Desde que asumió el cargo de fiscal occidente en enero recién pasado, José Pérez Calaf ha llevado conversaciones con los representantes de los imputados en los errores en la alerta de tsunami tras el terremoto del 27 de febrero del 2010.
Son seis los formalizados por cuasidelito de homicidio de 105 personas; tres civiles y tres oficiales dados de baja de la Armada. A los primeros les ofreció suspensión condicional del procedimiento, y a los uniformados, juicio abreviado, donde deben reconocer su responsabilidad.
En esta salida alternativa, el ex subsecretario del interior, Patricio Rosende, la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, y el ex jefe de la central de Alerta Temprana, Johaziel Jamett, deberían pedir perdón, pagar compensaciones económicas y mantener una conducta intachable por un año.
Los tres imputados del SHOA, su ex director, Mariano Rojas, el ex jefe de operaciones Andrés Enríquez y el ex oficial Mario Medina, 41 días de pena remitida y 40 millones de pesos cada uno como indemnización.
Todo lo anterior para evitar un juicio oral, que para el fiscal Pérez Calaf no dejará satisfechos a todos.
El persecutor confirmó que pedir perdón será una condición, pero apuntó a la responsabilidad del Estado en esta tragedia.
Sobre la diferencia en la oferta de salidas alternativas para civiles y marinos, el fiscal explicó que estos últimos tuvieron una responsabilidad técnica mayor.
Según las fuentes consultadas los tres civiles ya aprobaron el acuerdo, aunque insisten en bajar los montos, ya que Rosende debería pagar 80 millones de pesos, Carmen Fernández 40 millones y Jamett 5 millones.
El abogado Luciano Foulliaux, defensor de la ex directora de la Onemi, no quiso hablar de compensaciones económicas y justificó un eventual acuerdo.
Los abogados querellantes, representantes de los familiares de las víctimas, manifestaron su rechazo a este acuerdo y deslizaron la posibilidad de un operación para evitar que la presidenta Michelle Bachelet declare en un eventual juicio oral.
El vocero de gobierno, el ministro Marcelo Díaz, descalificó esta posibilidad.
Todo está en manos de los imputados si aceptan acuerdos. Los marinos tienen plazo hasta el viernes para responder a la propuesta.
Pérez Calaf informará entre lunes o martes a los abogados querellantes y el 14 de marzo, en la audiencia de preparación de juicio oral, notificará a la justicia si hay salidas alternativas.
