Esta madrugada la Comisión Mixta de Presupuesto logró despachar el informe final del erario fiscal 2023, añadiendo indicaciones para expulsiones de migrantes y un programa de víctimas del denominado ‘Estallido Social’.
El Gobierno logró recuperar solo una parte de los dineros perdidos para la Secretaría General de Gobierno y se comprometió a una mesa de trabajo para evaluar el sistema de gratuidad universitaria.
Hoy es el día 60 de negociaciones para la Ley de Presupuesto 2023, y será su día final: Luego de cinco horas de tratativas, la Comisión Mixta despachó el último informe que será votado por ambas cámaras esta jornada.
La Cámara envió el erario fiscal a mixta por dos temas: El primero, prohíbe a personas sancionadas por la Ley Aula Segura optar a la gratuidad, y por otro lado, la reducción de dineros para la SEGEGOB, ministerio liderado por Camila Vallejo.
Esos dos puntos se convirtieron en cinco: Se subieron de 815 millones a 1.200 millones el tope de gasto para expulsiones de migrantes; mil millones para el Servicio Local de Educación de la Araucanía; un programa de 1.100 millones para las Pymes víctimas de la violencia del llamado Estallido Social.
Quizás donde hay más contraste es en SEGEGOB: El gobierno estaba perdiendo 2.600 millones en este ministerio, y logró reducir esa pérdida a 1.600 millones. El ejecutivo pidió que se desechara una glosa que lo obligaba a publicar a más tardar en 15 días, los resultados de los estudios de opinión de la SEGPRES.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel valoró lo aprobado y la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, algo menos conforme, dijo que estas conversaciones nunca son fáciles, pero se consiguieron varios objetivos.
La oposición sacó cuentas alegres. No solo pudieron conseguir una demanda regional en una zona con alta representación de ese sector, si no que incorporar un programa de ‘víctimas’ mobiliarias del estallido y convencer al gobierno de instalar una mesa de trabajo para evaluar la gratuidad usando como contraste la Ley Aula Segura.
El Presidente de la Comisión Mixta y articulador central de este trámite, el UDI Juan Antonio Coloma, destacó que temas como la migración ilegal y la percepción del sector sobre las víctimas del estallido, tuvieran dineros concretos.
Al comenzar el lunes la oposición se reunió para discutir por dónde podían seguir haciéndose cambios al Presupuesto y llegó a tener más de 50 solicitudes de votación separada: Finalmente, su esfuerzo se concentró en desfinanciar al INDH, reincorporar las pensiones de gracia y reducir dineros del Plan Buen Vivir, entre otros temas.
La Cámara mantuvo los dineros para el INDH ratificando la decisión del Senado la semana pasada, y una de las primeras en reaccionar a la noticia fue la propia directora del organismo, Consuelo Contreras, quien dijo que a su juicio, las críticas a la institución vienen de la desinformación.
Los diputados de RN, Andrés Longton, y de Republicanos, Agustín Romero, fueron quienes pidieron la mayoría de las votaciones separadas sin mucha suerte.
Sin embargo, Romero hizo el punto de que se logró instalar un cuestionamiento a la cantidad de recursos que entrega el Estado al INDH y en general, a lo que según él constituyen cajas pagadores de favores y amiguismo con los recursos del Estado.
Finalmente fueron aprobadas las 32 partidas del primer Presupuesto de Gabriel Boric, distribuyendo alrededor de 87 mil millones de dólares con un endeudamiento a corto plazo de 15 mil. La propuesta mantiene un 4,4 por ciento de incremento en seguridad y una serie de compromisos para el 2023.
Uno de ellos, por ejemplo, es continuar buscando el alza del per cápita de atención primaria en salud por vía del debate del reajuste del sector público, o el avance de una política nacional contra el terrorismo.
La mayoría del trabajo ya está hecho y todos debieron ceder. La Cámara baja en la mañana y el Senado en la tarde, despacharán el primer presupuesto del gobierno de Gabriel Boric.