Pese a que murió el 4 de julio de 2020 -fruto de una insuficiencia respiratoria aguda- el médico Emilio Cintolesi Richter siguió, por así decirlo, ejerciendo la medicina. Al menos en el papel.
El nombre del radiólogo figura ahora en medio de una investigación del Ministerio Público por usurpación de identidad, fraude, ejercicio ilegítimo de la profesión y falsificación de instrumento privado.
De acuerdo con antecedentes recopilados por la Unidad de Investigación de BioBioChile, la indagatoria surgió como consecuencia de una querella criminal presentada por la Ilustre Municipalidad de Los Álamos. ¿El objetivo? Determinar las responsabilidades penales de los dueños de un centro ecotomográfico con sede en Las Condes que, a juicio del municipio, falsificó los informes de cientos de pacientes alameños que participaron de un operativo de salud.
La licitación
La trama comenzó a gestarse el 23 octubre de 2020, fecha en que el Departamento de Salud Municipal de la comuna, ubicada en el corazón de la provincia de Arauco, abrió un proceso de licitación pública. Su fin era facilitar la toma de ecotomografías abdominales, en el marco del Programa de Imágenes Diagnósticas en Atención Primaria de Salud del Ministerio de Salud (Minsal). Mismo proyecto que desde 2010 se viene ejecutando a nivel nacional con la finalidad de suplir el déficit de toma de exámenes en el sistema público.
En simple, son recursos adicionales que el Minsal otorga a municipios y servicios de salud locales para que éstos liciten la toma de imágenes a proveedores particulares, buscando la detección precoz en la población de enfermedades.
En este caso, el departamento de salud municipal de Los Álamos se acogió al componente 3 del programa del Minsal, apuntando precisamente a la “detección precoz y oportuna de patología biliar y cáncer de vesícula” con la licitación de 180 ecotomografías abdominales. Para ello, dispusieron $4,5 millones. ¿La condición? Las bases indicaban expresamente que la firma que se adjudicara el concurso público debía contar con un radiólogo en su equipo.
Hasta ahí todo bien. El operativo se lo llevó el Centro Ecotomográfico Apoquindo, sociedad de la doctora Ester Pizarro Medina y que durante los meses posteriores efectivamente trasladó el ecotomógrafo móvil desde Las Condes a Los Álamos para concretar la toma de exámenes.
Las sospechas
Sin embargo, lo escueto del contenido y la similitudes entre los informes de exámenes realizados a distintos pacientes, levantaron las primeras sospechas entre los médicos del sistema municipal de salud de Los Álamos.
Su inquietud tenía asidero. Un par de llamados y consultas por Internet permitieron comprobar que el radiólogo que figuraba validando los documentos estaba muerto. Así las cosas, enterado de la situación en julio de 2021 el director de Salud Municipal, Jorge Hollander, instruyó la realización de un sumario administrativo.
En paralelo, el equipo jurídico edilicio aconsejó la presentación de una querella criminal ante la justicia penal.
Dicho documento, tenido a la vista por BBCL Investiga, señala que “existía una gran similitud en cuanto a diagnósticos, y evaluación, por lo cual se procedió a realizar una investigación contactando al colegio de radiólogos, quienes informaron que la doctora Pizarro no tenía la calidad de radióloga y que el doctor Cintolesis había fallecido”.
Tras indagar la situación, el municipio llegó a la conclusión que “al momento de participar en la licitación los querellados sabían del fallecimiento del doctor Cintolesi”. Apuntaron que, a pesar de esto, “lo incluyeron en su equipo de trabajo, y no sólo ello, sino que en cada uno de los exámenes aparece firmando”, según reza el escrito ingresado ante el Juzgado de Garantía de Lebu en julio de 2017.
La Unidad de Investigación de BioBioChile accedió a informes que efectivamente contaban con la rúbrica del facultativo pese a estar muerto. Según indicó una fuente municipal los exámenes debieron ser repetidos al dudar de su validez.
La doctora se defiende
La acción penal va dirigida en contra del contador del centro ecotomográfico, Maximiliano José Aliaga Pizarro, el médico Ernesto Nachar Ruiz y la doctora Ester Pizarro Medina. Esta última, es quien practicó y firmó los exámenes, junto al profesional fallecido.
Se trata de una profesional reconocida en el ámbito. Desde 2007, según averiguó BBCL, viene prestando servicios a entidades públicas, contando a su haber con más de 200 adjudicaciones a través del Centro Ecotomográfico Apoquindo a lo largo y ancho de todo el país.
Consultada por la situación la doctora se defiende. Asegura que la inclusión del doctor Cintolesi en el equipo con el que se ganó la licitación y posteriormente al pie de cada examen (con firma y timbre) obedeció a un “error administrativo”, descartando la comisión de un delito.
“Se subieron unos papeles de alguien que no estaba y de verdad que fue un error administrativo… no hay intencionalidad ni ganancia de beneficios. Nosotros hemos trabajado hace 18 años sacando entre 6 mil y 8 mil personas al año”, remarca la imagenóloga de basta experiencia.
Además, asegura que como centro ecotomográfico han “hecho un bien yendo hasta los lugares más recónditos y en las condiciones más recónditas… y eso nadie da las gracias. Solamente en una situación con un error administrativo, hacen un escándalo de ese tipo… lo encuentro malicioso”.
Desde el Ministerio Público, en tanto, indicaron que la investigación a cargo de la fiscal Karina Bucarey se encuentra encaminada a la etapa de adoptar decisiones procesales
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