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El debate en torno al llamado "criterio Tohá" se ha encendido, donde se plantea que cualquier autoridad formalizada por un ilícito debe renunciar, como en el caso del General Director de Carabineros de Chile, Ricardo Yáñez, quien enfrentará una audiencia por omisión en apremios ilegítimos. Se discute que esta regla podría evitar que figuras públicas se distraigan en su defensa en vez de dedicarse a la gestión, como en el caso de Yáñez, cuya renuncia podría afectar el futuro de la institución. Sin embargo, surge la pregunta de si este criterio aplicaría para todos, considerando que hay políticos formalizados que siguen en sus cargos, planteando un posible doble estándar en la aplicación de esta medida.
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Durante el último tiempo, se ha encendido el debate en torno al llamado “criterio Tohá”, que apunta a que cualquier autoridad que sea formalizada por un ilícito debe dar un paso al costado.
Esta discusión surge en relación a lo que sucede con el General Director de Carabineros de Chile, Ricardo Yáñez, quien termina su mandato en noviembre, pero acudirá en las próximas jornadas a su audiencia de formalización por el delito de omisión en apremios ilegítimos.
Este “criterio” tiene un punto y razón que lo sustenta. Lo que podría estar en juego en este tipo de situaciones es el tiempo que la figura pública le dedicaría a defenderse, lo cual tiene como costo de oportunidad el dejar de gestionar y tomar decisiones claves para una institución.
Dicho esto, sucede que en este caso, del General depende el porvenir de la institución y no puede “distraerse” en un momento en que hay mucho trabajo por hacer.
Por otra parte, algunos han argumentado que el “dar vuelta” esta determinación y mantener al Director de la policía uniformada también podría dar una señal en un momento en que la crisis de seguridad se ha convertido en uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía.
¿Corre para todos?
¿Esto va a correr para todos o solo para algunos? Resulta que existen muchas personas, algunas del mundo político, que han sido formalizadas y que se mantienen en sus cargos. Esto representa un doble estándar. ¿Con un alcalde pasaría lo mismo?
Asimismo, uno podría preguntarse lo siguiente: ¿Qué va a pasar con el jefe del segundo piso, la mano derecha del Presidente, si la decisión es que llegase a comparecer en calidad de imputado? ¿Se mantendría el mismo criterio?
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