Todo comenzó con un asalto en un edificio de Las Condes. Tres comerciantes chinos fueron atacados en los estacionamientos del lugar, donde llevaban dos cajas con 125 millones de pesos en efectivo. La escena recordó otros casos similares y reabrió una pregunta que inquieta: ¿por qué hay personas que aún mueven sumas millonarias fuera del sistema bancario? La libre circulación de bienes tiene límites, y uno de ellos es la trazabilidad del dinero.

La sospecha de que parte de estas operaciones escapa al control tributario abre otra discusión. ¿Se pagaron impuestos? ¿Se fiscaliza el origen de esos fondos? En un país donde la informalidad avanza, la frontera entre el comercio irregular y el lavado de activos puede borrarse con facilidad. Todo lo delictual debe ser perseguido, porque la falta de transparencia, aunque parezca menor, termina abriendo espacios para delitos mayores.

Esa misma lógica de la trampa y la impunidad se repite en otros ámbitos. Un reportaje reveló graves irregularidades en la justicia arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM): jueces que no declararon vínculos con abogados que debían evaluar y fallos anulados por parcialidad. No siempre hay dinero de por medio, pero sí una cultura que normaliza el silencio, la conveniencia y el beneficio propio por sobre la ética profesional.

El problema, advierten, no es un caso aislado. Se trata de una forma de operar que atraviesa instituciones, empresas y organismos públicos. Desde quienes callan para favorecer a un conocido hasta quienes lucran con el sistema. Una cultura del “pillo”, instalada en todos los niveles, donde el daño no siempre se mide en millones, sino en la pérdida de confianza.

Esa misma distorsión se ve en el sistema de salud. Según la Superintendencia, el 80% de las personas que viajaron al extranjero estando con licencia médica pertenece a FONASA. Mientras algunos disfrutan de vacaciones con dinero público, otros recorren el país buscando medicamentos oncológicos o esperando una cirugía postergada por falta de recursos. En un contexto de hospitales con insumos escasos y pabellones que podrían cerrar, defraudar al sistema no es solo un abuso: es un acto criminal.