Sin realizar anuncios concretos sobre las nuevas medidas que se adoptarán en la región de La Araucanía, el Gobierno trabaja en torno a los últimos ataques que se han generado en la zona tras la detención de 11 sospechosos de haber participado en el crimen de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay en enero de 2013.

En uno de los tres ataques ocurridos en las últimas horas resultó destruida una capilla católica en un sector rural de la comuna de Padre Las Casas.

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Sobre estos ataques, el ministro del Interior, Jorge Burgos, subrayó que corresponden a episodios de carácter delictual y que el Ejecutivo trabaja para evitarlos.

“En la lucha contra la delincuencia, sobre todo cuando tiene niveles de organización, hay triunfos de la Fiscalía, de las policías, y también hay derrotas momentáneas“, señaló el secretario de Estado.

De todos modos, afirmó que se trabaja “con las armas del Estado de derecho” para evitar que estos casos queden impunes, sin desestimar que viaje nuevamente a La Araucanía.

“No van a quedar impunes estos crímenes, como no han quedado otros crímenes muy importantes. No nos van a hacer claudicar, no tengan ninguna duda en eso”, aseveró.

En tanto el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, evitó precisar cuáles son las medidas que toma el Gobierno ante esta seguidilla de ataques.

Al respecto, dijo que “todas las medidas de seguridad que se adopten, por el carácter y la finalidad de las mismas son decisión del Ejecutivo en coordinación con las policías. Pero son, por cierto, medidas que se aplican, no se están comunicando“.

Asimismo, el vocero de La Moneda evitó rebatir los dichos de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, quien criticó la invocación de la Ley Antiterrorista en estos casos. Esta normativa, a su juicio, tiene “vicios en materia de derechos humanos que no garantizan necesariamente un juicio justo” para los imputados.

Sobre sus palabras, Díaz dijo que respetan el pronunciamiento de la directora del INDH y que corresponde a este organismo “tener una opinión autónoma e independiente respecto del escenario y la situación de los derechos humanos en Chile”.