"Pa la freedom": indagan a gendarmes por recibir coimas para adelantar libertad a peligrosos reos

El Ministerio Público indaga a dos funcionarios de Gendarmería de Chile (Genchi) por adelantar la libertad de reclusos a cambio de millonarias coimas.

De acuerdo a información recopilada por la Unidad de Investigación de BioBioChile, los efectivos penitenciarios adulteraron distintas fichas de cumplimiento de condenas, mediante la vulneración del sistema de estadística institucional.

Según fuentes consultadas por este medio, los funcionarios investigados corresponden a José Antonio Olivares Huerta, conocido por sus compañeros como Coipo o Ronaldinho, y Wladimir Andrés Contreras Fernández, ambos en su minuto de la dotación del Complejo Penitenciario de Valparaíso.

Auto reventado

El primero de ellos hizo noticia al interior de Gendarmería hacia fines del año recién pasado, cuando su auto terminó destruido a balazos. De hecho, el 7 de diciembre de 2022, a través de sus redes sociales, la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) daba cuenta de esta situación sufrida por uno de los suyos. En la comunicación, alegaron que se trataba de “una clara amenaza a Gendarmería”. No obstante, más bien se trataba de una clara amenaza al gendarme dueño del auto.

El mensaje de disconformidad fue directo. Una cruz en el capó con pintura roja y decenas de perforaciones con balas de alto calibre repartidas por todo el frontal del vehículo no dejaron lugar a dudas.

Auto baleado | Cedida a BBCL Investiga

Resulta que —apuntan fuentes conocedoras de la materia— el Coipo mantenía negocios al margen de sus funciones al interior de la cárcel porteña: a cambio de sobornos conseguía disminuir el tiempo que peligrosos reclusos debían pasar a la sombra de la prisión.

Aquí aparecen al menos dos reclusos. Uno condenado por robos y el segundo por delitos vinculados al narco.

Según quienes saben de la interna del caso, el ataque en cuestión fue en respuesta al mal resultado de uno de esos negocios. En efecto, pese a haber recibido dineros el cabo primero no logró rebajar los días de presidio a uno de sus clientes.

En rigor, se sospecha que fueron familiares del reo que no resultó beneficiado quienes ejecutaron la represalia y al interior de la cárcel se comenta que las amenazas a funcionarios vinculados a estos dos gendarmes continuaron replicándose.

Una fuente de BBCL Investiga sostiene que los montos se empinan entre los 6 y 7 millones de pesos. Algo que, junto con la eventual responsabilidad penal de los involucrados, deberá ser ratificado o descartado por la indagatoria en curso.

Detección y sumario

En marzo de este año, la institución inició un sumario interno que decantó rápidamente en la suspensión de ambos funcionarios. En concreto, fue durante la mañana del 9 de ese mes que un capitán, designado como fiscal administrativo del caso, se constituyó en dependencias del complejo penitenciario para notificar de la medida precautoria.

Ambos, sin embargo, no corrieron con la misma suerte. Pese a que los dos efectivos fueron desvinculados por la institución, Wladimir Contreras consiguió revertir momentáneamente su destitución. Esto, tras ganar un recurso en la Corte de Apelaciones de Valparaíso que le permitió volver a sus funciones a la espera del resultado del sumario y de la investigación penal. Lo hizo, eso sí, no en el principal complejo de la región donde ocurrieron los hechos, sino en un centro de reinserción. El Coipo, por otro lado, se quedó con las manos vacías: recurrió fuera de plazo.

Desde Gendarmería destacan que la situación fue descubierta “gracias a controles internos”. Esto permitió detectar “la adulteración de la ficha de cumplimiento de condena, evidenciando una diferencia en el tiempo de saldo de condena de algunos privados de libertad”.

“Como institución lamentamos y rechazamos todo acto reñido con la probidad por parte de nuestro personal”, enfatizan.

En paralelo, fuentes de Gendarmería apuntan que este y otros hechos de corrupción mantienen en alerta a la institución verde boldo. Por esto, aseveran, se ha intensificado el trabajo del Departamento de Investigación Criminal y del Departamento de Inteligencia Penitenciaria. También se han reforzado los valores institucionales en el proceso formativo de los futuros funcionarios.

En total, se han identificado unas 1.100 bandas en recintos penitenciarios de todo el país, integradas por más de 4 mil internos aproximadamente.

Posibilidad real

Pese a que fuentes consultadas aseguran que hubo reos que lograron adelantar su libertad a cambio de dinero, desde el organismo niegan tajantemente cualquier salida anticipada.

De todos modos, el exdirector de Gendarmería, Christian Alveal Gutiérrez, sostiene que esa es una posibilidad absolutamente real.

En diálogo con BBCL Investiga, el ex número uno de Gendarmería detalla que sólo ciertos funcionarios tienen acceso al sistema de estadística mediante claves de seguridad que impiden que cualquiera pueda hacer modificaciones.

En consecuencia, dice Alveal, “puede ser que un funcionario que trabaje en estadística o que haya trabajado en estadística (…) pueda a través del soborno o extorsión modificar estas condenas. Eso es totalmente esperable, no es algo que uno pueda descartar”.

Además, recuerda que la modificación de condenas por parte de gendarmes “es algo que se ha dado en la historia penitenciaria”, motivando el inicio de varios sumarios administrativos.

—Claramente esto no es algo ajeno a lo que pudiese ocurrir. De hecho, una preocupación bastante antigua de Gendarmería, y no solo en mí administración, sino que anterior a la mía también, fue cómo robustecer el sistema informático de Gendarmería. Y en algún minuto nosotros, a través de algunas reuniones, hicimos ver la necesidad de contar con un sistema informático de análisis masivo de datos que tuviese los estándares de seguridad que el actual no los tiene —advierte.

Opiniones aparte, el caso penal fue asignado a un persecutor de la Fiscalía Especializada Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de Valparaíso, siendo decretada como secreta la investigación que todavía continúa desformalizada.

En ese contexto, desde el organismo persecutor descartaron emitir declaraciones sobre el caso y sus posibles alcances.

Posterior a la publicación de este artículo, el cabo primero Wladimir Contreras tomó contacto con este medio para manifestar su absoluta inocencia en los hechos por los que está siendo investigado, asegurando que se trata de un “complot” en su contra y que “jamás recibió dinero” de ningún reo por esta u otras situaciones reñidas con la ley.