A partir de las 4 de la tarde, la sala de la Cámara de Diputados votará el informe financiero de la Pensión Garantizada Universal, incluyendo la creación de un nuevo impuesto a los altos patrimonios.
Una oposición fortalecida por las conclusiones del Consejo Fiscal Autónomo, llamó al Ejecutivo a abrirse a un aumento de la recaudación permanente de la iniciativa.
En el oficialismo reconocen que se debe resolver el cuestionamiento de la entidad, pero recuerdan que solo involucra un 10% del financiamiento.
Esta tarde la Cámara de Diputados cierra un debate casi sin puntos de encuentro. De aprobarse el informe financiero de la Pensión Garantizada Universal, llegará al Senado con un impuesto a los súper ricos que el gobierno rechaza, y con un financiamiento que no convence a la oposición.
Parlamentarios de Apruebo Dignidad, respaldados por economistas de su sector, mantiene una premisa simple: Actualmente, solo un tercio de los recursos están asegurados de manera permanente.
Explorando ese argumento, nos encontramos con que la mitad del presupuesto forma parte de la glosa presupuestaria 2022, y del programa financiero que afirma esos recursos hasta el 2026.
En un momento de tensión política, la visión del Consejo Fiscal Autónomo hace las veces de arbitro: En sus conclusiones, recomendó al ejecutivo pensar en nuevas formas de financiamiento, y dijo que solventar la PGU con recursos que pueden variar según el empleo, la macro-economía y la cantidad de pensionados, no es la mejor idea.
Esto fortaleció la postura de la izquierda y la centro izquierda. El diputado del Partido Socialista, integrante de la Comisión de Hacienda, Manuel Monsalves, dice que el gobierno se quedó solo, y que deben abrirse a los cambios.
Monsalve le pide a Sebastián Piñera que cierre su período con dignidad.
En todo caso, el informe del CFA está abierto a interpretación. En el oficialismo, reaccionaron diciendo que no había mucha novedad en el análisis, aunque sí reconocen que el 0,1% del PIB que depende del Fondo de Pensiones, debe ser cambiado por otra fórmula. Esto a partir de una observación clave del ente técnico.
El diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, reconoce esto, pero elige concentrarse en que la mayoría del plan está financiado, y que no se debe retrasar el proyecto.
Para esta tarde, hay muchos escenarios. Podría existir una solicitud para que no se vote todavía, o quizás otra para que el llamado “impuesto a los súper ricos”, sorpresivamente aprobado en la Comisión de Hacienda, sea declarado inadmisible.
Lo que parece improbable es que se rechace. De esto también depende el diálogo que ya intensificó el gobierno en el Senado, y el acuerdo de bloque en la oposición que permita resolver las dudas en la Cámara alta.
La diputada y senadora electa de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, asegura que los votos están, siempre y cuando se aseguren recursos.
Fuentes de gobierno reconocieron que tienen sus sospechas. La impresión instalada en el bloque oficialista y en el ejecutivo, es que quienes lideren el país desde el 11 de marzo, buscan abultar las holguras y by-passear una suerte de reforma tributaria dentro del proyecto de pensiones.
Sobre la razón de fondo que solventa esto hay más de una teoría: Hay quienes dicen que es porque saben que no podrán hacer una reforma de pensiones el primer año, y otros que quieren frenar este proyecto para ser ellos quienes terminen de tramitarlo.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, valorado por los parlamentarios por su capacidad de diálogo, tiene por estos días su última prueba al mando de la cartera.
Cerda reconoce que el diálogo es el único camino, para evitar llegar al Tribunal Constitucional.
Es posible que cierre un capítulo de este trámite, para desde la próxima semana avanzar el trabajo en paralelo de la PGU y el informe financiero en el Senado.
De eso dependerá el pronunciamiento de la Sala, a una propuesta que se debate entre ser insuficiente, o ser inconstitucional.