Esta semana la Corte de Apelaciones de Concepción revisará un recurso del Consejo de Defensa del Estado en contra de una de las pocas demandas acogidas hasta ahora por los tribunales en favor de víctimas del tsunami de 2010. En primera instancia, el Fisco fue condenado a pagar 100 millones de pesos a la familia de un padre y su hija muertos en Dichato.
León Ortiz Novoa y su hija Valeria murieron ahogados por las olas que azotaron y devastaron la localidad costera de la comuna de Tomé, acreditando el Tercer Juzgado Civil penquista la responsabilidad del Estado, luego de que el entonces intendente Jaime Tohá y la Onemi descartaran la amenaza de tsunami.
Por eso, dijo el abogado que representa a la familia sobreviviente, Fernando Saenger Castaños, lo más probable es que en la Corte de Apelaciones se discuta cuál de las autoridades tuvo mayor responsabilidad en las muertes y como consecuencia en el daño moral a sus clientes.
Cualquiera sea el fallo del tribunal de alzada, el abogado Saenger no descartó que en caso de llegar la demanda a la Corte Suprema, pueda influir allí el eventual acuerdo en la arista penal para suspender condicionalmente el procedimiento, aunque recordó la responsabilidad ya acreditada del Centro de Alerta Temprana de la Onemi.
La indemnización de 100 millones de pesos a la familia Ortiz Obregón es una de las pocas otorgadas hasta ahora por la justicia a víctimas del tsunami, señalando el abogado Adolfo Ortega -demandante en otras acciones legales similares- que ha incidido en las sentencias la falta de pruebas para acreditar la falta de servicio del Estado.
Hasta ahora sólo una demanda ha terminado con un fallo condenatorio de la Corte Suprema, que ordenó al Fisco cancelar 55 millones de pesos a la familia de un hombre en Talcahuano que murió en el Hospital Las Higueras producto de las heridas tras ser llevado por las olas.
