En prisión preventiva quedaron dos ciudadanos colombianos y un chileno imputados de secuestrar a un empresario de la comuna de La Cisterna. La Fiscalía Sur detalló que la víctima debió cancelar 8 millones de pesos por su liberación y que se trataría del primer caso de secuestro extorsivo en el país.
Fue el pasado martes en la noche que Francisco, un empresario de compra y venta de vehículos, salió de su casa en la calle Paulina y fue repentinamente abordado por al menos tres personas que entre empujones, golpes y amenazas, ingresaron a la víctima a un automóvil y desaparecieron del lugar.
La pareja del secuestrado alcanzó a ver el incidente y solicitar ayuda a la PDI que desarrolló un operativo de rescate a través de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales.
Los autores del secuestro se contactaron con la familia del empresario para exigirle el pago de 100 millones de pesos, cifra que con el correr de las horas descendió a los 8 millones.
El intercambio se pactó y un tío de la víctima entregó el dinero a un motociclista en el centro de Santiago. Horas después, el secuestrado fue abandonado en el cementerio Metropolitano de Lo Espejo.
La PDI identificó el número de una placa patente que fue proporcionada por un testigo, antecedente que ratificó el empresario y que resultó ser un vehículo de propiedad de Adel Santis Álvarez. El subprefecto, Luis Silva, agregó que dentro del vehículo se encontraron evidencias concretas para la investigación.
Según la policía, el propio Adel Santis devolvió un millón de pesos y acusó a los ciudadanos colombianos Simeón Camacho y Cristian Lobatón como sus cómplices.
El fiscal, Renzo Rezeto, detalló que este puede ser considerado el primer caso de secuestro extorsivo porque no existen vínculos con el narcotráfico y la víctima fue sometido a duras horas de cautiverio.
Se determinó que en las horas que permaneció secuestrado, el empresario fue trasladado por la zona sur a bordo de un vehículo y en todo momento era amenazado con la exhibición de fotografías de los integrantes de su familia.
Los imputados quedaron en prisión preventiva durante los 90 días de plazo de investigación donde podrían arriesgar una pena de entre 5 y 15 años de presidio.
