Esta semana va a ser clave para la llegada del nuevo Gobierno que ya, en forma oficial, comienza el traspaso de mando con las reuniones bilaterales que, por ejemplo, ya confirmó que va a tener el ministro de Hacienda saliente, Rodrigo Cerda con su sucesor, Mario Marcel.
Esta conversación es relevante dado el escenario de “ajuste” que se proyecta para este año, tanto en actividad económica, en materia inflacionaria y en torno a las cuentas fiscales.
En ese sentido, según la visión de los expertos, la conversación tiene que girar en torno al escenario base que está recibiendo la administración entrante, y cómo darle una continuidad o gradualidad.
Un punto central va a ser la meta de convergencia fiscal que se autoimponga el próximo gobierno, con lo que será necesario revisar las holguras fiscales, según detalla Francisco Castañeda, economista y director de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor.
Buena parte de este traspaso se va a basar en las últimas cifras oficiales, de cierre del año pasado que entregó el Ministerio de Hacienda en el último Informe de Finanzas Públicas.
El Gobierno ha dicho que los ingresos del año pasado superaron las expectativas, y la administración entrante va a contar con holguras fiscales por 30 mil millones de dólares, por sobre los 7 mil 500 millones que se estaban proyectando.
En ese escenario se habla de que la economía chilena podría crecer entre un 2,5 y 4,5%, algo que no está asegurado y según Felipe Berger, académico UDD, debe ser también un tema prioritario.
Concuerda con ese aspecto Héctor Sandoval, uno de los directivos del gremio Conapyme.
Por su parte, Tomás Flores de Libertad y Desarrollo apunta a que también debe haber un esfuerzo por transparencia y revisar cuánto margen de acción tiene el gobierno entrante.
Este escenario de holguras para el periodo entre 2023 y 2026 depende de un supuesto central sobre el cual todavía no hay una definición. ¿Cuál será la meta de convergencia fiscal del próximo Gobierno?
El último IFP del 2021 dice que el déficit estructural del sector público va a terminar en un 2,8% del PIB durante 2022, que solo reduciéndose en un punto por año podría llevar la deuda del sector público (36%) hasta 35,2%. Si no se mantiene, podría elevarse hasta 45%.