El Gobierno espera entregar 86 mil viviendas este año, como parte del Plan de Emergencia Habitacional, aunque reconoció dificultades en el catastro de casas definitivas, luego de los incendios forestales que afectaron -y siguen impactando- al sur del país.
Mientras el oficialismo cuestionó a los privados por sobreprecios en las viviendas, la oposición apuntó a la baja entrega en 2022 y a problemas para implementar la Ley de Garantías Estatales.
Han pasado 7 meses desde que el Gobierno presentó su Plan de Emergencia Habitacional, que busca enfrentar el déficit de 641 mil viviendas, concentrado en la Región Metropolitana, con casi la mitad, en Concepción y Valparaíso.
Sumado a esto, el Ejecutivo debe lidiar con los procesos de reconstrucción del incendio en Viña del Mar y la emergencia que sigue en desarrollo en la zona centro y sur del país.
En este escenario, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, anunció en una sesión especial del Senado, que buscan llegar a las 86 mil viviendas entregadas en 2023, apuntando al objetivo de 240 mil al término del mandato.
Montes debió enfrentar varias críticas. Una de ellas, la reducción de un 46% en la construcción de viviendas sociales el 2022, para lo que tuvo una respuesta directa: Lo entregado el año pasado corresponde a la ejecución del último año de gobierno de Sebastián Piñera.
Al último el secretario de Estado se refirió a otro de los grandes cuestionamientos a la gestión de su ministerio: El pasado miércoles 1 de marzo se promulgó la Ley de Garantías Estatales, que despachó el Congreso en enero pasado.
El problema es que aún no puede entrar en vigencia, porque están confeccionándose dos reglamentos, además de la mencionada licitación de bancos. Este panorama retrasa los tiempos de espera para, en el peor de los casos, 24 mil personas.
El presidente de la comisión del Vivienda del Senado, el UDI David Sandoval, explicó el efecto que esto tiene en la postulación a créditos hipotecarios, para personas que esperan contar con un aval del 10 por ciento por parte del Estado.
El Gobierno ha sido claro en señalar que el Ministerio de Vivienda no es el encargado de la reconstrucción. En todo caso, la misión es clara y se necesitan más de dos mil viviendas de emergencia y el comienzo del trabajo para establecer casas definitivas.
La subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, dijo en sala que se han propuesto que este mes inicie la construcción de viviendas definitivas en Viña del Mar, aunque reconoció dificultades en las gestiones iniciales para comenzar ese camino en el sur, ya que algunos incendios aún en desarrollo dificultan el catastro del Gobierno.
El senador independiente, Matías Walker, valoró el trabajo que se ha hecho hasta ahora en cuanto a viviendas de emergencia, destacando que podrían haber hasta dos para familias numerosas. Sin embargo, pidió evitar lo que ha ocurrido en el pasado: que en la práctica, éstas terminan siendo permanentes.
Otra problemática es el clima del mundo privado. Montes destacó que en el último año sólo dos empresas del rubro han quebrado, pero lo cierto es que la inflación ha aumentado el costo de los materiales de construcción y eso ha elevado los cobros de empresas privadas que trabajan en levantar estas viviendas.
El senador socialista de la comisión de Vivienda, Fidel Espinoza, lo calificó directamente como ‘un sobreprecio’, que las empresas deben detener.
A la fecha hay 39 mil viviendas terminadas, 136 mil en ejecución, 52 mil aprobadas con financiamiento para iniciar obras, y 14 mil unidades en etapa de proyecto.
El desafío habitacional también contempla consolidar un banco de suelo público. Montes informó que de las 1.211 hectáreas a gestionar por el plan, ya se adquirieron, traspasaron o habilitaron 765 hectáreas en 2022.