Los parlamentarios que integran la Mesa Nacional de Seguridad hablan de la próxima semana o hasta la quincena de enero, como plazos para llegar a un acuerdo legislativo y administrativo.
Concretar urgencias en el Congreso y cambios reglamentarios desde La Moneda, son la condicionante para que la oposición apoye las conclusiones, entrando a su sexta semana de trabajo.
Esta semana debía ser la definitiva, para que la Mesa por un Acuerdo Transversal en Seguridad definiera sus conclusiones y su hoja de ruta, pero entre parlamentarios de diverso color político no hay optimismo, y se habla hasta de cerrar el proceso en la primera quincena de enero.
El Ejecutivo ya ingresó proyectos: Iniciativas que crean el delito de extorsión y el de conspiración para cometer homicidio por premio o ánimo de lucro, y además, iniciativas que gravan la pena de los delitos de secuestro y porte de armas en lugares altamente concurridos.
El diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, dice que el compromiso de trabajar cambios o el nuevo ingreso de una Ley Antiterrorista está entre los principales temas pendientes y dice que de no ser ésta, la próxima debe cerrarse el acuerdo.
La oposición pide concreción de temas administrativos de corto plazo para concurrir con su firma al término del trabajo de esta mesa. La ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió que el ejecutivo presentará proyectos ‘por fuera de la mesa’ y dijo que el ‘acuerdo político’ no podía esperarse.
El diputado UDI, Henry Leal, habla por ejemplo, de cambiar el reglamento de uso de fuerza para el despliegue policial y militar.
En el Partido Comunista han pedido que haya más recelo con comentar los contenidos del acuerdo antes de tiempo, para evitar poner en peligro una agenda común en seguridad que pueda avanzar rápido el 2023.
La diputada PC, Alejandra Placencia, prioriza los grandes temas: Ley de Inteligencia, la creación del ministerio de seguridad y el proceso para reformar las policías.
El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, dice que aún no hay ‘avances concretos’ en la instancia, que se conformó el pasado 21 de noviembre en La Moneda.
Ossandón planteó sus puntos: Fiscalías y jueces con foco terrorista y respaldo tecnológico a las policías, asegurando que el camino del Congreso por sí solo no resuelve la crisis.
Son cerca de 40 mil millones de pesos los ya destinados a la Política Nacional contra el Crimen Organizado, buscando fortalecer el trabajo de 7 instituciones entre las que destacan el Servicio de Impuestos Internos, Aduanas, PDI, Carabineros y Gendarmería.
Aún no ingresan las indicaciones al proyecto de inteligencia y en enero la oposición espera un avance real para el despliegue militar en control fronterizo. Otra línea pendiente es despachar en el Congreso y ejecutar desde La Moneda, un sistema más eficiente para las expulsiones administrativas de migrantes irregulares.