las tres clases el mismo día, en una hora. Y esa misma jornada rindió el examen práctico, el que fue tomado y aprobado por… su padre.
Carmen Caro Parra, médico del gabinete psicotécnico de Coronel, al parecer aprendió el arte del desdoblamiento: figuraba trabajando en el Cesfam de Lorenzo Arenas en Concepción al mismo tiempo que debía estar en la Dirección de Tránsito tomando exámenes. Verificados los registros de asistencia, Contraloría constató una incompatibilidad de 572 horas y 25 minutos.
En tanto, otro caso de licencias también reprocha a otros funcionarios. Un conductor realizó en 2016 el control de su licencia de conducir clase B y D, con una orden de ingreso girada por Francisca Donoso Mendoza, hermana de Sara Donoso Mendoza y, además, secretaria del alcalde Boris Chamorro y esposa del core Francisco Reyes.
En la situación detectada, Contraloría verificó que el conductor fue examinado por el médico del gabinete y rindió las pruebas psicotécnicas, pero “sin encontrarse su licencia de conducir anterior archivada e inutilizada y sin verificarse documentadamente un trámite posterior en el municipio”.
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