El gobierno se ha defendido de las críticas de la oposición luego de la puesta en marcha de la nueva ley que permite realizar controles a inmigrantes irregulares a 10 kilómetros de la frontera.
Desde la UDI y Amarillos dicen que la medida no es suficiente y hacen un llamado a retomar el dialogo con Bolivia para tramitar las expulsiones y reconducciones.
El pasado 17 de enero fue despachada esta ley que amplía la cobertura para fiscalizar los ingresos clandestinos principalmente en la zona norte del país.
Sin embargo, algunas voces señalan que esta medida debe ampliarse, el diputado Renzo Trisotti (UDI), dijo que los controles deben realizarse también en la carreteras y emplazó al ejecutivo a reactivar las reconducciones y expulsiones con Bolivia: “Lamentablemente el gobierno no ha dado señales claras de implementación. cuando ve el número de personas que siguen ingresando y el bajo número de expulsados, uno cuestiona cuál es el verdadero espíritu del gobierno”.
Desde Amarillos, el diputado Andrés Jouannet propone crear una policía militar fronteriza: “Es una situación parche, no resuelve el tema de fondo. Más que poner militares con fusil, tenemos que tener control de nuestras fronteras que hoy no existe”.
Desde el gobierno, se defienden de las críticas, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, apuntó a tener conversaciones diplomáticas con el país vecino: “Bolivia no permite la reconducción de ciudadanos venezolanos, es una materia que solo se puede resolver por la vía diplomática”.
Al respecto, Tomás Mosciatti comentó que “si se pilla a un extranjero, Bolivia no lo acepta, ¿de qué sirve la ley? Acá comienza un proceso administrativo. Pero yo tengo la impresión que las leyes pueden quedar sin aplicarse cuando no hay recursos, decisión… al final se transforman en letra muerta.
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