Exministros de la Corte Suprema respaldaron al Máximo Tribunal, luego de las críticas que recibió por manifestar su preocupación a la Convención Constitucional.
Los firmantes de la carta en apoyo, replicaron que la independencia es parte de una garantía indispensable, tras la aprobación -en Comisión- de una norma que limita la duración del cargo de magistrados.
La defensa de los exministros de la Corte Suprema se dio tras las críticas que recibió el Máximo Tribunal, por manifestar su preocupación a la Convención Constitucional.
¿La razón? una norma aprobada por la comisión de justicia del organismo, que busca limitar la duración de los cargos de magistrados, quienes actualmente pueden ejercer hasta los 75 años.
“Si en la sociedad democráticamente organizada se concibe al Poder Judicial como una institución esencial e irrenunciable para el debido amparo (…) la inamovilidad y, por tanto, la independencia de los jueces, resultan ineludibles para el cabal reconocimiento y debida protección de los derechos humanos” se lee en la declaración, que también fue firmada por Rubén Ballesteros, ex presidente de la Corte Suprema.
Este pronunciamiento tampoco fue bien visto por algunos sectores de la Convención, los que reprocharon que “una vez más”, se involucren de manera “indebida” en su rol.
El convencional de la Coordinadora Plurinacional Manuel Woldarsky, señaló que no se aceptarán presiones indebidas. Más temprano habló la coordinadora de la comisión de Justicia Vanessa Hoppe.
Ésta, reconoció que quizás la norma no alcance los 2/3 en el pleno, aunque sostuvo que el organismo tiene el derecho de discutir libremente.
La ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco explicó a los micrófonos de Biobío La Radio, la preocupación del máximo tribunal, señalando que en ningún caso se ha querido ejercer presiones, o algo parecido.
La mesa de la Convención evitó polemizar. La presidenta del organismo María Elisa Quinteros señaló que todas las opiniones, e insumos, son válidos.
Ayer, se presentó una norma constitucional, que fue calificada por algunos convencionales de derecha como una provocación al poder Judicial.
Chile Digno, propuso la creación de una Comisión, compuesta por 11 miembros designados por el Presidente de la República, que por única vez y 30 días después de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, evalúe los fallos de los jueces.
Si éstos no se apegaron a materia de DDHH, enfoque de género o respeto a los PPOO, tendrán que cesar del cargo.
Ruth Hurtado, del PR, señaló que esta norma nuevamente busca atentar contra la independencia del Poder Judicial.