Fue en el sitio online “El Mostrador” que se publicó una denuncia en contra del fiscal regional Sur, Raúl Guzmán, respecto a una presunta intervención en la rebaja de cautelares de un detective de la PDI imputado de torturas contra otro formalizado.
Ante estas acusaciones fue el propio fiscal nacional Sabas Chahuán, quien se encuentra en Castro en el Consejo General del Ministerio Público, que tras enterarse de la información indicó que pedirá un informe al jefe regional Sur para que se transparente la situación.
La denuncia apunta a una presunta mediación en favor del funcionario de la PDI de la comuna de San Ramón, Daniel Miranda, investigado por apremios ilegítimos contra un detenido por amenazas en contexto de violencia intrafamiliar en enero del 2012.
Ante el medio de comunicación La Estrella de Chiloé, la máxima autoridad del Ministerio Público confirmó la solicitud de un informe al persecutor del caso de los bombazos en Santiago.
Recordemos que la otra semana, específicamente el 2 de octubre, se realizarán las exposiciones de los 11 candidatos que buscan reemplazar a Chahuán ante los ministros del Máximo Tribunal para la elección.
De los candidatos, el pleno de la Corte Suprema enviará una quina a la Presidenta Michelle Bachelet, quien será la encargada de elegir a un fiscal, el cual será ratificado posteriormente por el Senado.
Debido a que la denuncia se da en este marco, surgieron las suspicacias al interior del ente persecutor.
Por lo menos así ocurrió con el presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, quien dijo que había que abordar el tema con prudencia, por el contexto en que se da la acusación, ya que puede interferir en la elección del próximo jefe nacional.
La Fiscalía Sur emitió una carta para rectificar al medio de la denuncia, señalando que la información publicada por El Mostrador no se encuentra “ajustada a la realidad”, sustentada con “supuestas fuentes no verificables”.
Asimismo señala que tanto la entidad como el persecutor jefe laboran “su labor en el marco de las facultades que la ley les confieren y con apego al mérito de los elementos de juicio recopilados”.
Junto a ello, calificaron como “inaceptable” la atribución de “actuaciones irregulares destinadas a obstaculizar una investigación” y aseguraron que es un “imperativo” el sometimiento de estas circunstancias “al control de ética periodística de la instancia que corresponda”.
