Tras conocerse que el conscripto Fernando Guzmán rompió el pacto de silencio en torno al Caso Quemados y que de su testimonio derivaran órdenes de detención en contra de 7 militares, agrupaciones de derechos humanos en Valparaíso insistieron en la necesidad de garantizar la entrega de información en torno a estos casos y concordaron en que esto se puede hacer modificando la actual Constitución.
A juicio de Ricardo Tobar, de la Agrupación Marinos Antigolpistas, la carta fundamental de 1980 ampara y ha permitido perpetuar los pactos de silencio acordados al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden, de lo que dice haber sido testigo mientras formaba parta de la Marina.
Tobar señaló que la Constitución está hecha por unos pocos: los poderosos, entre quienes califican las Fuerzas Armadas.
Javier Rodríguez, de la Agrupación Amigos del Sacerdote Miguel Woodward, compartió los dichos del representante de Marinos Antigolpistas.
La Constitución actual hace borrón y cuenta nueva en torno a los casos de Derechos Humanos, dijo Rodríguez.
Agregó que en el caso de la investigación de Miguel Woodward si bien se conoce cerca del 90 % de lo sucedido, aún permanecen nebulosas respecto, como quién se hizo cargo finalmente del cuerpo del sacerdote.
Desde ambas agrupaciones de Derechos Humanos reiteraron la necesidad de contar con las bitácoras de los procedimientos llevados a cabo por las Fuerzas Armadas en dictadura.
En estos documentos, coincidieron ambos representantes, hay nombres cuyos testimonios podrían ser gravitantes en las investigaciones que sigue la justicia, como lo sucedido en el Caso Quemados.
