Las repercusiones continúan luego del frustrado traslado de Luciano Contreras, condenado por tráfico de drogas, al recinto penal de La Serena. Tras las acusaciones de los funcionarios de Gendarmería que aseguraban presiones políticas, el Ministerio Público se hizo parte del caso, iniciando la recopilación de antecedentes por los delitos de usurpación de nombre -pues se habría usado el nombre del gobernador- y tráfico de influencias.
Así lo aseguró el fiscal jefe de Ovalle, Gianni Stagno, quien explicó que “tras recopilar los antecedentes desde los medios de prensa, tomamos conocimiento de este hecho y se decidió iniciar por parte del Ministerio Público una investigación de oficio, en busca de los antecedentes que nos demuestren si hay o no delito en el caso, específicamente estamos indagando un tráfico de influencia y una posible usurpación de nombre”.
“Se decretaron diligencias, como declaraciones de testigos con el fin de recabar antecedentes por parte de Gendarmería”, dijo Stagno, por lo que varios gendarmes están llamados a prestar declaración.
En relación a llamar a otras personas relacionadas y que trabajan para la gobernación, el persecutor indicó que “por el momento no han sido llamados, pero no se descarta que lo hagamos más adelante”.
Cabe recordar, que hace una semana Gendarmería ordenó el traslado de 15 presos desde el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Ovalle hasta el penal de Huachalalume. Por motivos que se desconocen, al llegar a La Serena un llamado obligó a que Luciano Contreras fuera devuelto a la capital limarina.
Los funcionarios del penal local aseguraron haber recibido llamados telefónicos solicitando que no se realizara el traspaso de este reo a La Serena, acusando presiones políticas.
Respecto de la situación penal del sujeto, condenado a 10 años tras intentar trasladar a Ovalle cerca de 70 kilos de marihuana y pasta base, el fiscal señaló ignorar si debía o no ser trasladado, pero que se investigaba.
Parte de los peritajes son los llamados telefónicos, “vamos a pedir el tráfico de llamados, la idea es saber quién llamó, de dónde llamó y saber si es que existieron esas llamadas”.
“Lo que hay que verificar es cuál es la disposición de Gendarmería y qué fue lo que se ordenó. Este tema está por verse, la cárcel de Ovalle es un centro de detención preventiva y Huachalalume es un centro de cumplimiento de condena, la política es que los reos condenados debiesen cumplir la condena en La Serena, pero sabemos que hay excepciones”, indicó Stagno.
En relación a las presuntas presiones políticas que señalaron los gendarmes, el fiscal Gianni Stagno aseveró que “hasta el momento no tenemos antecedentes de ningún parlamentario que haya intervenido en el caso, pero eso es materia de investigación”.
