Seguridad nacional: ubicación de explosivos de la Armada queda expuesta por error en causa pública

El destino de 515 explosivos de la Armada quedó expuesto en un informe caratulado como “secreto” que fue divulgado —tras una cadena de errores— en una causa pública aún disponible a través de la Oficina Judicial Virtual (OJV) del Poder Judicial.

Según información recabada por la Unidad de Investigación de BioBioChile, el origen de la historia se remonta a junio de 2020, cuando tres hombres fueron detenidos en Valparaíso por el tráfico de 1,5 kg del explosivo plástico C-4.

De acuerdo a fuentes de este medio, se trata de una carga de uso bélico, empleado principalmente para demoliciones y manipulado por personal altamente calificado. Entre ellos, comandos de infantería marítima y buzos tácticos.

La causa se abrió precisamente tras una denuncia de la Armada, al descubrir que los imputados ofertaban el material a través de WhatsApp junto a una mecha y otros implementos asociados. Las sospechas apuntaban justamente a un robo de entre sus mismas filas.

Inmediatamente, el Ministerio Público inició las diligencias para dar con los responsables. Así, las instrucciones del fiscal Maximiliano Krause, que incluyeron el uso de agentes encubiertos, permitieron la detención de Javier Escudero Cepeda, Alejandro Vargas Bernal y Joel García Cepeda. Este último integraba las filas de la Armada.

El oficio

Como parte de las diligencias, la fiscalía solicitó información a la institución naval, a fin de establecer la procedencia de los explosivos ofertados.

La respuesta llegaría en un oficio caratulado como “secreto”. Fechado el 22 de julio de 2020 y firmado por el jefe del Estado Mayor General de la Armada, vicealmirante Guillermo Lüttges Mathieu, el documento entrega la ubicación exacta de 515 explosivos C-4 de la institución. Éstos corresponden al mismo lote del que procedían aquellos transados en el mercado negro de Valparaíso.

Entre los polvorines donde fueron destinados los explosivos, figuran casi 40 unidades de la Armada: escuelas, buques, patrulleros y lanchas misileras.

Para todas ellas, incluso se precisa la cantidad exacta de pertrechos de estas características.

BBCL Investiga se reserva los nombres de las unidades mencionadas en el informe, precisamente por tratarse de información que podría afectar la seguridad nacional.

¿Responsabilidades?

El informe se mantuvo en calidad de reservado, hasta que el Ministerio Público ingresó la acusación el 6 de octubre de 2021. El persecutor adjuntó la prueba documental en contra de los imputados y entre los archivos incorporó justamente el oficio secreto de la Armada.

Ese mismo día, el documento quedó disponible para cualquier persona con acceso a internet en la Oficina Judicial Virtual (OJV) del Poder Judicial. Todo esto, como consecuencia de una concatenación de errores entre los organismos involucrados de la que nadie se responsabiliza.

Al interior de la Armada miran con preocupación el caso. Precisamente explican que el documento divulgado contiene información de carácter altamente sensible para la seguridad nacional. En esa línea, califican el hecho como “grave”.

Sin ir más lejos, un día después de las consultas de BBCL Investiga, la institución ingresó —este jueves— una denuncia ante el Ministerio Público contra todos quienes resulten responsables por la ventilación de los datos.

“Efectivamente aquí hay un problema de seguridad nacional y hay un problema de riesgo. Alguien está divulgando información, así que vamos a ver que alguien se contacte con el Poder Judicial”, comentan desde la interna de la institución naval.

Fuentes de fiscalía, en tanto, sostienen que si la Armada estaba en conocimiento de que se podía poner en riesgo la seguridad de la nación, la institución debió negarse a entregar la información requerida. Esto hubiese obligado al persecutor —por ley— a solicitarla a través de un ministro de la Corte de Apelaciones correspondiente. En este caso, la de Valparaíso. Situación que no ocurrió.

Lo anterior se sustenta en el Artículo 19 de la Ley 19.696 del Código Procesal Penal, que establece que todas las autoridades y órganos del Estado deben realizar las diligencias y proporcionar, sin demora, la información que requiera el Ministerio Público y los tribunales con competencia penal. No obstante, cuando se tratase de información con carácter de secreto, se exigirá el resguardo de rigor.

En ese sentido, la fiscalía tenía la obligación de asegurarse que el documento no fuera divulgado.

Un año y ocho meses expuesto

Más allá de los procedimientos, la ubicación de explosivos es considerada por el Código de Justicia Militar como un contenido que se relaciona directamente con la seguridad de la nación.

Con todo, fuentes del Poder Judicial indicaron que el Ministerio Público no solicitó la reserva del archivo. Así, pese a que ha transcurrido un año y ocho meses desde entonces —y no obstante las consultas de BBCL Investiga— el informe secreto aún puede ser desplegado a través de su sitio web.

“La Inteligencia Naval nunca supo que en la OJV estaba disponible al público toda la info. Eso quiere decir que no hacen un seguimiento al estado de los procesos donde tienen personal involucrado”, fustiga una fuente conocedora de la materia.

Mientras todo eso ocurre, el juicio oral en contra de los tres imputados está fijado para el 17 de julio próximo.