Los regalos del Tío

Agencia UNO (c)
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La buena suerte de los consumidores como indicador de que nos han visto las vergüenzas.

Fernando Balcells

Que los consumidores estamos desprotegidos es algo que se hace notar en estos días, no en los abusos sino en los obsequios de la protección estatal. Algunos éxitos, si no somos perezosos, son más reveladores de problemas que los abusos.Estamos hablando de dos magníficos logros de la autoridad. Por una parte, el anuncio de que las tarifas del gas licuado van a bajar un 15% y, por otro, que las cuentas de agua potable en la Región Metropolitana y la Araucanía se van a mantener sin alzas por los próximos cinco años. Estas son buenas noticias para los consumidores y un llamado de atención para los ciudadanos.

¿Cómo se obtuvieron esos éxitos increíbles? En el caso del agua, el resultado fue la culminación de un largo y complejo proceso de fijación tarifaria en el que negocian las empresas y la Superintendencia del ramo. Al final de la contabilización, a la vuelta de un año,se vuelve a los deseos iniciales de uno y otro respaldados en la pura fuerza bruta de los negociadores. En ese momento se hacen aparecer los conejos, las amenazas, los cuchillos y los pequeños y los grandes chantajes que son desplegados sobre la mesa.

Un procedimiento supuestamente objetivo y técnico se resuelve en secreto y sobre la base de presiones y transacciones inconfesables. En el caso del gas hubo escándalo público –por la inmensidad abusiva de sus ganancias- para apoyar lo que se puede adivinar que fue una dura negociación en el closet. En los servicios sanitarios, todo sucedió en la discreción del procedimiento y el resultado se puede atribuir a una fuerte recuperación de la convicción ciudadana de la autoridad.

Aclaremos. El problema no es que se negocie sino que se oculte información relevante al público. No somos principistas de la publicidad. Entendemos la necesidad de discreción en las negociaciones. Pero discreción no es lo mismo que oscuridad y secreto. La pregunta que estamos obligados a hacernos hoy ¿Si nos regalan 15 es porque antes nos robaron, cuánto? Sabemos que las utilidades de Metrogás se multiplicaron ocho veces en cinco años. Sin aumentar el número de clientes ni el valor agregado de su producto. No importa cómo se calculen y se escondan las utilidades; esto es muchas veces superior al 11% de tope legal de la utilidad de esa empresa. La progresión de las ganancias de Metrogás es de alrededor de 60% anual. Una rebaja de 15% representa una cuarta parte de la utilidad de un año; una vigésima parte de las utilidades excesivas de la empresa.

La buena nueva no hace más que acentuar la arbitrariedad y el desamparo al que están sometidos los consumidores en este juego que los supera, los excluye y los avasalla. El papel que se asigna a los usuarios y consumidores en este ajuste de cuentas reza en el siguiente discurso institucional: ”ustedes tienen que confiar en la autoridad”.

La invocación de la confianza parece ser mágica. Se llama a la confianza como a ‘la última palabra’. Si se la pide, obliga al que escucha y exime de mayores pruebas al que propone. Se confunde con la buena fe y, en nuestra cultura valórica –no en la de negocios-,se basta a sí misma. Sin embargo, por la misma razón que los contratos deben ser firmados por los contratantes –sin afectar la confianza oel ánimo societario-, la apelación a la confianza está fuera de lugar en este tipo de problemas. La petición de fe, tácita o explícita, ha servido para eludir procedimientos verificables por la gente. En el caso de los contratos entre privados y en las políticas públicas, lo que se necesita es lo mismo:transparencia en la información, compromisos respaldados legalmente y procedimientos abiertos y capaces de sostenerse ante la curiosidad de los interesados. Y mucho mejor; procedimientos que incorporen a las organizaciones ciudadanas y de consumidores en la fiscalización y el control de las empresas de servicios básicos.

Lo que la autoridad no entiende es que no podemos agradecer los resultados de esta política.Ante la arbitrariedad que nos favorece puntualmente, no podemos evitar preguntarnos por las veces en que se nos ha desfavorecido sin medida y por la probabilidad de que eso siga ocurriendo en el futuro.Así como se nos impone una buena noticia, de manera desprevenida y sin que hayamos podido enterarnos de sus motivos, de la misma manera, nos ha ocurrido tener que soportar años de alzas incomprensibles, insuficientemente justificadas y tramitadas en secreto.

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La buena suerte de los consumidores como indicador de que nos han visto las vergüenzas.

Fernando Balcells

Que los consumidores estamos desprotegidos es algo que se hace notar en estos días, no en los abusos sino en los obsequios de la protección estatal. Algunos éxitos, si no somos perezosos, son más reveladores de problemas que los abusos.Estamos hablando de dos magníficos logros de la autoridad. Por una parte, el anuncio de que las tarifas del gas licuado van a bajar un 15% y, por otro, que las cuentas de agua potable en la Región Metropolitana y la Araucanía se van a mantener sin alzas por los próximos cinco años. Estas son buenas noticias para los consumidores y un llamado de atención para los ciudadanos.

¿Cómo se obtuvieron esos éxitos increíbles? En el caso del agua, el resultado fue la culminación de un largo y complejo proceso de fijación tarifaria en el que negocian las empresas y la Superintendencia del ramo. Al final de la contabilización, a la vuelta de un año,se vuelve a los deseos iniciales de uno y otro respaldados en la pura fuerza bruta de los negociadores. En ese momento se hacen aparecer los conejos, las amenazas, los cuchillos y los pequeños y los grandes chantajes que son desplegados sobre la mesa.

Un procedimiento supuestamente objetivo y técnico se resuelve en secreto y sobre la base de presiones y transacciones inconfesables. En el caso del gas hubo escándalo público –por la inmensidad abusiva de sus ganancias- para apoyar lo que se puede adivinar que fue una dura negociación en el closet. En los servicios sanitarios, todo sucedió en la discreción del procedimiento y el resultado se puede atribuir a una fuerte recuperación de la convicción ciudadana de la autoridad.

Aclaremos. El problema no es que se negocie sino que se oculte información relevante al público. No somos principistas de la publicidad. Entendemos la necesidad de discreción en las negociaciones. Pero discreción no es lo mismo que oscuridad y secreto. La pregunta que estamos obligados a hacernos hoy ¿Si nos regalan 15 es porque antes nos robaron, cuánto? Sabemos que las utilidades de Metrogás se multiplicaron ocho veces en cinco años. Sin aumentar el número de clientes ni el valor agregado de su producto. No importa cómo se calculen y se escondan las utilidades; esto es muchas veces superior al 11% de tope legal de la utilidad de esa empresa. La progresión de las ganancias de Metrogás es de alrededor de 60% anual. Una rebaja de 15% representa una cuarta parte de la utilidad de un año; una vigésima parte de las utilidades excesivas de la empresa.

La buena nueva no hace más que acentuar la arbitrariedad y el desamparo al que están sometidos los consumidores en este juego que los supera, los excluye y los avasalla. El papel que se asigna a los usuarios y consumidores en este ajuste de cuentas reza en el siguiente discurso institucional: ”ustedes tienen que confiar en la autoridad”.

La invocación de la confianza parece ser mágica. Se llama a la confianza como a ‘la última palabra’. Si se la pide, obliga al que escucha y exime de mayores pruebas al que propone. Se confunde con la buena fe y, en nuestra cultura valórica –no en la de negocios-,se basta a sí misma. Sin embargo, por la misma razón que los contratos deben ser firmados por los contratantes –sin afectar la confianza oel ánimo societario-, la apelación a la confianza está fuera de lugar en este tipo de problemas. La petición de fe, tácita o explícita, ha servido para eludir procedimientos verificables por la gente. En el caso de los contratos entre privados y en las políticas públicas, lo que se necesita es lo mismo:transparencia en la información, compromisos respaldados legalmente y procedimientos abiertos y capaces de sostenerse ante la curiosidad de los interesados. Y mucho mejor; procedimientos que incorporen a las organizaciones ciudadanas y de consumidores en la fiscalización y el control de las empresas de servicios básicos.

Lo que la autoridad no entiende es que no podemos agradecer los resultados de esta política.Ante la arbitrariedad que nos favorece puntualmente, no podemos evitar preguntarnos por las veces en que se nos ha desfavorecido sin medida y por la probabilidad de que eso siga ocurriendo en el futuro.Así como se nos impone una buena noticia, de manera desprevenida y sin que hayamos podido enterarnos de sus motivos, de la misma manera, nos ha ocurrido tener que soportar años de alzas incomprensibles, insuficientemente justificadas y tramitadas en secreto.