Conservadurismo: el factor que ha entrampado las leyes para sancionar la violencia hacia la mujer

La legislación chilena ha recorrido un amplio y complejo camino para erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Tras décadas de lucha, la reciente promulgación de la ley Gabriela -joven asesinada junto a su madre por un expololo- viene a subsanar las deficiencias de la ley de Femicidios que sólo contemplaba a quienes son o habían sido maridos o convivientes.

Desde la post dictadura que movimientos feministas venían impulsando una legislación para sancionar y erradicar el femicidio, entendido como la violencia extrema por razones de género.

En el marco de la cumbre de Beijing para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Chile comenzó el trabajo legislativo para abordar la violencia.

“En ese contexto, cuando por ejemplo existía la violación marital sin sanción y se otorgaban penas mayores a las mujeres que cometían delito de adulterio, es que se propone la idea de legislar sobre la violencia doméstica, pero fue acotada. La iniciativa era novedosa pero terminó siendo restringida por los parlamentarios, los que priorizaron como bien jurídico protegido la integridad de la familia por sobre los derechos de las mujeres”, explicó Silvana del Valle, abogada e integrante de la Red chilena contra la violencia de las mujeres.

A su juicio, la idea de avanzar no respondía a las demandas de las mujeres, sino más bien “para evitar ser calificado como un país subdesarrollado, por eso, sólo apuntaron a cubrir estándares básicos y así no distanciarse de las medidas adoptadas por países vecinos”.

El intento por cumplir con las normas internacionales estuvo marcada por la postura de los sectores conservadores que creían que la visibilización de estos hechos representaban un quiebre en la estructura del concepto de familia.

Así ocurrió en 1994 cuando se promulgó la ley 19.325 que establecía “normas sobre el procedimiento y sanciones relativas a los actos de violencia intrafamiliar” y que apuntaba a la reconciliación y reparación de los vínculos familiares, descartando las sanciones a cambio de las conciliaciones.

Lo anterior cambió relativamente con el surgimiento de los Tribunales de Familia (2005) donde se eliminó la conciliación a cambio de implementar la suspensión condicional. Medida que hasta el día de hoy representa un alto riesgo para las víctimas.

Ese mismo año, la ley 20.066 establece el delito de maltrato habitual y se incluye a la respuesta estatal el Ministerio Público, encargado de dar curso a las investigaciones.

Pese a esos avances, la ley de violencia intrafamiliar consagró la discriminación a las víctimas al dejar fuera las relaciones fuera del espacio doméstico, situación que se mantuvo inalterable con la promulgación de la ley de femicidio.

“Nuevamente todo giró en torno a la protección de la familia y se agudizó la negativa de los parlamentarios y la elite de incluir a las niñas y las relaciones de pololeo”, agregó al abogada del Valle.

Esa distorsión del concepto de femicidio, explicó, se refleja en las diferentes cifras que reportan cada año la Red de violencia hacia las mujeres en contraste a las oficiales del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, llegando incluso a doblarlas.

Eso debería cambiar con la reciente promulgación de la ley Gabriela, que permitió que el delito de femicidios se acoja a su real definición y no a una interpretación del término.

“Ahora tenemos una nueva ley que define el femicidio tal a como lo hacen las organizaciones feministas, aunque se haga una diferencia entre el femicidio íntimo y el simple”.

En concreto, el primero mantiene las relaciones formales, pero incluye a las relaciones de pololeo y noviazgo; mientras que el segundo incorpora las razones de género, incluyendo agravantes cuando se trata de embarazadas, menores de edad o en situación de discapacidad. La normativa establece penas que van desde el presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, es decir de 15 años y un día a 40 años.

Las falencias fueron detectadas

En 2017 el Gobierno de Michelle Bachelet presentó un proyecto sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, elaborado en conjunto con organizaciones civiles e instituciones públicas para abordar las deficiencias de las leyes para resguardar a las mujeres.

A través de una mesa intersectorial, dependiente del Plan Nacional de Violencia, se analizó y diagnosticó la ley 20.066 corroborando su principal falla: no reconocer los hechos acontecidos en espacios públicos y fuera del contexto de pareja.

Pero no era sólo eso, también se puso foco en las deficiencias en el acceso a la justicias de las víctimas, se establecieron responsabilidades en materia de educación y salud, además de establecer el fortalecimiento de las condenas y ampliar la mirada de la violencia, incluyendo la física, psicológica, sexual, económica, simbólica, institucional, política, laboral y la indirecta.

“Lo que tenemos son fallas estructurales de las políticas públicas y una incapacidad para dar una respuesta articulada a las víctimas que contemple lo legislativo y lo estatal”, especificó Vesna Madariaga, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género e integrante de la Coordinadora 8 de Marzo.

Silvana del Valle, en tanto, considera que el problema surge por “incomprensiones y porque no es abordado de manera estructural. Aún no se entiende que se trata de algo cultural, social y arraigado a una estructura patriarcal que no valora la vida de las mujeres y niñas con la misma complejidad con la que se hace en relación a los hombres y niños”.

“Entonces qué tenemos, un sector minoritario que toma las decisiones y que impulsan leyes que reaccionan a acontecimientos, pero que no generan condiciones para asegurar el derecho a la mujer de vivir libre de violencia”, profundizó.

Carolina Jiménez Álvarez, co-directora del Equipo jurídico de Observatorio Contra el Acoso Callejero (OCAC), estimó que hace falta una ley integral con todos los tipos de violencia contra la mujer, en vez de sacar e impulsar iniciativas parceladas. También urge abordar la temática además de las sanciones a través de la prevención y educación”.

El temor: principal efecto cuando el sistema no funciona

La incapacidad del sistema para entregar una respuesta rápida y concreta, sumado a la desconfianza a las instituciones han contribuido a que muchas no realicen las denuncias.

“Hoy nos encontramos con situaciones muy graves, como por ejemplo, en los casos de femicidio aproximadamente el 50% tenían una o más denuncias, de las cuales el 25% contaba con medidas cautelares como la prohibición de acercamiento y muchas de las causas quedan archivadas”, aseguró Vesna Madariaga.

En el caso de las que se atreven, muchas quedan con mayor riesgo debido a la carencia de garantías de protección y la inexistencia de una respuesta programática.

La red de protección es insuficiente para la cantidad de demanda, estimó la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Minmujeryeg, dando como ejemplo que sólo existen tres centros para víctimas de abuso sexual (Metropolitana, Valparaíso y Bío Bío).

La infraestructura no es el único factor, según Silvana del Valle, la Red Chilena Contra la Violencia Hacia la Mujer “ha recibido denuncias donde las policías desviaron las características de la agresión o simplemente no se las tomaron”.

La mala calidad de las investigaciones es otro de los elementos que entorpecen y dificultan que las sanciones se ajusten a la gravedad de los hechos. “Nos buscan madres y hermanas de mujeres asesinadas que pese a tener un sospechoso, nunca los llaman a declarar ni los incluyen en las carpetas”.

Misma situación experimentan en el OCAC, de acuerdo a lo relatado por Carolina Jiménez: “Los relatos de las víctimas son cuestionados por las policías, muchos no toman las denuncias sino que sólo las constancias y cuando les toca enfrentar un juicio deben hacer frente a la falta de empatía. El proceso es complejo por eso requieren de acompañamiento”.

Todas concuerdan en la urgencia de hacer un cambio en los procesos de formación y educación de los órganos del Estado para abordar los casos. Materia en la que se avanzó en la mesa intersectorial y que está incluida en el proyecto de ley integral presentado en 2017.

“Cuenta con un programa de formación sobre violencia de género donde se capacitaron a más de mil funcionarios, pero aún resta la formación especializada en el área judicial y policial“, dijo Vesna Madariaga.

El rol del Estado

“Falta un enfoque en la responsabilidad del Estado en la debida diligencia en la protección de las mujeres, pese a que se ha comprometido a eso con los diferentes organismos internacionales”, dijo la representante de los trabajadores del ministerio de la Mujer.

Además, aseguró que ven retroceso en las políticas públicas en materias de violencia hacia las mujeres, porque se trata de políticas del Estado no del gobierno.

“En la administración anterior se creció en un 36% el presupuesto en violencia, duplicó las casas de acogida, creó nuevos centros de la mujer, creó un nuevo programa de prevención, pero actualmente no se ha aumentado en infraestructura, no se registran avances significativos, vemos una postura discursiva de erradicar la violencia, pero nada concreto”.

Es más, acusa que las prioridades del Ministerio de la Mujer están enfocadas en rol de las mujeres en las Pymes y las emprendedoras, más que en tratar una materia que es de vida o muerte.

Desde la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres también se suman a las críticas a cómo el Gobierno ha abordado el tema. “Tenemos un Presidente que cada cierto tiempo da declaraciones que van en la línea de responsabilizar a las víctimas. En último episodio fueron las declaraciones más que desafortunadas en la promulgación de la ley Gabriela”.

Algo similar concuerdan respecto a la figura de la ministra Isabel Plá, a la que acusan de guardar silencio ante las violaciones a los derechos humanos y a las mujeres durante el estallido social.

“No entender que la violencia tiene su origen en algo profundo, en las designaciones de poder entre hombre y mujeres dentro de un sistema patriarcal, torna fácil operar bajo prejuicios y tenemos casos donde se responsabiliza a las mujeres por el hecho, tal como lo hizo recientemente el Presidente(…) tenemos un Estado cojo que no ha puesto entre sus prioridades la vida de las mujeres sobre la mesa”, cuestionó Vesna Maradiaga.

Educación: una solución desde sus raíces

La co-directora del Equipo jurídico de OCAC insistió en que la “principal forma para erradicar la violencia es a través de la educación no sexista y con perspectiva de género desde la primera infancia”.

Igual opinión tiene la abogada Silvana del Valle: “La educación es lo primero, los medios de comunicación, todos los actores del Estado. Niños que reciban una educación libre de estereotipos y en base a la igualdad podrán ser el soporte de sus madres, hermanas y vecinas”.