Pedro Barusco, uno de los directivos de Petrobras acusados del fraude en Petrobras que sacude a Brasil, ratificó el martes ante el Congreso que el gobernante Partido de los Trabajadores recibía sobornos multimillonarios.

El relato del ex gerente de instalaciones de la estatal, que llegó a ser sinónimo de futuro en Brasil, mostró por primera vez en carne viva y por TV detalles de la trama que desató una investigación de 12 senadores y 22 diputados para determinar si participaron en una red que giró 4.000 millones de dólares en la última década, según la policía.

Los señalamientos de Barusco condujeron a la detención transitoria del actual tesorero del PT, Joao Vacari, a quien acusó de recibir hasta 200 millones de dólares para una caja cuyo “rótulo era PT”. Vacari sigue en la mira de la procuradoría.

“A mí me cabía una cantidad y al PT otra. Puede ser 150-200 millones de dólares. No sé cómo Vacari lo recibió, si fue donación oficial, no lo sé. Existía una reserva de propina para el PT. Si él lo recibió o la forma en que lo recibió no lo sé”, afirmó bajo juramento.

“Siempre combinábamos ese tipo de asunto con Joao Vacari. Ahora, eso lo gerenciaba él”, añadió en otro pasaje de su declaración en la primera jornada de trabajo de una comisión de diputados que investiga en paralelo a la justicia el desfalco en la mayor empresa de Brasil.

Este ingeniero naval que ingresó a Petrobras en 1979 y está devolviendo al erario público unos 97 millones de dólares que fugó a Suiza, dijo que la corrupción se sistematizó en 2004, un año después de la llegada al poder del PT. Ahí los sobornos pasaron a formar parte de los contratos, afirmó, pero dijo desconocer si había comenzado antes.

“A partir del 2003-2004 hubo una fase en donde esa propina estaba institucionalizada. Yo sé eso, no sé más nada. No sé quién ganó y quién no ganó”, dijo.

Muchos de los diputados que lo interpelaron apuntaron sus dardos al gobierno y a la financiación del partido oficialista.

El submundo de delitos que se enquistó en Petrobras asoció a algunas de las mayores empresas del país, que daban dinero ilegal a directivos de la petrolera y a operadores políticos a cambio de dejarlas digitar las licitaciones y cobrar sobreprecios en las obras, para luego lavar los millonarios excedentes, mayormente en el extranjero.