Hoy es un día fúnebre para ese país grandote, rico y hermoso que es Brasil.

No importó mucho finalmente si la Cámara de Diputados aprobaba o rechazaba el juicio de destitución de la presidenta Dilma Rousseff, elegida hace un par de años con más de 51 millones de votos.

Ni siquiera importa el hecho de que se la quiera destituir sin que haya perpetrado crimen alguno. De hecho, no existe ni siquiera una denuncia o una investigación en contra de ella. En este instante, en Brasil, la inocencia de Rousseff no importa nada. Y que la inocencia de la presidente no importe nada, eso es lo que hace de este día una fecha fúnebre.

El viernes, al reunirse con Rousseff, el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, siendo él mismo un hombre de centro-derecha, destacó el hecho de que muchos de los diputados que encabezan la demanda de “impeachment” o destitución de la presidenta, están ellos mismos sometidos a acusaciones, investigaciones y juicios criminales.

Es decir, que individuos que están bajo sospechas judiciales, sean los que tienen el privilegio de decidir sobre el futuro de una gobernante sobre la cual no recae crimen alguno.

“Estamos ante una situación contraria a lo que es normal para el resto del mundo”, dijo Almagro, quien agregó que “creemos que es desde el punto de vista de la decencia y la probidad, que alguien puede juzgar la indecencia y lo criminal. Pero no lo contrario”.

Y fue tajante al concluir que “nos preocupan los niveles de acusaciones, investigaciones y denuncias criminales que recaen sobre miembros de este Parlamento, incluso sobre su propio presidenta”.

Con esto, el secretario general de la OEA se refería al caso del presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, convicto en Suiza de recibir sobornos y mantener cuentas secretas, mintiendo, bajo juramento, ante la justicia suiza y ante la justicia brasilera.

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