Una corte de Oklahoma suspendió el viernes en forma indefinida las próximas ejecuciones de tres hombres mientras se investigan problemas con el protocolo de aplicación de la inyección letal.

La decisión tuvo lugar dos días después que la gobernadora de Oklahoma, Mary Fallin, suspendiera a último minuto la ejecución del condenado a muerte Richard Glossip, argumentando que persisten dudas sobre uno de los productos utilizados en la inyección.

El estado pidió la suspensión indefinida de las ejecuciones luego que funcionarios de la prisión recibieron acetato de potasio en vez de cloruro de potasio, según los informes de la corte.

“El estado afirma que es necesario un periodo de tiempo indefinido para evaluar los acontecimientos que ocurrieron el 30 de septiembre de 2015 con la compra (…) de una droga contraria al protocolo”, señaló la decisión judicial.

Se otorgaron también aplazamientos a Benjamin Robert Cole, que debía ser ejecutado el miércoles, y John Marion Grant, cuya ejecución estaba fijada para el 28 de octubre.

Oklahoma estuvo en el centro de todas las miradas el año pasado luego que Clayton Lockett, condenado a muerte por asesinato, violación y secuestro, agonizara por 43 minutos antes de morir y se le pudiera ver retorciéndose de dolor durante su prolongada ejecución.

Glossip fue uno de los condenados que cuestionaron ante la Suprema Corte la legalidad de una droga diferente usada en la inyección letal de ese estado, y que perdieron el caso.

En una decisión de abril de 2008, la Corte Suprema confirmó la constitucionalidad del uso de la inyección letal.

Pero desde entonces el rechazo de los fabricantes -principalmente europeos- a suministrar las drogas requeridas para ejecutar presos condujo a estados como Oklahoma a buscar alternativas, incluido el midazolam, cuya efectividad es cuestionada porque no impediría que los condenados experimenten un dolor atroz durante las ejecuciones.

Estados Unidos es el único país occidental que mantiene la pena de muerte y sólo este año ha ejecutado a 22 personas.