Tomamos contacto con el abogado Alberto Precht para conversar respecto al caso del contrato entre la Seremi de Viviendas de la región de Antofagasta y la fundación Democracia Viva.
Complejo escenario que derivará en la eventual salida de la diputada Catalina Pérez de la vicepresidencia de la Cámara de Diputados y que ante la revelación de nuevos antecedentes podría seguir sumando mayores implicancias tanto para ella como su coalición Revolución Democrática.
Revisa la entrevista completa junto a Mauricio Barrientos en el Podría ser otra cosa.
“Por algo hay investigaciones del Ministerio Público que incluso son peores que las anteriores. Pasan cosas curiosas, tiene mucha aristas y cómo es posible que se cree una fundación sin experiencia en campamentos, redes de agua, electrificación y que se adjudique fondos en esa materia”, planteó.
Y agregó: “Esa organización hubiese competido de igual a igual con empresas que hagan estos servicios Que se le entregue a una sin ningún tipo de trayectoria y que tienen una clara inclinación política obviamente habla de lo que se denomina corrupción, del abuso de una autoridad en la entrega de recursos a sus conocidos y cercanos”.
Además enfatizó en que desde el Ejecutivo deben implementar nuevas medidas para organizaciones del mundo civil para que así sea un proceso transparente para la ciudadanía. “Las obligaciones de rendición de cuenta son tan simples como entregar un balance y un informa al Ministerio de Justicia”.
“Efectivamente todo o casi todo debiese pasar por la ley de compras públicas, estas no son funciones que las podía realizar Democracia Viva u otras organizaciones si no que lo pudo haber hecho otro tipo de privados o una empresa”.
E insistió: “Hubiera habido una licitación donde hubiéramos visto las bases, una competencia y acá lo que tenemos son asignaciones directas a los más cercanos, además manchan en el camino a organizaciones civiles. Habla de una inmoralidad en el actuar que también debe ser reprochada”.