La Fiscalía Nacional Económica habría iniciado una nueva investigación por posible colusión de las farmacias, luego de recibir una serie de denuncias.

Agrupaciones de consumidores concordaron en que este mercado necesita una vigilancia permanente y que una tarea pendiente del Gobierno y el poder Legislativo es establecer penas más severas.

No es posible acoger a investigación su denuncia, debido a que sus antecedentes serán acumulados a una indagatoria actualmente en curso.

Esta fue, según consignó el diario El Pulso, la respuesta que entregó la Fiscalía Nacional Económica a una persona que acusó la eventual existencia de un cartel en la industria de las farmacias.

La respuesta oficial de la Fiscalía es que las indagatorias son reservadas. Sin embargo, el inicio de una nueva investigación por presunta colusión en el mercado de las farmacias es una idea que se ha instalado con fuerza en las agrupaciones de consumidores.

El presidente de la Conadecus, Hernán Calderón, sostuvo que los aumentos de precios en la industria es habitual y que, debido a la falta de competencia, se requiere de un monitoreo permanente.

En tanto, el presidente de la agrupación de consumidores Bankus, Tomás Fabres, aseguró que es positivo que la Fiscalía investigue todos los mercados, especialmente aquellos donde existe experiencia de colusión, aludiendo al cartel conformado por las tres principales cadenas, entre 2008 y 2009.

Por ese delito, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sancionó a Salcobrand y Cruz Verde al pago de cerca de 20 millones de dólares en multas, por subir coordinadamente más de 200 medicamentos. Farmacias Ahumada pagó sólo un millón de dólares, por delatar el cartel.

Tomás Fabres expresó que la reincidencia, en caso de comprobarse un nuevo caso de colusión, debe ser sancionada con mayor rigurosidad, no descartando la disolución de la empresa infractora.

El abogado querellante en la caso de colusión de las farmacias, Jaime Mulet, demandó cambios normativos para sancionar con penas de cárcel a quienes impulsen y fomenten la colusión, atentando contra la libre competencia.

El Gobierno se comprometió a enviar, durante el primer semestre de este año, un proyecto de ley para fortalecer a la Fiscalía Nacional Económica e incrementar las multas. También podría incluir la restitución de penas de cárcel, algo que fue derogado durante el gobierno de Ricardo Lagos.