La Segunda Sala de la Corte Suprema rechazó en fallo unánime los recursos de casación presentados por las defensas de siete ex ejecutivos ejecutivos de Inverlink y Corfo por delitos financieros que originaron millonarias pérdidas a la Corporación de Fomento a la Producción.
El hecho corresponde a una de las aristas del caso que estalló en 2003, luego que el presidente del Banco Central de ese entonces, Carlos Massad, diera cuenta de la filtración de información privilegiada al citado holding, lo que gatilló la serie de indagatorias.
En la investigación se acreditó que Javier Moya, quien se desempeñaba como funcionario de Corfo y a quien se le ratificó la condena de 800 días de presidio, sustraía documentos de depósitos a plazo almacenados en las bodegas de la entidad estatal y posteriormente los remitía a Inverlink.
Esos mismos documentos eran utilizados por el holding como garantía para demostrar solvencia y solicitar nuevos préstamos.
Además de Moya, también fueron condenados como autores delito previsto en el inciso 2° del artículo 53 de la ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores Eduardo Marcos Dominguín Tapia Donoso, Luis Alberto Hernández Palma, Lawrence Fernando Fletcher Vera, Juan Pablo Prieto Viviani, Gino Andrés Tirapegui Palomino y Frank Williams Leigthon Castellón, quienes recibieron una pena de 541 días de presidio, consigna el portal del Poder Judicial.
Del mismo modo los condenados deberán pagar $26.462.295.646 por el daño emergente provocado, acogiendo de esta manera la demanda civil presentada por Corfo. En el pago de este monto también deberá participar BBVA Corredora de Bolsa Limitada, por su responsabilidad derivada de la conducta de sus funcionarios Juan Pablo Prieto Viviani y Frank Williams Leighton Castellón.
