Derecho a réplica ministro Domingo Hernández

Ref.: Rectificación y respuesta.

Sr. Tomás Mosciatti:
El 27.07.2019, en su programa en Radio Bío-Bío, bajo el título “El Tribunal Constitucional y su fauna”, Ud. formuló una crítica a los Ministros del Tribunal, comenzando por quien suscribe.
Solicito a Ud. dar lectura a la siguiente aclaración (Ley N° 19.733):
Sobre menciones a mi familia:
Efectivamente mi hermano Eduardo, fallecido el 5 de febrero de 2016, se desempeñó por cuatros años como mi conductor institucional. El cargo en cuestión es de exclusiva confianza de los ministros – al igual que otros miembros de su equipo – por tanto, no concursable.

El nombramiento fue cursado por el Presidente de la Magistratura y convalidado por el Pleno de la época, en razón de no existir ninguna incompatibilidad de parentesco en la ley.

Se trata de uno de los cargos de menor remuneración en la Planta de la institución y fue servido con seriedad y sin ningún privilegio respecto de los demás conductores.

Todos estos antecedentes son fácilmente verificables.

Mi hija no ha desempeñado nunca función alguna remunerada para el Tribunal. Hace ya más de tres años, en su calidad de profesora de Pilates, fue contratada particularmente por una ex – Ministra y una ex – Relatora de esta entidad, para la realización de clases de su especialidad, una vez por semana, en horario de almuerzo y fuera de la actividad jurisdiccional por 2 meses.

El coro “El Cantar de Las Condes”, integrado por damas de la tercera edad y del cual forma parte mi cónyuge, amenizó la fiesta anual de Navidad del TC en el 2018.

Son 30 damas, patrocinadas por la Municipalidad de Las Condes, sin subsidio de la corporación. La cifra de $ 80.000, pagada al colectivo en su conjunto se utilizó para pagar parte del transporte del coro.

Tiempo de redacción en sentencia: efectivamente, en el rol N° 3498-2017, me atrasé en la entrega del fallo, hasta el 1° de marzo del año en curso. El resto de la demora es imputable a la disidencia. No es algo habitual en mi labor como ministro.

Hay por cierto otros casos de demora superiores, que no se mencionan.

Inconsecuencia política: durante aproximadamente dos años, me desempeñé a honorarios para la Secretaría de Legislación de la Junta de Gobierno. Nunca fui funcionario de planta o a contrata ni con obligación horaria.

La única razón de mi contratación fue por mi experticia en Derecho Administrativo, como profesor de la disciplina, que impartía en la Escuela de Derecho de la U. de Chile, en esos años.

Me tocó informar proyectos como la LOC 18.575, el Código Aeronáutico, la Ley de Navegación Marítima, etc. La mayoría de los asesores compartíamos la condición de docentes de la mencionada Escuela de Derecho, única razón por la que fuimos convocados.

No he pertenecido jamás a ningún partido político, si bien tengo simpatías políticas, como cualquier persona medianamente culta. Mis votos en los fallos que he redactado o suscrito no tienen sesgo ideológico, sino técnico, lo que es fácilmente comprobable.

Sus fuentes e informantes, Sr. Mosciatti, no han sido mínimamente rigurosos. Es lamentable, porque es demasiado fácil jugar con las honras ajenas con verdades a medias o con manifiestas omisiones.

Se habla de la trayectoria de otros colegas, pero no de la mía: soy profesor universitario ininterrumpidamente por más de 50 años; Doctor en Derecho Sobresaliente cum laude por la Universidad Complutense de Madrid; he sido Decano de tres Facultades de Derecho, soy Presidente del Instituto Chileno de Derecho Administrativo y accedí a mi cargo actual por concurso público de antecedentes, designado por la Corte Suprema.

Quizás la opinión pública merece ser informada también de estas circunstancias, para que juzguen a sus autoridades con mayor conocimiento y equilibrio.