Molesto se manifestó el rector de la Universidad de Chile y presidente del Consorcio de Universidades del Estado, Ennio Vivaldi, por la idea del Gobierno de enviar una ley corta para redistribuir los recursos de la gratuidad en educación superior.
El gobierno informó este martes a los senadores de la Nueva Mayoría su decisión de enviar una ley corta para reponer la gratuidad en la educación superior, luego del fallo del Tribunal Constitucional que objetó los criterios de la glosa para que las instituciones, fuera del Consejo de Rectores, pudieran acceder al beneficio y que fue requerido por la oposición.
De esta forma, se establecerá un rango de 4 años de acreditación para todas las universidades, incluidas las del Cruch, quedando fuera la Universidad Tecnológica Metropolitana, la Arturo Prat y la de Los Lagos, todos planteles del Estado que sólo tienen tres años de certificación.
El rector Ennio Vivaldi advirtió que si la iniciativa se mantiene de esta forma, las universidades del Estado se replantearán si adhieren o no a la gratuidad el año 2016. “Se ha jugado con las universidades estatales, no ha habido respaldo alguno por décadas”, aseveró la autoridad académica.
Dijo además que le parece inconcebible que el Estado no pueda financiar a sus propias universidades, privilegiando a planteles privados que no han dado garantías de calidad y del uso de los dineros que ellos reciben.
Para el rector es incomprensible que, a pocos días de que se conozca de manera íntegra el fallo del Tribunal Constitucional y se de certeza a los estudiantes sobre cómo acceder a la educación gratuita, el Gobierno salga con esta nueva propuesta.
Vivaldi no considera válido que se quiera compensar a las tres universidades excluidas por otra vía, distinta a la gratuidad, debido a las presiones políticas que han existido en torno a esta discusión.
El rector de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes, indicó que desde el Ministerio de Educación se le informó que la ley corta es uno de los mecanismos que se estudia para reponer la gratuidad, pero que no es algo que esté definido.
Desde la UDI, su presidente Hernán Larraín aseguró que el gobierno ha recapacitado y se anotó como un triunfo de la derecha los criterios que establecerían la ley corta.
El diputado gremialista Jaime Bellolio, en tanto, confirmó luego de reunirse con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que el lunes ingresaría a la sala el proyecto de la ley corta para la gratuidad.
La situación mantiene molestos a muchos en la Nueva Mayoría, entre ellos a los diputados comunistas quienes aseguran no han sido informados de nada, lamentando que el Gobierno negocie con la oposición.
Además el presidente del PPD, Jaime Quintana, aseguró que con este mecanismo se está “blanqueando” a la derecha.
Privadas beneficiadas
La fórmula planteada por el Ejecutivo también permite el ingreso de instituciones que han estado cuestionadas por lucro, tema que preocupa en algunos sectores de la Nueva Mayoría.
En efecto, de no aplicarse otro requisito más que los años de acreditación, también serán parte de la gratuidad el 2016 planteles como la Universidad Andrés Bello y Viña del Mar, ambas del grupo Laureate y cuestionadas por lucro, al igual que la San Sebastián. Se suman además, la Universidad Adventista, Autónoma, Diego Portales, Silva Henríquez, Alberto Hurtado, Finis Terrae, Mayor, del Desarrollo, Los Andes y Adolfo Ibáñez.
