1.100 millones de pesos por parte de la Secretaría General de Gobierno y 1.247 millones en la Segpres, son los montos incluidos en la partida presupuestaria del 2016 que están destinados a contratar estudios con asesores externos, para guiar el proceso de reforma a la Constitución.
El diputado de la DC, Gabriel Silber, criticó la iniciativa, ya que a su juicio esta no es la manera de iniciar un proceso constituyente democrático y participativo, en donde sean los ciudadanos y no los grandes estudios de abogados quienes guíen el cambio a la Constitución.
Desde el Cónclave social por una nueva constitución, su vocero Genaro Cuadros, aseguró que aún se desconoce el detalle del destino de estos recursos, en donde se espera que el proceso constituyente sea transparente, tanto en su financiamiento como en su discusión.
Sumado a estos cuestionamientos, en la oposición criticaron el aumento presupuestario en la Segpres y la Segegob, en donde el presidente de la UDI, Hernán Larraín, aseguró que esto refleja una “enorme improvisación” que quiere decir que aún no existe claridad en el proyecto de reforma a la constitución, y que recién buscan recursos para presentar alguna idea al respecto.
